J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
Otra vez la atrocidad en Veracruz
Washington – Es otra vez estremecedor enterarse del secuestro y asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar, pero más aterrador es certificar la indiferencia frente a este crimen del gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
La reportera de El Sol de Orizaba y El Buen Tono fue sustraída de su propio domicilio por un comando de hombres armados y su cuerpo sin vida fue tirado en Puebla, hecho que refleja el altísimo grado de riesgo y de peligro que implica ser comunicador en el estado de Veracruz.
Flores Salazar cubría la fuente policíaca. Lógicamente, y por puro olfato judicial, las primeras sospechas deben recaer sobre los órganos policíacos.
Luego de conocerse este nuevo asesinato de una periodista en México, y reiteradamente en Veracruz, en algunos medios internacionales se difundió la noticia y se machacó que esto ocurrió en el estado gobernado por Duarte, quien ha mostrado gran indiferencia frente a los ataques a la prensa.
Como era de esperarse en el gobierno de Duarte, inmediatamente la Fiscalía de Veracruz vinculó el levantamiento y asesinato de Flores Salazar con el crimen organizado. Sin documentar su teoría.
A nivel mundial, y de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en ingles), México ocupa el quinto lugar en la lista de las naciones donde se comenten más asesinatos de reporteros y ataques contra los informadores. Lo aterrador de estas macabras estadísticas, es que Veracruz es el estado de la República Mexicana más peligroso para ejercer el periodismo. El secuestro y asesinato de Flores Salazar lo ratifica.
Es insólito y repugnante para la libertad de expresión y las garantías de la defensa de los derechos humanos, que en los casi seis años de la gubernatura de Duarte, con el caso de Anabel, se hayan documentado casi 170 agresiones a reporteros.
El chivo expiatorio del gobierno de Duarte ante la macabra realidad de lo que pasa con la prensa en Veracruz, y para deslindarse de toda responsabilidad, es vincular a los casos y a las víctimas con el crimen organizado, con asuntos pasionales y robos.
No es casualidad que Veracruz está colocado a nivel mundial como uno de los lugares más peligrosos para los periodistas.
Duarte impuso la impunidad de estos crímenes como evidencia de su desprecio a los medios de comunicación y periodistas que cuestionan a su gobierno, que denuncian la corrupción y los lazos gubernamentales con la criminalidad organizada en la entidad.
Las reacciones del gobernador veracruzano han sido tibias, de desinterés y de total rechazo a llevar a cabo investigaciones profundas y satisfactorias en términos de una auténtica aplicación de la ley frente a los ataques, asesinatos y secuestros de periodistas.
No es solo Veracruz y un político priista como Duarte los que se desprestigian a nivel mundial por los ataques a la prensa. Es la imagen de todo el país, México, la que sufre las consecuencias. Y ni que decir de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Su sexenio, por la irresponsabilidad y posibles responsabilidades directas de Duarte de lo que ocurre en Veracruz, quedará por igual marcado en los libros de la historia como uno de los más violentos y peligrosos para los informadores.
Las medidas cautelares que se impusieron a la familia de Anabel luego de su secuestro y asesinato, sin duda son importantes, mas no la solución que nosotros en el gremio de la prensa esperamos.
En las filas periodísticas de México y de todo el mundo exigimos justicia y castigo con todo el peso de la ley para los responsables de los crímenes y agresiones contra los informadores.
En materia de derechos humanos, Veracruz es una vergüenza nacional. Con Duarte, las agresiones a las garantías individuales son una epidemia que parece no tener antídoto.
¡Ya basta! ¡Es suficiente! Sin la prensa, un país como México estaría más sumergido en la ignorancia respecto a la corrupción de sus gobernantes. Una agresión contra cualquier periodista debería ser una responsabilidad prioritaria a todo nivel gubernamental en materia de defensa de los derechos humanos.
Un crimen como el sufrido por Anabel, tendría que ser abordado al más alto nivel federal. México hasta en esto es la excepción.
