Dolores González Saravia
SERAPAZ
Coordinadora de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos
Twitter: @SerapazMexico / Facebook: Serapaz México
México: crisis y caminos de paz
En este momento particularmente complejo es necesario analizar profundamente el contexto nacional y definir las estrategias de trabajo orientadas a la construcción de Paz.
La paz, entendida como la transformación de las estructuras y relaciones sociales que generan exclusión e injusticia para fundar nuevas formas de convivencia en las que la violencia no tenga cabida y los derechos puedan ser ejercidos plenamente.
Avanzar por este rumbo requiere una reflexión estratégica integral, que considere las distintas dimensiones y horizontes de la acción social, individual y colectiva.
- Una mirada estructural, que desde la conciencia histórica del momento que vivimos nos permita comprender la raíz de los problemas y las tendencias globales que explican la difícil realidad que vivimos hoy en México.
- La dimensión coyuntural para ganar claridad sobre las condiciones generales en la situación actual, sus ciclos coyunturales, y en función de esto identificar los cambios que pueden generar inflexiones en las estructuras.
- La cotidianidad, nuestro quehacer desde nuestro espacio, proyecto, tarea de día a día, para abonar, aportar desde ahí estratégicamente en el proceso de transformación social.
Por ello queremos, desde una visión más amplia, plantear el reconocimiento ya común sobre el hecho de que se vive el tiempo de una Crisis Civilizatoria, en tanto los mecanismos del sistema para la solución de la crisis ya no conducen a una reconstrucción creativa, sino a una dinámica para su reproducción cada vez más destructiva. Y es que lo que antes eran las excepciones ahora se han convertido en el entorno posibilitador del sistema: las crisis y la guerra.
En ese marco ubicamos algunas reflexiones en torno a 5 ejes de disputa en el conflicto estructural y los conflictos sociales que lo expresan.
- La conflictividad por el territorio y los bienes naturales
Tiene como rasgo estructural la afirmación de que nos encaminamos hacia una catástrofe ecológica por el cambio del eje de acumulación capitalista hacia la economía extractiva. En esta etapa se presenta ya una segunda contradicción sistémica: la contradicción capital – naturaleza, basada en la explotación de la naturaleza y el reordenamiento del uso y posesión de los territorios. México, como el resto de América Latina, es fundamentalmente un proveedor de materias primas y territorios en la economía global.
Hemos sido testigos de una ofensiva desde el capital y el Estado sobre el territorio basada en el despojo y la desposesión que amenaza la vida misma de nuestros pueblos, comunidades y barrios.
La creciente imposición de estos procesos, al grado en que sólo en los estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Coahuila hay más de 26,000 concesiones mineras, y más recientemente en la Sierra Norte de Puebla se han otorgado cientos de ellas; con la reforma energética la nueva figura de ocupación temporal de la tierra para la producción preferente de energía amenaza la producción y propiedad social de la tierra en varios estados, particularmente Campeche y Tabasco por el petróleo, o bien zonas de Baja California y Oaxaca con los parques eólicos; diversos estados del Occidente y Sureste, en especial Veracruz por infraestructura hidroeléctrica. Proyectos carreteros, portuarios y aeroportuarios a lo largo del territorio nacional y agresivos procesos de urbanización salvaje que han llevado a una crisis de vivienda y servicios en las ciudades.
Del otro lado, hemos sido testigos también de las resistencias que ha enfrentado esta imposición, algunas emblemáticas como Atenco o bien las de La Parota, Temacapulín, Paso de la Reina, los Yaquis, pueblos del sur de Veracruz, Huitupan, Picachos, Las Cruces, las mujeres mazahuas, los 13 pueblos de Morelos y muchos otros en defensa del agua. También las comunidades de Chicomuselo, Ocotlán, San Xavier, los Seris, las comunidades de la sierra poblana, Carrizalillo, Chimalapas frente a las minas; los pueblos del Istmo en oposición a los eólicos; los tzotziles, tzeltales en Chiapas, ñanus de Xochicuautla, zapotecos en Oaxaca en contra de carreteras que avasallan sus territorios; y los wirarikas en defensa de zonas sagradas, los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la Huasteca frente gasoductos; los rarámuris, ambientalistas de Baja Sur ante proyectos turísticos; la defensa de reservas biodiversas y numerosas expresiones de protesta en los barrios urbanos de las ciudades grandes y pequeñas, entre otros.
