J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
@JJesusEsquivel
El pasaporte y hasta el acta de nacimiento
Washington – Es tan sucia y descarada la dirección desde Los Pinos de la campaña electoral del abanderado priista, José Antonio Meade, que con el arresto domiciliario de Elba Esther Gordillo en un inmueble de superlujo demostró que la impunidad y la corrupción continuarán siendo el emblema del PRI de ganar los comicios de julio de 2018.
A todos los mexicanos nos queda claro que la decisión de enviar a una criminal como Gordillo a sus aposentos millonarios fue un trueque entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Nueva Alianza (Panal), fundado por la exdirigente del SNTE, para sumar fuerzas electorales y respaldar la aspiración presidencial de Meade.
Nuevamente fuimos testigos de cómo la clase gobernante pisotea los principios morales y de manera tendenciosa impone sus intereses por encima de la justicia. El enriquecimiento extremo de una maestra y dirigente sindical como Gordillo no tiene justificación ni sentido más que como ejemplo de corrupción.
Cuando en este gobierno de Peña Nieto se ordenó la captura y encarcelamiento de Gordillo por delitos como asociación delictuosa, por un instante los mexicanos de a pie nos sentimos reivindicados. Poco nos duró el gusto. Las triquiñuelas de nuestro sistema judicial, que sólo se consiguen con abogados que cobran millonadas por sus servicios, dieron a Gordillo privilegios que ya quisieran otras personas encarceladas injustamente o que cometieron delitos menores.
Por razones humanitarias justificadas, presuntamente por su precario estado de salud, a Gordillo la encerraron en la torre médica de Tepepan y ahora, a cambio del apoyo del Panal a Meade, la transfieren a un condominio de su propiedad que vale millones de dólares.
En el sistema penitenciario y por el sistema judicial que tenemos, en las prisiones del país hay miles de personas tras las rejas acusadas de delitos que no cometieron, y que por la carencia de dinero para pagar un abogado están privadas de su libertad. Caso aparte son los presos acusados de delitos menores -nunca justificables-, como robo de productos de la canasta básica debido su pobreza en tiendas o supermercados.
De estos últimos delincuentes hay miles y miles de expedientes que pueden demostrar que los afectados llevan años injustificables en prisión por cargos que son peccata minuta frente a los imputados a Gordillo.
El México de la impunidad y corrupción de Peña Nieto se explica y entiende con casos como el de Gordillo. Ante la ley, la exdirigente del SNTE es una delincuente, una rata de dos patas de alto calibre cuya riqueza no tiene justificación si no fuera por el saqueo a las arcas nacionales patrocinado y condonado por las presidencias del país desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto.
Qué importa que a la delincuente sindicalista le hayan requisado el pasaporte como condición para vivir a todo lujo y comodidad en su condominio. Lo que clamamos y deseamos en México es que la aplicación de la justicia sea imparcial.
Meade no puede proclamar ni prometer que combatirá la corrupción cuando su plataforma proselitista se arropa con arreglos políticos con fines de impunidad. Los presos a los que hago referencia arriba estarían dispuestos a entregar a las autoridades su pasaporte (que muchos ni tienen), su acta de nacimiento y la credencial del INE, si los enviaran a prisión domiciliaria con tal de eludir las vejaciones a las que están sujetos en nuestro sistema penitenciario.
Con el caso Gordillo y la alianza con el Panal, Meade no puede ni podrá deslindarse de ser el candidato presidencial del partido y el gobierno de la impunidad y corrupción.
