El apagón de la TV pública

Aleida Calleja

Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia

www.observacom.org   /   @callejag

El apagón de la TV pública

Mucho se ha comentado sobre las consecuencias que traería para el país retrasar el llamado apagón analógico que, de acuerdo con la Constitución, deberá hacerse el próximo 31 de diciembre.

Finalmente, parece que esa posibilidad se conjuró cuando legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) declararon a principios de noviembre que no apoyarían la propuesta de localizados legisladores del Partido Acción Nacional (Javier Lozano) y del Partido de la Revolución Democrática (Zoé Robledo y Miguel Barbosa), quienes presentaron iniciativas para cambiar la Carta Magna, a fin de aplazarlo por un año o seis meses, respectivamente.

A través de las declaraciones de la exsecretaria general del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, hoy presidenta de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, en el sentido de que no había razones de peso para cambiar la fecha, se dejó claro que eso no pasaría pues ninguno de los partidos de oposición en el congreso alcanzan el número suficiente para hacer cambios constitucionales.

Entre la polémica por la posibilidad de atrasar el apagón reapareció un problema más que ya desde hace tiempo se había advertido: de no haber una política pública de apoyo a la transición digital de las televisoras públicas, muy seguramente se quedarían en el camino. Hoy eso es ya una realidad.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) confirmó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado que al 11 de noviembre de 2015, un total de 30 de las 39 estaciones permisionarias de televisión pública no han digitalizado su señal, es decir. el 76% de ellas. La mayor parte no lo ha hecho porque los gobiernos de los estados no les asignaron los recursos económicos para hacerlo.

Aunque desde el 2013 que se aprobó la reforma constitucional todos los actores involucrados sabían de la fecha fatal, la mayor parte de los gobiernos estatales determinaron por la vía de los hechos pasarse por alto el mandato constitucional, mientras gastaron durante estos dos años a manos llenas millonarios recursos en publicidad oficial que fueron a parar a las arcas de los medios privados comerciales, especialmente la televisión. Este hecho constata el desprecio de la mayor parte de los gobernadores por los medios públicos.

Desde hace casi una década, organismos internacionales de derechos humanos protectores de la libertad de expresión han manifestado la preocupación porque los Estados protejan y garanticen la radiodifusión pública. Así, la Declaración Conjunta de los Relatores de Libertad de Expresión (de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Africana y del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) sobre Diversidad en la Radiodifusión, adoptada el 12 de diciembre de 2007, estableció que: “En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva, en lugar de limitar, los medios públicos. Se requieren medidas especiales para proteger y preservar [los] en el nuevo espacio radioeléctrico y se deben explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandato de servicio público”.

De manera más reciente se emitió el Informe Anual 2014 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los Estándares de Libertad de Expresión para la Transición a una Televisión Digital Abierta, Diversa, Plural e Inclusiva, donde se advierte que la digitalización de las señales de la televisión pública presenta un gran desafío para este sector, en tanto puede ser una oportunidad para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones a la vez que un riesgo para continuar con sus servicios si no se toman medidas adecuadas y a tiempo.

Por esta razón, recomendó a los Estados miembros de la OEA garantizar medidas para que la televisión pública continúe emitiendo en el nuevo entorno digital, desarrollando un entorno legal y políticas públicas activas con mecanismos apropiados y simplificados para que las emisoras puedan realizar la transición hacia la televisión digital de manera rápida y efectiva, así como para aprovechar el cambio tecnológico para ampliar, mejorar y diversificar sus servicios a la población. Algo que evidentemente no fue tomado en cuenta por el Estado mexicano a la luz de los hechos (y por Estado me refiero no solamente al gobierno federal, sino también a los poderes ejecutivo y legislativo). El abandono a la radiodifusión pública en México es contrastante con países como Colombia, que de manera reciente anunció un apoyo por más de 60 mil dólares para su sistema de medios públicos, incluyendo los regionales, teniendo en perspectiva la transición a la televisión digital.

El problema ahora con las estaciones públicas no se resuelve posponiendo el apagón analógico, como lo pidió la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas, sino estableciendo un programa de trabajo para que lo más pronto posible éstas transiten a la digitalización en un trabajo coordinado entre el IFT, los gobiernos de los estados y el congreso para la emisión de recursos públicos.