Aleida Calleja
Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia
www.observacom.org / @callejag
Medios: concentración indebida, monopolios y oligopolios
De manera creciente, en la región latinoamericana se discute el efecto que tiene para la democracia y la libertad de expresión la concentración indebida de los medios de comunicación. Hasta hace poco más de una década se abordaban solamente los efectos de los monopolios u oligopolios, sin embargo, los últimos debates incluyen también la concentración indebida, incluso por parte de organismos internacionales protectores de la libertad de expresión como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas.
En la región se realizan insistentes denuncias de la sociedad civil, investigaciones y estudios que demuestran la existencia de importantes niveles de concentración de medios tradicionales como un problema estructural con múltiples consecuencias, que en muchos casos se agudizan ante los recientes procesos de convergencia tecnológica y de transición digital, disminuyendo la cantidad de emprendimientos que producen contenidos diversos. Esto tiene como consecuencia que los contenidos que reciben las audiencias quedan en manos de pocos grupos que, a su vez, suelen integrar entre sus actividades distintos intereses económicos y políticos, que en varios casos les otorgan un poder que rebasa a las instituciones estatales, conformándose en poderes fácticos que determinan la agenda pública poniendo en riesgo el debate democrático.
Bajo este contexto, varias organizaciones que trabajan en la defensa de la libertad de expresión en Latinoamérica[1] se pronunciaron en diciembre pasado para exigir medidas concretas para limitar la concentración por parte de los Estados, que asuman sus obligaciones para combatir los monopolios, oligopolios y concentraciones indebidas de los medios de comunicación, incluyendo aquellas que involucran la propiedad de medios por parte de gobernantes o políticos en ejercicio de cargos públicos, así como medidas concretas para que los medios de gestión estatal garanticen un efectivo pluralismo interno a fin de que no funcionen como medios oficiales y sean verdaderos medios de servicio público, con independencia editorial; además, fortalecer al sector social y comunitario en la radiodifusión. En suma, es una exigencia para garantizar uno de los componentes esenciales de la libertad de expresión: el pluralismo y la diversidad.
Panorama regional
Sin embargo, estas exigencias para lograrse deberán de pasar un largo y sinuoso camino, pues la realidad nos muestra que los grandes conglomerados de medios aún tienen mucho poder como para que los distintos gobiernos actúen de acuerdo a sus intereses.
El ejemplo más nítido es Argentina, donde el actual presidente Macri pasó por encima del poder legislativo y mediante Decretos de Necesidad y Urgencia trastocó los principales pilares de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, imponiendo una nueva entidad reguladora para los sectores audiovisuales y de telecomunicaciones, destituyendo a los titulares de los organismos existentes, aun cuando la ley no se lo permitía y consintiendo que el Grupo Clarín comprara a la empresa Nextel para poder dar el cuádruple play, además de que puso en la basura la posibilidad de desconcentrarlo.
En Uruguay, a pesar de cinco años de diálogo entre los diferentes sectores para una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una vez aprobada, el año pasado concesionarios comerciales pasaron por encima de los acuerdos e interpusieron una acción de inconstitucionalidad que la mantiene en la congeladora. Ante la presión del sector comercial, el presidente Tabaré Vázquez ha declarado que no reglamentará la ley hasta en tanto la Corte resuelva sobre el tema.
En El Salvador, la Sala de lo Constitucional sentenció el año pasado que el acceso a las frecuencias de radiodifusión por vía de la subasta económica era inconstitucional y mandató al Congreso a cambiar la Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, el conservador partido ARENA, con mayoría en la Asamblea, hizo una propuesta que mantenía y ampliaba los intereses de los actuales operadores. Aun cuando la movilización de la sociedad civil impidió que se aprobara la nueva propuesta en diciembre pasado, la correlación de fuerzas hace pensar que los poderosos radiodifusores comerciales se saldrán con la suya.
En Paraguay, a pesar de la constante exigencia del movimiento social por cambiar la actual Ley de Telecomunicaciones, no solamente ha sido ignorado, sino que incluso el actual presidente Cartes compró el año pasado varios medios de comunicación a través de una empresa de la cual su hermana es titular.
En Perú, organizaciones de periodistas interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Corte y acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la compra de Epensa por parte del Grupo el Comercio, con lo cual controla el 80% de la prensa en ese país. Hasta el momento no hay ningún resultado al respecto.
En México, es conocida la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones para no declarar al Grupo Televisa como agente económico con poder sustancial en la televisión de paga, aun cuando tiene más del 60 por ciento en ese mercado.
Así que la batalla será larga, por lo que se requiere que los organismos internacionales observen de manera más cercana este fenómeno de la concentración mediática que afecta la libertad de expresión, y emitan los estándares necesarios para comprometer a los Estados en acciones regulatorias y de política pública como parte de sus obligaciones ante los derechos humanos.
[1] Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Artículo 19 de Brasil, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) de Uruguay, Colegio de Periodistas de Chile,
Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) de Guatemala, Civitas de Guatemala, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Intervozes– Coletivo Brasil de Comunicação Social, Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos VOCES Paraguay, Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) de El Salvador
