J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
Peña Nieto y el descrédito de las instituciones
Washington – La imagen que tenemos la mayoría de los mexicanos de las instituciones gubernamentales, es que están plagadas de corrupción e integradas por funcionarios que son amigos, compadres o familiares del gobernante en turno.
Esta percepción se ha ido consolidando a lo largo de los años tanto en presidencias panistas como priistas, pero nunca antes de manera tan notoria como en la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Las dos ternas de candidatos a convertirse en integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la reciente incorporación como ministro de ésta de Eduardo Medina Mora, fortalecen la idea de que las instituciones gubernamentales no son más que centros de corrupción conformados por personajes a quienes lo único que les interesa es quedar bien y responder a los intereses de quien los apadrinó.
Es una lástima que a la institución que nuestra Constitución designa como la más importante y autoridad definitiva para interpretar, regular y velar por nuestras leyes, Peña Nieto la mancille al integrar a ella a personajes que no tienen la más mínima experiencia en el tema judicial, como es el caso de Medina Mora.
Más lamentable e imperdonable es que ahora Peña Nieto quiera que un personaje que se ha burlado de las leyes constitucionales, y peor aun, las ha pisoteado, también se erija como juez de lo que debería ser tan sagrada institución.
Alejandro Jaime Gómez Sánchez, procurador general de Justicia del Estado de México, es uno de los elegidos de Peña Nieto que está incluido en una de las ternas para ser ministro de la SCJN.
Gómez Sánchez, como está documentado, ha violado las leyes constitucionales. Este personaje fue exhibido en sus marrullerías y corruptelas cuando intentó cerrar el caso de la masacre de Tlatlaya (30 de junio de 2014).
Sin siquiera investigar, como se lo exigía la Constitución, Gómez Sánchez suprimió de responsabilidad a los soldados del 102 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, de la ejecución de 22 civiles en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Lo cual no era cierto y posteriormente, para su infortunio, fue confirmado por el mismo gobierno de Peña Nieto.
No se entiende por qué Peña Nieto no se da cuenta de que con postulaciones como la que hizo de Medina Mora y ahora con la de Gómez Sánchez no contribuye en nada a mejorar su nivel de credibilidad ante la sociedad mexicana y, peor aun, que con sus caprichos aumenta la percepción de que la corrupción es la brújula que guía a las instituciones gubernamentales, por encima de los intereses y las leyes de la nación.
Nunca es bueno hacer comparaciones porque se corre el riesgo de caer en exageraciones, pero por mi experiencia como reportero en Estados Unidos, me atrevo a decir que una nominación a juez de la Suprema Corte de Justicia de esta nación de alguien con antecedentes como los de Gómez Sánchez, es inaceptable y políticamente un suicidio para quien lo nomine.
En México, el puesto de juez de la SCJN es por 15 largos años. En los Estados Unidos, la posición es de por vida, o hasta que el magistrado quiera jubilarse.
Lo admirable y loable del caso de los nominados al máximo magistrado de justicia en los Estados Unidos, es que son sometidos a un escrutinio extremadamente minucioso, que incluso podría ser calificado como exagerado, por parte del Comité Judicial de la Cámara de Senadores, antes de que siquiera la candidatura del postulado entre a debate y eventual votación en el Pleno.
En el Comité Judicial, al nominado, durante la celebración de audiencias públicas, le sacan, como decimos en México, todos los trapitos al sol. Le revisan línea a línea toda su vida. Su historial como estudiante en todos los niveles educativos, el de su familia, sus relaciones personales, pero, sobre todo, sus antecedentes penales y su experiencia y ejercicio en la abogacía e interpretación de las leyes constitucionales.
Si se le descubre la más mínima violación de las leyes de su país, el candidato a magistrado de la Corte Suprema está, digamos, confinado al rechazo para el puesto y al descrédito ante el país.
Una candidatura como la de Gómez Sánchez, en Estados Unidos ni siquiera llegaría a ser tomada con seriedad. Es más, creo que ningún presidente de Estados Unidos, por muy amigo y paisano que fuese de Gómez Sánchez, se atrevería siquiera a considerarlo.
El Senado mexicano es incomparable en este sentido con el de Estados Unidos, como ya lo demostró en el caso de Medina Mora.
Con tal de quedar bien con el presidente y por las prebendas políticas entre partidos, el Senado mexicano es capaz de ratificar a alguien como Gómez Sánchez. Al fin y al cabo, la opinión de la ciudadanía mexicana no cuenta y tampoco les importa.
