Ignoraron PGR y TSJ abuso sexual a los niños que murieron en Magdalena Contreras

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Ignoraron PGR y TSJ abuso sexual a los niños que murieron en Magdalena Contreras

Paola Atziri Paz

Los peritajes sobre el suicidio de Mireya Agraz Cortés, quien asesinó a sus tres hijos para evitar que quedaran bajo la tutela de su padre, comprueban que al menos uno de los niños sí fue víctima de abuso sexual por parte de su padre. A pesar de que la Procuraduría de Justicia de la República lo negó, así lo denunciaron 40 organizaciones civiles.

Durante una rueda de prensa, los defensores de derechos humanos informaron que en el caso se violaron principalmente los derechos humanos de las hijas gemelas de seis años y de otro menor de 10, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) concedió la patria potestad al padre, Leopoldo Olvera Silva, aun comprobada la violencia sexual que éste ejerció contra sus hijos.

Mireya Agraz Cortés asesinó a sus tres hijos, a su padre y luego se suicidó el pasado 8 de junio, debido a la desesperación y falta de justicia durante seis años, señalaron las organizaciones.

De acuerdo a la información de diversos medios de comunicación, Mireya se separó de su pareja y padre de sus hijos en el año 2011. Después de un año, y en la lucha por la potestad de sus hijos, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó al Sistema Integral Para la Familia (DIF) que realizara estudios al hijo mayor y determinara si  había sido víctima de abuso sexual.

Según los defensores de derechos humanos, el informe del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” confirmó las agresiones del padre al menor. Sin embargo, el apoyo de las instituciones y las autoridades nunca llegó. Además, informaron que después de dos años, en el 2013, el estudio de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) también comprobó el abuso sexual.

A pesar de esto, la juez Cristina Espinosa Rosello del Juzgado Décimo de lo Familiar del TSJ capitalino ignoró ambos informes, por lo que Mireya Agraz Cortés interpuso las denuncias penales ante el ministerio público de la Fiscalía Central de Delitos Sexuales y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Así, la juez Espinosa se declaró incompetente para el seguimiento del caso, y el Juzgado Once de lo Familiar se hizo cargo con la juez Silvia Araceli García Lara, quien finalmente dio la patria potestad al padre de los niños y advirtió a la madre que de no cumplir con la resolución la llevaría a la cárcel. 

Es por esto, que las organizaciones civiles señalaron que la falta de rigor jurídico y la ineficiencia de las autoridades para dar seguimiento al caso, impidieron otorgar justicia a favor de Mireya y su familia.

“A los niños se les estaba obligando a convivir con un violador. Mireya y sus hijos perdieron la vida por un mal tratamiento de justicia en el país que buscaron por seis años”, dijo Karla Micheel Salas de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANDA).

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