Así, vivimos una disputa nacional por el territorio, los datos de distintos observatorios y estudios nos dan entre 250 y 300 conflictos territoriales abiertos, que si bien se dan en la arena local son parte de un gran conflicto global.
Los pueblos y comunidades han tenido que dar esta lucha en todas las dimensiones, la jurídica, la movilización, la defensa de derechos, las alianzas con una fuerte labor de conciencia y organización interna. En este camino, las organizaciones comunitarias que surgen para oponerse a estos proyectos y empresas han madurado profundamente desarrollando importantes capacidades y recursos estratégicos. Han ido de la lucha particular y aislada a la formación de redes, campañas, caravanas y han pasado del NO a la propuesta de alternativas de vida a diferentes escalas, sumándose cada vez más a la vertiente del ecologismo popular, de la democracia de la tierra, de la autonomía, del buen vivir o de la Casa Común y el porvenir compartido como tarea de todos.
Otro componente de esta problemática es la reconversión del modelo de economía campesina por un modelo agroindusrtial, intensivo, mecanizado, deslocalizado, que legalizó el uso de transgénicos y otros químicos altamente destructivos para el medio ambiente y nocivos a la salud. Este proceso ha significado una devastación de la vida rural en México, situando en la línea de sobrevivencia a 4 millones de campesinos.
Esta situación genera una migración de más de medio millón de hombres y mujeres al año que abandonan sus familias y comunidades en búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo, enfrentando cada vez más enormes riesgos de seguridad y criminalización.
También se ha propiciado en vastas zonas rurales del país una relación perversa entre una economía legal que excluye y una economía ilegal que incluye, dejando a estas comunidades en una condición de enorme vulnerabilidad ante los grupos de control delincuencial que actúan con impunidad, colusión y anuencia del Estado.
Además, los tratados comerciales, multiplicados por decenas ya desde el TLCAN, han llevado a la creciente pérdida de la soberanía alimentaria y con ello 20 millones de mexicanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
La depredación y la contaminación alcanzan ya un enorme pasivo ambiental y los desastres naturales cada vez son más frecuentes.
En muchos sentidos, las mujeres de las zonas rurales son quienes han cargado mayormente con este abandono y desgarramiento del tejido social comunitario y campesino con un protagonismo creciente en la vida económica y política de estas sociedades locales, a pesar de la cultura profundamente patriarcal en este ámbito. Vale decir que en muchos de estos casos las mujeres defensoras han tenido un papel central en la movilización y sustento de las luchas en la defensa de la madre tierra.
- Conflictividad vinculada a la crisis de inseguridad, impunidad y de derechos
Entre los cambios definitorios del sistema en esta etapa está el que se refiere a la guerra permanente y el espectro de dominación completa[1]. La guerra cambio de carácter. Ya no se hacen guerras, se crean situaciones de guerra como modo de vida del sistema. Se diversifican los objetos de disputa haciendo de la guerra un gran negocio: territorios, mercancías, recursos naturales, rutas de tráficos ilegales (armas, drogas), flujos migratorios, de trata de personas; por alimentos, mercados, poblaciones, por las hegemonías, etc.
Esta situación de guerra permite el control de poblaciones no legitimado, porque se ejerce en condiciones de excepción.
La expresión de esta realidad en el país, en la región cabe decir, es el escalamiento de todas las violencias y del número de víctimas. Sólo en los dos primeros años de este sexenio hubo 36,000 asesinatos y 9,384 desaparecidos, una persona desaparece cada dos horas[2]. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reconoce 25,380 hasta el primer semestre del año y cada día hay nuevos hallazgos para sumar cientos de fosas y miles de restos no identificados.
Por ello, para Saviano, "en este momento México es el centro del mundo, es el país que está experimentando con más violencia las contradicciones del capitalismo"[3].
En el contexto de esta guerra, también profundamente patriarcal, ha habido un claro incremento de feminicidios y violencia intrafamiliar, crecimiento de las redes de trata y numerosos hechos que utilizan una violencia extrema y ejemplificante a través de las mujeres.
