Alejandro Saldaña Rosas
Sociólogo. Investigador, profesor Universidad Veracruzana
Twitter: @alesal3
Impunidad: la verdad histórica
Yo lo que puedo decir ahorita, donde quiera
que esté mi hermano que tenga fuerza y que tenga
la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar.
Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz,
con mi hijo, con mi esposa, toda mi familia.
Lo agradeceré a Dios y a todas las personas
que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida,
igual agradecerle a toda la gente. Pero debo ser
positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo
estar con los padres y luchar, encontrarlos.
Informe Ayotzinapa del GIEI
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala es demoledor: evidencia que el gobierno federal mintió al presentar su “verdad histórica”. Las mentiras del “Cansado” Murillo Karam, entonces Procurador de la República, expresan la versión oficial del gobierno federal (sigue siendo la versión oficial, no la han modificado), de donde la responsabilidad de Peña Nieto es ineludible. Al Procurador lo nombra el Presidente, por lo que es responsabilidad de éste el desempeño profesional de su subordinado; y EPN asumió las mentiras de Murillo cuando llamó a “superar Ayotzinapa”.
La afrenta es enorme. Enrique Peña Nieto mintió a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los 6 asesinados, a los 27 heridos, a un estudiante que permanece en coma. Peña mintió al pueblo de México. Peña mintió a la comunidad internacional. Como ha quedado científicamente demostrado, no hubo incineración masiva en el basurero de Cocula, por lo que la “verdad histórica” del gobierno mexicano (que sigue sosteniendo) se ha derrumbado estrepitosamente. Peña, “El Cansado” Murillo, el general Cienfuegos y Osorio Chong –por lo menos- deben ser enjuiciados. Para eso primero deben renunciar a sus cargos y no lo harán por voluntad, sino obligados por la protesta social.
Hay una línea de continuidad que enlaza al 2 de octubre de 1968 con los asesinatos y desapariciones del 26 y 27 de septiembre: la impunidad. No olvidemos que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa se encontraban en Iguala para botear y tomar camiones con el fin de participar en la marcha del 2 de octubre. Como ha demostrado el GIEI, los estudiantes no iban a protestar ni a impedir el informe de la esposa del alcalde Abarca, no, se preparaban para protestar –una vez más- contra el asesinato de decenas o quizás centenares de estudiantes, amas de casa, trabajadores, ocurrido en Tlatelolco hace 47 años. Se preparaban para protestar contra un crimen cometido por el Estado, y el Estado mismo los asesinó, torturó, desapareció.
Crimen, el del 2 de octubre, que sigue impune. Como impune sigue el crimen del 10 de junio, pese a que en su momento se anunció que habría una investigación a fondo. Impune también el crimen de Aguas Blancas. Impune el crimen de Acteal, pese a que fueron encarcelados varios asesinos, pero nunca fueron procesados los autores intelectuales de la masacre. Como impune sigue el crimen de San Salvador Atenco, el de Tlatlaya, el de Tanhuato, el de Apatzingán y tantos otros. Impunidad en la Casa Blanca de Peña, en la casa de Malinalco de Videgaray, en el desfalco del fondo de pensiones en el estado de Veracruz. Impunidad en el asesinato de Regina Martínez y de Rubén Espinosa, periodistas de Veracruz. Impunidad en el asesinato de Nadia Vera, antropóloga de la Universidad Veracruzana. Impunidad en la golpiza a 8 estudiantes de esta misma universidad. Impune sigue el crimen cometido por el Estado el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Si hay una verdad histórica es que la impunidad campea en México. De hecho, hay una producción institucional de la impunidad: a través de leyes que se contradicen y anulan, mediante la confusión de funciones en cargos, direcciones y secretarías, a través de medios de comunicación que construyen agendas a modo, mediante acarreados que apoyan a delincuentes, por medio de golpizas, desapariciones y asesinatos a voces críticas, mediante el nombramiento de funcionarios que investigan la corrupción del mismo que los nombró y sobre todo con viles mentiras. La impunidad se produce con y por las mentiras que el mismo gobierno profiere.
No es sencillo desguazar la producción institucional de la impunidad, pero es la tarea más urgente que debemos emprender. El informe del GIEI es un argumento de peso para luchar contra la impunidad y exigir justicia, pero el informe por sí mismo no va a producir ningún resultado. Es necesaria, imprescindible, la movilización social. ¿Lograremos acabar con la impunidad? Sin duda: estamos más cerca de Guatemala que de los Estados Unidos.
