Por Tinta Incógnita**
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El fallido sistema penitenciario mexicano
El sistema penitenciario mexicano está descompuesto. El enfrentamiento en el penal de Topo Chico, el exterminio de 150 personas en el penal de Piedras Negras y la última fuga de El Chapo, hacen imposible negar la grave situación que se vive en el interior de los penales, y que es en la actualidad una cruda realidad desde hace varios años.
Según señala la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el sistema penitenciario mexicano ha estado históricamente orientado a la “contención”, sin embargo, con el excesivo uso de la pena de encarcelamiento, se ha optado por hacerlo un sistema de sanción y no de readaptación. Esto levanta una interrogante que, a mi parecer, no ha sido propiamente contestada.
¿Cuál tendría que ser la misión del sistema penitenciario mexicano?
Para la SSP la función de la administración penitenciaria es “proteger y servir a la comunidad” mediante el “confinamiento seguro” de los delincuentes y la reinserción social de las personas recluidas, sin embargo, ninguno de estos puntos se ha cumplido en los últimos años.
Según el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), más del 90 por ciento de los penales en México tiene “deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos” y “deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos”, estos datos demuestran que en la práctica, el “confinamiento seguro” no es la constante.
El Diagnóstico Nacional de la CNDH también señala una sobrepoblación de más del 130% y hacinamiento en la mayoría de los penales, insuficiencia de personal en el 90% de los centros penitenciarios así como deficiencias en las instalaciones en el 99% de los casos. Definitivamente los reclusos no están seguros, la prueba más contundente de ello son los 49 muertos y 12 heridos que dejó el enfrentamiento en el penal de Topo Chico.
En cuanto a la reinserción social de los internos, según el mismo informe, más del 60% de los penales tiene “deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad”, y a nivel nacional el rubro “reinserción social del interno” tiene una calificación de apenas 6.3. Además, hay “insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo” en el 70% de los centro penitenciarios.
El verdadero objetivo de un sistema penitenciario debe ser disuadir y mitigar la delincuencia, y sancionar a quienes violan las leyes con la aplicación de penas como la multa y sólo en casos en que sea estrictamente necesario, la reclusión. En estos casos, se debe buscar siempre la reinserción del individuo en la sociedad, evitando las condenas largas, salvo en casos especiales, y haciendo grandes esfuerzos de rehabilitación.
¿Qué hacer con el sistema penitenciario?
Sin duda alguna en necesario recomponer todos estos aspectos de seguridad y calidad carcelaria, así como recuperar el enfoque de reinserción social, pero quizá sea aún más importante reformar este sistema de “justicia” que coloca a tanta gente en prisión. En cuanto a esto tengo algunos señalamientos.
Una causa importante de la peligrosa sobrepoblación que vive el sistema penitenciario mexicano es la llamada prisión provisional o prisión preventiva, una medida cautelar que, al aplicarse, priva de la libertad al imputado o acusado de un delito, y se le recluye en prisión por el tiempo que dure la investigación criminal en su contra y hasta que se resuelva el juicio.
La Constitución Mexicana (Art. 20 B-I) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.11) establecen que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, sin embargo, la prisión preventiva viola este derecho. Se impone la pena de cárcel aún antes de que al acusado se le pruebe alguna culpabilidad, y de resultar inocente no hay forma de reparar el daño.
En México y en muchos otros países se abusa de esta medida lo cual contribuye a la sobresaturación de los sistemas penitenciarios. En nuestro país, el 42% de la población penitenciaria no ha sido condenada,1 esto significa que alrededor de 109 mil personas inocentes -según el Art. 20 constitucional- están privadas de su libertad en condiciones precarias y de hacinamiento.
Además, estas personas están expuestas a un latente riesgo, pues en casi el 90 por ciento de los centros penitenciarios no existe separación entre procesados y sentenciados, tanto en dormitorios como en áreas comunes, según el Diagnóstico Nacional de la CNDH. Esto significa que una persona inocente, acusada injustamente de un crimen, puede estar en el mismo dormitorio que un secuestrador o un violador.
Esta situación también es violatoria de la ley, pues el Artículo 18 constitucional señala: “Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados”, y recomienda que se destinen “centros especiales” para este fin.2 Ya hemos visto que esto no es realmente así.