Esto es posible en un contexto de corrupción e impunidad casi total, la cifra oficial es del 98 por ciento de denuncias sin sentencia, un poder judicial viciado e inoperante; una reforma penal que no ha sido implementada y no responde adecuadamente a los riesgos y problemas del escenario actual de criminalidad y colusión institucional.
Si bien el Estado mexicano ha aprobado varias reformas jurídicas y firmado más de 200 instrumentos internacionales para la protección de derechos, lo cierto es que diversas instancias internacionales, Naciones Unidas, La Comisión Interamericana, Amnistía Internacional, etc., sostienen que México vive una profunda crisis de derechos humanos. El desfase entre la norma y la realidad es abismal.
No hay voluntad política ni se han construido las condiciones de gobierno para afrontar esta grave problemática. La estrategia de seguridad sigue siendo punitiva, represiva y militarizada, y ha generado una espiral de creciente violencia y corrupción. El engarce de los poderes formales con los poderes informales y criminales ha llevado a plantear la existencia de un narcoestado, de un Estado criminal, o mafioso, o capturado, o fallido. Lo cierto es que la presencia de estos poderes fácticos en la vida pública ha puesto en entredicho la integridad del Estado mismo.
Así, bajo el falso dilema de optar entre la seguridad o los derechos humanos, han propiciado en la sociedad un conservadurismo nutrido por el miedo y la incertidumbre, que ha llevado al consentimiento social de esta grave situación.
Sin embargo, también aquí hemos visto, desde hace algunos años, emerger la fuerza de un actor social de enorme presencia, compromiso y legitimidad: las víctimas o familiares de víctimas que demandan verdad y justicia.
En el contexto de exigencia social que se levanta en torno a la coyuntura generada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que logra catalizar la indignación nacional movilizando a diversos sectores, se genera un impulso para la articulación también de un movimiento nacional de gran envergadura que agrupa a cerca de 35 colectivos de familiares en todo el país y 40 organismos civiles, en torno a una agenda pública de cambios normativos, institucionales y políticos para hacer frente a esta gravísima problemática y que ha impulsado ya múltiples dinámicas de solidaridad y apoyo mutuo, avanzando hacia la construcción de una identidad y sentido común.
La internacionalización del conflicto, la supervisión de organismos multilaterales, en particular la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH y el EAAF, a partir de la crisis de confianza y legitimidad frente al Estado, han generado nuevas condiciones de avance para el caso Iguala, pero también para otras luchas vinculadas a esta problemática.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar a otros actores que emergen con mayor fuerza o como nuevo fenómeno en esta coyuntura: las policías comunitarias y las llamadas autodefensas. Esta proliferación de actores duros en el escenario nacional hace sumamente volátil el conflicto social.
Sin duda, en las acciones sostenidas a lo largo de esta etapa y en la arena de las víctimas son las mujeres las que asumen esta tarea de manera valiente, decidida e inquebrantable, pasando en muchos casos de ser víctimas a ser defensoras.
- La conflictividad en torno a la regresión de derechos sociales
Estructuralmente, la economía tiene como rasgos la incertidumbre y creciente desigualdad. Las crisis son recurrentes, de alguna manera infinitas o permanentes. Nuestro país y otros de la región son también un reservorio de mano de obra barata.
México es un país profundamente desigual, como se ilustra en los siguiente datos[4]: el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. El número de multimillonarios en México no ha crecido mucho en los últimos años. Al día de hoy son sólo 16. Lo que sí ha aumentado, y de qué forma, es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a $25,600 millones de dólares; hoy esa cifra es de $142,900 millones de dólares. Ésta es una realidad: en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%.
Esta desigualdad se reproduce y acentúa por el efecto perverso en el diseño de las políticas fiscales y de las políticas sociales, así como por la privatización de los servicios públicos y sociales. Las recientes reformas estructurales profundizan esta desigualdad al acotar los derechos económicos y sociales.
"Carlos Slim en la telefonía, Germán Larrea y Alberto Bailleres en la industria minera y Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca, Iusacell y Banco Azteca. Los cuatro han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y/o regulados por el sector público. Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales. Uno de los grandes problemas reside en que nuestra política fiscal favorece a quien más tiene. No es de ninguna manera progresiva y el efecto redistributivo resulta casi nulo. Por gravar consumo por encima del ingreso, las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan por pagar más que las ricas"[5].
