Abel Barrera, director del
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
En memoria de Octaviano Gervacio Benítez
y Eladio Serafín de Jesús “el cuate”,
desaparecidos el 26 de junio de 1974.
50 años de impunidad.
La matanza de Aguas Blancas
sigue viva en la lucha imbatible
del pueblo pobre de Guerrero.
El gobierno de la 4T
no puede ser comparsa de los perpetradores.
El jueves 27 de junio, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala decidieron hacer público su posicionamiento ante la defensa a ultranza del ejército que ha asumido el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. También se solidarizaron con las organizaciones de derechos humanos que desde hace diez años tenemos el honor de acompañarlos y representarlos jurídicamente, ante el golpeteo recurrente del presidente en sus conferencias mañaneras. El diferendo se ha centrado en los 800 folios que desde el 2023 las madres y padres han exigido al presidente para que obligue al ejército a entregarlos.
En la reunión del 3 de junio, que se realizó en palacio nacional, el presidente comentó que entregó toda la documentación relacionada con los folios faltantes, un total de 15. Y, tomando en cuenta los 18 folios que entregó en su momento el entonces subsecretario Alejandro Encinas, incluidos en el addendum de su segundo informe, sumarían 33 folios. Comentó que el resto de los folios, que serían 767, tienen que ver con otros temas y que son ajenos al caso Ayotzinapa.
Esta afirmación proviene del mismo ejército y por esa razón, para las madres y padres, el dicho no les genera confianza, porque es una postura interesada y unilateral de quienes estuvieron involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. ¿Cómo van a confiar en la palabra del ejército, cuando se ha negado a entregar la información y ha ocultado los documentos que tiene con relación a la desaparición de los 43 normalistas? La poca información que se ha obtenido a cuentagotas, ha sido por presión de las madres y padres de familia y por el trabajo profesional y minucioso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tuvo que hurgar en los archivos del ejército y jalar los hilos que, con dificultades, se fueron desenmarañando para que poco a poco saliera información de los 43.
¿Con qué autoridad el ejército dice que los 767 folios están relacionados con otros asuntos? Para las madres y padres hay información que se está ocultando y demandan que los 800 folios se pongan sobre la mesa. Porque en los 18 folios que el subsecretario Encinas entregó hay información relevante que da cuenta de hechos que ocurrieron en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. De igual modo, en los 15 folios que recién entregó el presidente, hay un documento de suma importancia, que el gobierno pretende minimizar. Se hace referencia a que en la colonia Jardines de El Sol de Iguala, habrían sido encontrados 14 cuerpos de jóvenes de Ayotzinapa. También que el ejército interviene unas comunicaciones y escucha cómo unas personas comentan que ya encontraron los cuerpos de los estudiantes en la laguna. Es una información clave, porque tiene que ver con el paradero de los jóvenes. Por esa razón, las madres y padres reiteran su postura de que se entreguen los 767 folios que hacen falta y plantean que sea un ente externo el que pueda revisarlos, ya que no confían en el gobierno ni en el ejército, por toda la manipulación que ha ocurrido en estos años.
Por otra parte, el mismo presidente ha reiterado su postura de que no hay pruebas de que el ejército participó en los hechos de Iguala. Afirma que no existe una sola prueba de la responsabilidad militar. Las madres y padres de los 43 respondieron que eso es falso ya que hay pruebas de la participación militar antes, durante y después de la desaparición de sus hijos. Antes de los hechos del 26, el ejército tenía infiltrados a militares con fachada de estudiantes dentro de la normal de Ayotzinapa. Supieron cómo estaban organizados los jóvenes. Los informes de estos soldados llegaron a los mandos militares y hablaban de la movilización, el número de estudiantes que iban, cómo iban, en qué autobuses se transportaban. El ejército tenía conocimiento de sus movimientos antes de la desaparición de los jóvenes. Sabía lo que estaba pasando. Por eso para las mamás y papás esta postura presidencial, de que no hay pruebas de la participación del ejército, no es veraz ni objetiva.
