J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
Austeridad y más pobres
Washington – Los malos manejos hacendarios, los imparables torrentes de corrupción, los errores políticos y el entorno macroeconómico internacional, obligaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a imponer un programa de austeridad en sus gastos.
El primer acto de ahorro de Peña Nieto fue suspender la cena en Palacio Nacional por la celebración de la Independencia, un acto simbólico con el que pretende simpatizar con los millones de mexicanos que con la austeridad obligada serán más pobres.
El recorte a los gastos y la eliminación de programas sociales afectará directamente, como siempre, a los más pobres. Millones de mexicanos tendrán que ajustarse a la reducción de sus ingresos y a tener que eliminar algunos egresos básicos.
La inflación que se viene, para la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público admitió no tener un Plan B, se traducirá en incrementos en el costo de productos básicos para las familias mexicanas. Para evitar esto, ni Peña Nieto ni Luis Videgaray Caso tienen un Plan B, C o D. Crecerán los índices de pobreza a la par de la inflación y del programa de austeridad.
De nada sirve el acto simbólico de cancelar una cena en Palacio Nacional cuando en el Poder Legislativo los dispendios son cada vez más exagerados y escandalosos.
El de México es un Congreso federal ineficiente pero despilfarrador. Son miles de personas las que rodean a nuestros senadores y diputados federales como asesores, choferes, secretarios particulares, secretarias y demás títulos laborales que se pueda dar a los achichincles. Son estos personajes los que rajan al erario público provocando gastos innecesarios. Gozan de salarios exorbitantes, seguros médicos, bonos y demás beneficios laborales a los que se hacen acreedores por ser los elegidos de nuestros legisladores.
Somos muy pocos los mexicanos que sabemos quiénes son nuestros representantes en el Congreso federal. No por falta de interés, sino porque no tenemos un sistema de rendición de cuentas de parte de ellos. Un Congreso federal que no es fiscalizado por sus constituyentes y que despilfarra el dinero a costillas de un Poder Ejecutivo que lo tolera porque le conviene, no sirve.
En tiempos de austeridad obligada, el Grito de Independencia debe ser de los ciudadanos pidiendo justamente esto al Congreso federal: que deje de ser un títere de Los Pinos y que expurgue entre su personal y elimine a los achichincles que no hacen falta.
El país navega sin brújula política porque el capitán del barco se quedó sin credibilidad ante su tripulación. El saldo de su mandato está a la vista de todos: decrecimiento económico, más violencia, corrupción y, lo más alarmante, millones más de mexicanos en la pobreza extrema.
Con una casa en Las Lomas, El Pedregal, Ixtapan de la Sal o Malinalco, se pueden paliar mejor los recortes a los gastos que en una casa con techo de lámina en cualquier pueblo del país.
No habrá caviar en las mesas de lujo, habrá cortes de carne que son más baratos. No habrá viajes para hacer compras en el extranjero, pero se aprovecharán los viajes oficiales para hacerlas. No habrá fiestas en los edificios públicos e históricos, pero sí guateques privados en las casas de superlujo a cuenta del erario.
Un plan de austeridad que generará más pobres entre los pobres es una respuesta equivocada por parte de un gobierno que se quedó sin lineamientos de políticas adecuadas.
Las recetas neoliberales que se dictan desde Washington por el Fondo Monetario Internacional (FMI) son un fracaso. El peso sigue perdiendo valor frente al dólar. Tengo casi 30 años cubriendo en la capital de Estados Unidos al Banco Mundial. De entonces a la fecha, sigo escuchando el mismo discurso y el mismo remedio:
austeridad con recortes a los programas de beneficios a los pobres para disminuir la pobreza.
Haciendo una simple ecuación matemática, encuentro que en casi 30 años, los consejos macroeconómicos del sistema de Bretton Woods a México solo le han generado más pobres y ensanchado el minúsculo círculo de los ricos, que son los dueños de casi todo en el país, incluido el gobierno federal.