Un sistema penitenciario plenamente funcional
Holanda tiene una de las tasas de reclusión más bajas del mundo, 69 reclusos por cada 100,000 habitantes, y solamente está ocupado el 85% de la capacidad penitenciaria del país -México tiene una ocupación de 126% y una tasa de reclusión de 212. La situación penitenciaria de Holanda los ha obligado a cerrar múltiples prisiones o incluso alquilarlas a países vecinos, como Bélgica y Noruega, recibiendo hasta 700 reclusos de este último país.
El sistema penitenciario de los Países Bajos, hace hincapié en el uso de la multa con la intención de no abusar del encarcelamiento. Además, insiste en la necesidad de minimizar las penalidades contra el prisionero y acortar la duración de las sentencias, al tiempo que se maximiza el contacto de los prisioneros con la familia y se preservan los lazos con la comunidad.
Con estas políticas de justicia, las tasas de criminalidad en los Países Bajos se han mantenido en continuo descenso. Entre las principales causa del bajo número de delincuentes y presos podemos señalar el importante enfoque en la rehabilitación de los delincuentes, las leyes de drogas progresistas, y también, el hecho de que los condenados están optando por el marcado electrónico en lugar de encarcelamiento.
Políticas de drogas
Otro aspecto importante que provoca la sobresaturación de los sistemas penitenciarios son las inflexibles políticas punitivas contra las drogas. En México cerca del 60% de la población penitenciaria está presa por “delitos contra la salud”, la producción, tenencia o tráfico de narcóticos son los más comunes.
El 40% de los ciudadanos en prisiones federales por delitos contra la salud cumplen sentencias por cantidades de drogas menores a $500 pesos mexicanos (31 dólares aprox.), cantidad ridícula comparada con los más de 91 mil pesos anuales que cuesta al erario cada uno de estos “infractores”, quienes reciben sentencias de dos hasta 17 años de prisión.
Hay múltiples ejemplos de políticas de drogas más flexibles, como el caso de Uruguay, primer país en el mundo en legalizar la marihuana al nivel nacional; o el caso de Portugal, donde no se criminaliza a los usuarios de drogas desde hace 12 años, aunque no está legalizado su consumo. Estas políticas reducen drásticamente las aprehensiones, con lo que se reduce la sobrepoblación carcelaria.
Otro ejemplo de políticas de drogas tolerantes es Holanda, donde, si bien no se ha legalizado la marihuana, la ley distingue dos tipos de drogas y se aplican penas distintas para cada una: las drogas duras, que tienen un riesgo inaceptable para la salud pública (heroína, cocaína, éxtasis, anfetaminas); y las drogas blandas, que suponen un riesgo menos significativo para la salud pública (cannabis, hachís, setas alucinógenas).
Una constante en la políticas comprensivas contra las drogas es el tratar el problema desde la salud y no como una amenaza a la seguridad nacional. Se busca la rehabilitación de los adictos internándolos en centros especiales en lugar de prisiones convencionales. Cabe señalar que en más del 70% de los penales mexicanos se detectaron “sustancias prohibidas”.
La Alianza para la Justicia Penal (CJA por sus siglas en inglés), señala que es urgente limitar "el uso innecesario de la prisión”, el cual debe estar “reservado para los delincuentes graves, persistentes y violentos para los que ninguna sanción alternativa es apropiada". Debemos entender que una creciente población carcelarias debilita las rehabilitación de los presos y aumenta el riesgo de reincidencia de los mismos.
Es necesario restaurar el sistema penitenciario mexicano, pero para ello es necesario reformar ciertos aspectos del sistema de justicia. En esta fechas el gobierno federal y el Senado mexicano están por concluir la negociación en torno a la Ley Nacional de Ejecución Penal, un nuevo ordenamiento que permitirá reconstruir el sistema penitenciario mexicano, actualmente en crisis.
Esta ley de ejecución penal, debe entrar en vigor al mismo tiempo que el nuevo sistema de justicia oral, en 2018. A la par, el debate sobre la despenalización de la marihuana está más vivo que nunca e incluso está en discusión la legalización del cultivo de amapola. Parece ser un buen momento para hacer cambios en las políticas públicas del gobierno mexicano.
Si el Estado mexicano no puede asegurar del todo la seguridad nacional, al menos debería mantener la seguridad en el sistema penitenciario, alrededor de los criminales que sí ha podido atrapar la justicia, y no propiciar que los penales se vuelvan el perfecto “caldo de cultivo” para la delincuencia.
** Tinta Incógnita es un colaborador de la sección de Artículos de Opinión de Rompeviento TV. El anonimato de esta pluma es un juego y una pregunta: ¿qué vale más, lo que se dice o quién lo dice?
