Nuestro derecho a ocupar el espacio público

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Ricardo González Bernal

Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19

@R1card0G0nzalez

Nada más poderoso que el despliegue de una multitud que ocupa el espacio público. Más allá de las urnas electorales y los espacios de concertación de lo institucional, las calles y las plazas, trascienden su vocación de escenario para convertirse en escaparate de lo invisible, lo marginal y todo aquello que desaparece con la cercanía al poder. El poderío simbólico de un acto semejante, explica la filosofa Judith Butler, es enorme. Un multitud, compuesta por individuos, crea un espacio para reivindicarlo como público y hacer escuchar su voces.

 

Durante los primeros catorce años de este milenio, hemos visto como la realidad nos ha hecho transitar del concepto de masa, o sea, una entidad inerte, densa y sujeta a la manipulación, al de una multitud activa, pensante y por momentos autónoma. Más allá del debate a nivel intelectual entre la multitud de Spinoza y la masa de Elias Canetti, podemos ver que un haz de poder aún recae en quienes somos gobernados, a pesar de la hegemonía de un modelo de producción rapaz y la propagación de los principios estrictamente democráticos.

 

Las protestas juegan un papel importante en la vida cívica, política, económica, social y cultural de todas las sociedades. Prácticamente todos los avances en el reconocimiento y protección de derechos y libertades se han gestado ahí, en las calles, y no al interior de una oficina de gobierno. El historiador Howard Zinn ha evidenciado cómo las protestas no son una desviación de la democracia sino una parte esencial de ese sistema.

 

Aunque la capacidad de protestar de las personas implica el ejercicio simultaneo de varios derechos, entre ellos el derecho de asociación, reunión pacífica y de expresión, a menudo ese derecho ha intentado ser regulado por gobiernos de todas las latitudes e ideologías, presentando una visión represiva, privilegiando el “orden público”. Este último es un concepto que se mezcla con patrones de exclusión, discriminación y continuación de un determinado orden político y económico.

 

Históricamente, las protestas han inspirado un cambio social positivo y el avance de los derechos humanos, y son cruciales para definir y proteger el espacio cívico en todas partes del mundo. Las protestas fomentan el desarrollo de una ciudadanía comprometida e informada; fortalecen la democracia representativa al permitir la participación directa en los asuntos públicos; habilita a individuos y grupos para expresar disensos y agravios, con la finalidad de compartir puntos de vista y opiniones donde se exponen fallas en la gobernabilidad, que permiten a su vez la exigencia pública para que las autoridades y otras entidades poderosas atiendan problemas y asuman la responsabilidad de sus acciones. Esto es especialmente importante para aquellas personas que ven sus intereses fundamentales, pobremente representados o marginados.

 

En una democracia no debería haber protestas buenas y protestas malas, ya que todas en esencia, son disruptivas y por ende incómodas.

 

Con echar un vistazo a las noticias, nos daremos cuenta que prácticamente ningún país de la región tiene un record impecable en este tema. El gobierno del Presidente Peña Nieto esta manchado por la represión de movimientos sociales, la desaparición forzada de quienes participan en ellos y los numerosos intentos por cuartar el derecho a la protesta so pretexto de mantener el orden público. Estados Unidos ha militarizado sus policías antimotines para contener las protestas en contra de la discriminación racial. El gobierno brasileño ha mantenido una política abiertamente represiva a las protestas en los últimos años también. Venezuela, Honduras y Guatemala tienen el mismo problema.

 

La represión de las protestas en el continente Americano, no distingue signos políticos o ideologías, porque se encuentra enraizado en algo más profundo, la vocación represiva de quienes gobiernan. Lo mismo pasa en el Sudeste Asiático, en donde los gobiernos de Myanmar, Malasia, Camboya, Laos y Vietnam se aferran a políticas represivas bajo el falso argumento de la estabilidad política a rajatabla.

 

Por ello, la semana pasada ARTICLE19 lanzó una serie de principios sobre el derecho a la protesta con la intensión de iniciar de manera urgente un diálogo a nivel internacional y nacional para garantizar este derecho. Estos principios serán traducidos a varios e idiomas (incluyendo el español) para que sirvan como referente a gobiernos, cuerpos policiales y cortes judiciales, y así reviertan las perspectivas represivas que tanto están afectado a muchos países.

 

Entre los elementos que platea el texto de ARTICLE19 se encuentra un listado de libertades que tienen que ser respetadas, por ejemplo, la libertad de escoger las causas y temas que enarbolar, el lugar donde se realizará, así cómo los métodos y formas que serán utilizados. De manera puntual, los principios señalan la obligación de los gobiernos de facilitar el ejercicio de estas libertades.

 

Más allá de los privilegios de clase, género o étnica, es momento de exigir el respeto a no estar de acuerdo, a tomar las calles, a ser escuchados.

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