Evaluación educativa: la mascarada gubernamental

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Luis Hernández Navarro

Coordinador de Artículos de Opinión de La Jornada

A Emilio Chuayffet le gusta manotear en la mesa y amenazar a los maestros. Lo ha hecho una y otra vez en su gestión como Secretario de Educación. Apenas el pasado martes lo volvió a hacer: se examinará a docentes “llueva o truene”. Melodramático gimoteó: “ofenden al Presidente opositores a evaluación”.

     El sainete lleva días. El anuncio de la SEP sobre la suspensión por tiempo indefinido del proceso de evaluación docente, anunciado por las autoridades educativas antes de las elecciones, generó una reacción unánime de rechazo entre el sector empresarial y sus medios de comunicación.

     Histéricas, organizaciones como Mexicanos Primero, México Evalúa, Suma por la Educación, Unión Nacional de Padres de Familia, Alto al Secuestro, Causa en Común, Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, el CCE, y el Instituto Mexicano para la Competitividad se manifestaron en contra de la medida. Sin pudor alguno la calificaron de ilegal y vieron en ella una señal de que el gobierno cedió al chantaje de la CNTE.

   Encabezando el griterío, Mexicanos Primero acusó que con la medida se lesiona la relación del gobierno con un segmento del sector empresarial, que tanto le había costado reconstruir.

     A través del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación del cual forma parte, la organización presidida por Claudio X González, emplazó al Presidente Enrique Peña a revertir la medida. “No debe pasar del día 8 de junio", advirtió en un comunicado.

     Junto a México Evalúa, el Instituto Mexicano de la Competitividad, y Suma por la Educación, Mexicanos Primero inició una campaña de apoyo a su demanda a través de redes sociales utilizando la etiqueta #nopodemosceder. Envalentonado por la respuesta del mundo empresarial, interpuso un amparo contra la suspensión de la evaluación docente, que un juez obsequió.

   Los desplantes actuales de Emilio Chuayffet contrastan con el silencio que acompañó su decisión original de suspender la evaluación. A pregunta expresa sobre qué pasó con la reforma educativa, Peña Nieto respondió “Que lo vea la Secretaría de Educación, ahí tendrán todas las respuestas”. Sin embargo, la SEP no hizo pronunciamento alguno hasta después de que concluyó el proceso electoral del 7 de junio. El secretario prefirió no mencionar el tema ante mandos, tropa y cadetes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

   Explicar la decisión de suspender la evaluación como resultado de la efervescencia electoral y la movilización de la CNTE, es parte de una mascarada para tratar de ocultar la incapacidad del gobierno para instrumentar la reforma educativa. La maniobra de suspenderla unos días provino de que, tanto la SEP como el INEE, incumplieron con mucho de lo establecido en el marco normativo que ellos aprobaron.

   Esta incapacidad se expresa en varios puntos. Por principio de cuentas, en ocho entidades (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora, Zacatecas y Oaxaca) el gobierno federal presentó controversias constitucionales en contra de las leyes educativas estatales, argumentando que no acataron a cabalidad las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional Docente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelve aún sobre este asunto.

     En contra del sentido común que establece que para evaluar a un maestro se necesita conocer el perfil del profesor que se necesita, no se ha elaborado un nuevo modelo educativo. Por lo tanto, no existe un referente para la evaluación. Aunque parezca increíble, resulta que la famosa reforma educativa no contiene contenidos pedagógicos.

     No fue creada la figura de tutores para los docentes de primer ingreso, pese a que la nueva norma establece que quienes ingresen al servicio educativo contarán con el apoyo de un tutor durante dos años. Esta tarea no se realizó, porque nunca se previó que no habría maestros suficientes. Quienes tienen más experiencia debían abandonar a sus alumnos para acudir en apoyo del nuevo profesor, lo que en la práctica resultó inviable.

     Tampoco fueron elaborados los programas de actualización. No se realizó la reforma de las escuelas normales. El INEE y la SEP no lograron capacitar al número de evaluadores previsto para realizar tareas de supervisión en la aplicación de las pruebas estandarizadas. No se formó al personal capaz de acudir a las escuelas y verificar la práctica docente en el aula.

     La SEP dio a conocer apenas el pasado 29 de mayo el programa de estímulos a la docencia, que entre otras cosas sustituye a la carrera magisterial y que está indisolublemente ligado a la evaluación. Su instrumentación será sumamente compleja.

   En síntesis, la reforma educativa va rumbo al desfiladero, no porque se suspendiera temporalmente la evaluación magisterial, sino por las fallas técnicas, jurídicas y pedagógicas con que se aprobó. Los gestos melodramáticos de Emilio Chuayffet sólo sirven para ocultar su propia incapacidad.

Twitter: @lhan55

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