Cuando los jóvenes llegaron a Iguala, militares pertenecientes a los órganos de búsqueda de información (OBIS) fueron proporcionando datos sobre la salida de los estudiantes de la normal, su arribo a Iguala y hasta que ocurre su desaparición. Al mismo tiempo, dos militares desde el C-4 estuvieron dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real. Hay pruebas sobre esto. Esa misma noche el ejército intervino los teléfonos celulares del grupo delictivo Guerreros Unidos y de la policía municipal de Iguala. Escucharon conversaciones de lo que estaba ocurriendo con los estudiantes y a qué lugar se los estaban llevando. También existen pruebas de un vínculo delictivo que mantenía el 27 batallón de infantería con Guerreros Unidos. Las escuchas de Chicago son fundamentales e ilustran claramente esa relación. Se corroboró que mantenían reuniones frecuentes, que recibían dinero del grupo delictivo y que el 27 batallón les facilitaba el trasiego de la droga. Todo esto está en los expedientes que llegaron de Chicago.
Las madres y padres comentaron que hay un testigo protegido, que declaró en serie ministerial y en serie judicial, que afirma que 25 estudiantes fueron introducidos al 27 batallón de infantería y que ahí fueron asesinados y entregados el grupo delictivo Guerreros Unidos. Ya no se habla de la participación indirecta sino directa del ejército en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, para la fiscalía esta información no es una línea de investigación a tomar en cuenta, más bien se ha dejado de lado lo que declaró el testigo. Las madres y padres no pueden estar tranquilos cuando hay un testigo que dice que 25 de sus hijos fueron llevados al batallón y que ahí fueron asesinados. Es una línea de investigación que las autoridades tienen que priorizar, porque ahí está el testigo. Es descorazonador para las madres y padres escuchar al presidente decir que no hay pruebas de la participación del ejército en la desaparición de sus hijos. Para ellos no puede terminar este gobierno dejando de lado esa información, tiene el deber de indagar y no encerrarse en su círculo de poder para que el ejército no se toque.
Otra preocupación de las madres y padres fue la información que recibieron el 3 de junio, sobre la identificación de algunos restos que se estaba realizando con el método mitocondrial. Con el método mitocondrial se toman muestras solo por la vía materna, a un solo familiar. Lo que refiere el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) es que este método es falible, no es confiable. En el pasado se pretendió identificar con este método a Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, con resultados muy cuestionables que lo único que produjeron fue una revictimización de sus familiares.
Estos trabajos que realiza la fiscalía no son confiables por el método que utilizan y porque no está participando el EAFF, que es el equipo de peritos de entera confianza de las madres y padres. El gobierno no actúa con transparencia al no compartir estos análisis con el EAFF. Por eso fijaron una postura firme: que todos los resultados que arroje este método mitocondrial relacionado con la identificación de algún resto óseo, no serán aceptados, y piden que se tome en cuenta al EAFF, reconocidos en el expediente como sus peritos.
La lucha de las madres y padres es titánica. Ahora tienen que hacer frente al mismo presidente de la república, que se ha colocado del lado del ejército, generando un gran desencanto, porque tenían todas las expectativas puestas en su gobierno. Confiaron en su palabra de que quitaría todos los obstáculos que se presentaran para dar con el paradero de sus 43 hijos. Hoy ven que se aleja esta posibilidad. Notan que su discurso ha cambiado y también el trato que ha tenido con ellos y sus representantes legales. En los padres y madres sobresale la grandeza de su corazón y su gesto solidario. Nos han hecho sentir su aprecio y cariño a las compañeras y compañeros del centro Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro Tlachinollan.
Ellos han escuchado en las mañaneras la postura que ha asumido el presidente contra nosotros. Últimamente nos acusa que asistimos a una reunión con el entonces presidente Peña Nieto y que los padres no tuvieron conocimiento. Ellos aclararon que las dos únicas reuniones que se tuvieron fueron: la primera en los Pinos y la segunda en el Museo de la Tecnología. No hubo más encuentros. Las reuniones se hicieron públicas y en su momento hubo ruedas de prensa para informar los asuntos que se abordaron. Las madres y padres han pedido al presidente que, si tiene pruebas de una reunión que supuestamente se hizo a sus espaldas, que las presente. De lo contrario, el desencanto será mayor. Sumado al intento del gobierno federal de avanzar en una nueva identificación por el método mitocondrial, que es un método falible que no conduce a resultados objetivos.