Existe una clara tendencia a la privatización de la salud, la seguridad, social, la educación, el acceso a la vivienda de interés social, al transporte público, el servicio de aseo y limpia, de abasto de agua potable, etc.
México es un territorio donde se maquila para grandes trasnacionales, la producción se orienta al mercando externo y por tanto la fuerza de trabajo nacional es sacrificable.
Durante las últimas décadas se ha vivido un proceso constante de precarización del trabajo agravado por la reforma laboral en 2012, que legaliza ya la flexibilización que se venía implementando de facto: la informalización, la migración, la expansión de la economía criminal, etc. El salario mínimo en México está por debajo de la línea aceptable de pobreza y se ha dado una clara regresión en los derechos de las y los trabajadores.
Debemos destacar algunos de los más afectados por estas políticas: las mujeres, que enfrentan cada vez en mayor número y profundidad la feminización de la pobreza; la población indígena, cuya tasa de pobreza es 4 veces mayor a la general; los jóvenes excluidos de la educación y con ello de las oportunidades de desarrollo, entre otros.
Estos movimientos, si bien mantienen la lucha por sus derechos básicos y agendas gremiales o identitarias, por mantener las conquistas sociales amenazadas, lo cierto es que han ido avanzando en la construcción de proyectos de transformación social de mayor alcance, bajo la premisa de que para avanzar en cada lucha particular se hace necesaria la convergencia hacia el cambio de las condiciones políticas más generales como requerimiento indispensable para la defensa de sus derechos.
El Estado ha desarrollado una estrategia negativa múltiple para enfrentar a estos actores y agendas mediante estrategias de control y represión de quienes luchan por sus derechos. Han utilizado para ello campañas mediáticas de descalificación; la criminalización y judicialización de las acciones políticas de presión; los programas sociales que dividen comunidades o los que implican intervención, vigilancia, control sobre las mujeres y sus familias; negociaciones opacas y cooptación de liderazgos; etc.
Los movimientos gremiales en México siguen siendo a pesar de todo actores fundamentales de movilización y solidaridad.
Por otro lado, habrá que reconocer que más allá de las redes de organizaciones de mujeres en la agenda social, el movimiento gremial tiene una fuerte cultura patriarcal que se expresa en sus instancias de representación y decisión.
- Conflictividad en el eje de los derechos democráticos y las libertades fundamentales
Estas estructuras que generan tales niveles de injusticia, desigualdad y exclusión se sostienen en el actual sistema político. Hay en México la convicción de que se ha dado un claro desvío de poder, de que el Estado ha sido refuncionalizado para servir al capital más poderoso, que hay una captura política de la institucionalidad pública.
Es evidente un creciente autoritarismo: se ha incrementado el número de casos de criminalización de la protesta, de activistas, defensores y periodistas, de amenazas y agresiones directas a estos. Varios informes nacionales e internacionales así lo acreditan.[6] El establecimiento de nuevas normas destinadas a acotar la libertad de manifestación o la libertad de expresión, como lo ha documentado el informe del Frente por la Libertad de Expresión.
Una estructura de poder público cada vez más centralizada hacia el ejecutivo federal: hay un proceso de debilitamiento y desmantelamiento de los poderes locales comunitarios y municipales, abriendo la brecha entre las instancias de gobierno y la población.
No existen mecanismos viables y confiables de participación ciudadana. Hay un vacío enorme como en el caso de la consulta popular sobre la reforma energética o una simulación, que es peor aun, en otros ejercicios de consulta, particularmente con pueblos indígenas, aunque hay otros casos conocidos en la ciudad de México y de Oaxaca.
No hay mecanismos para procesar productivamente el conflicto. Las mesas de diálogo abordan básicamente los temas de distensión o contención, sin lograr trabajar efectivamente sobre las agendas sustantivas de los actores sociales.
Los medios de comunicación, actuando en función de los intereses dominantes o bien acallados por estos de muchas maneras, se han convertido en un instrumento de dominación fundamental y por tanto en un terreno estratégico del conflicto.
Se da un creciente distanciamiento y polarización entre la sociedad política y la sociedad civil por la crisis de legitimidad y confianza en las instituciones, la evidencia de que éstas han sido colonizadas por intereses particulares. Los resultados de las elecciones intermedias dan cuenta de esta tendencia al favorecer opciones políticas no tradicionales.
La acción política por los derechos políticos, las libertades fundamentales, la democratización, la redistribución del poder público hacia la base de la sociedad, es decir, las colectividades locales (comunidades y municipios), está cuestionada por las preguntas que hoy se levantan sobre la experiencia de América Latina en relación con los alcances y las vías de transformación desde el ámbito institucional, y frente a esto la necesidad de generar nuevas formas de hacer política y vincularse con la sociedad.
En otras vertientes se va dando un proceso institucional hasta la ruptura que plantea la impugnación y construcción de las autonomías de facto, de poderes alternos, como ejercicios que prefiguren nuevas formas de organizar la vida y el horizonte utópico de una sociedad basada en nuevas relaciones de convivencia.
La profundidad de la disputa coyuntural ha llevado al surgimiento de diversas iniciativas de carácter político para proponer el rumbo y orientación de los cambios necesarios, desde la lógica del proyecto de transformación nacional: la Constituyente Ciudadana, la Convención Nacional Popular, Por México Hoy, y otras.
- El eje de la disputa por la cultura y la ética
El proyecto cultural se ha convertido en un pilar fundamental que sostiene el sistema. Hay una ofensiva ética y estética desde el poder por una universalización de los sentidos comunes, internalización de sus concepciones del mundo, ideas, creencias, valores para fundamentar una ética de las relaciones entre personas y con la naturaleza en la lógica neoliberal.
- La competencia como motor del sistema y de las relaciones humanas y sociales en éste. Sus beneficios son individuales, en contraste con la solidaridad, la cooperación y compartición.
- Asociado a ésta, el individualismo frente a lo colectivo y sentido de comunidad.
- El poder de consumo, un consumo ilimitado de bienes y como pauta de conducta: obtener el mayor lucro posible con la menor inversión posible.
- La naturaleza es un recurso que sirve para estos fines y debe ser sometida a ellos.
- Una mirada fragmentaria y parcial de la realidad en la que predominan lo estético y lo efímero, frente a la noción de la casa de todos, del porvenir común.
- El interés privado, sobre el interés público.
- Lo masculino sobre lo femenino. Cultura patriarcal sobre la equidad de género.
- La moral heterónoma frente a la moral autónoma.
Es de tal manera avasallador el sistema y los medios de su proyecto cultural que es precisamente en este ámbito que debemos construir una inflexión profunda apelando a la reserva moral y ética de una sociedad que cíclicamente ha sido capaz de indignarse ante situaciones de injusticia o agresión intolerables.
Cada vez hay una mayor coincidencia en que es necesario explorar la cultura como una vía privilegiada para la construcción de otro mundo posible. Es decir, que la salida a este momento de desencanto, de enorme complejidad, no son grandes teorías de construcciones racionales ideológicas, sino una reflexión ética y moral que nos permita definir los fundamentos de la sociedad que queremos, desde nuestras propias experiencias y conocimientos de nuestras organizaciones, redes, pueblos y comunidades, procesos organizativos y construcción de futuro.
¿Cómo ir de un espectro de dominación completa hacia un espectro de emancipación completa?
¿Cómo ir del paradigma de Paz con Seguridad al paradigma de Paz con Justicia?
Necesitamos reflexionar juntas, juntos, los paradigmas del desarrollo, de la política, de la paz, de la ética, que orienten nuestra acción, las tareas de la coyuntura y la congruencia y aporte desde nuestro quehacer diario.
[1] Los Golpes del Espectro Completo. Ana Esther Ceceña. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Mayo de 2014
[2] México el País de los Desaparecidos. Homero Campa. Revista Proceso. Febrero 2015.
[3] Sobre el Narcocapitalismo. Luis. Roca. Rebelión. Septiembre 2014.
[4] Desigualdad Extrema en México: concentración del poder económico y político. Gerardo Esquivel. Oxfam México. junio del 2015.
Para darnos una idea de la magnitud de la brecha en México veamos este ejemplo: para el año 2014, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza.
[5] Idem
[6] Los Informes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos; los Informes de ACUDDHE; Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, La Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos entre otros.
