"En México se viola el derecho humano al agua": relator de la ONU
Paola Atziri Paz
El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y el Saneamiento, Léo Heller, dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a nuestro país y concluyó que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.
En una conferencia de prensa, el relator se declaró sorprendido porque las malas condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional ni al Índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional y menos aún a las cifras oficiales que el gobierno mexicano da a conocer.
Durante su visita en México, Léo Heller estuvo en comunidades de Chiapas, donde presenció la problemática sobre el acceso y la explotación del agua, y señaló que "la situación ahí era peor de la que había visto en varios países africanos".
Además, señaló su preocupación debido a que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos e informó que el presupuesto federal para este servicio se ha reducido en más de 37 % de 2016 a 2017. Asimismo, dijo que las estadísticas sobre que el 94 % de la población mexicana tiene acceso al agua potable y el 93 % al saneamiento, no se traducen en acceso real en las casas de las personas.
“En Chiapas visité comunidades indígenas que han sido provistas con proyectos de infraestructura que han dejado de funcionar de manera efectiva y que ahora han tenido que volver a utilizar fuentes de agua superficiales para obtener agua potable que claramente plantean un riesgo para la salud de los miembros de la comunidad debido a la mala calidad del agua”, apuntó Heller.
De acuerdo con la información dada por el relator, en Tuxtla Gutiérrez hay costosas plantas de tratamiento de aguas residuales, pero no funcionan debido a la falta de mantenimiento. "Me alarmó conocer que de 194 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas, sólo 12 están en funcionamiento, teniendo como resultado un importante problema de contaminación de las fuentes de agua", señalò en la conferencia. Además, la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas, de más de 200,000 habitantes, no cuenta con tratamiento de aguas residuales.
Finalmente, hizo énfasis sobre la importancia de la población indígena debido a que son una significativa proporción de la población y tienen culturas, costumbres y prácticas específicas, incluso en su relación con el agua y los residuos, mismas que deben ser consideradas y respetadas en la provisión del servicio. "Un enfoque basado en los derechos humanos al agua y al saneamiento debe reconocer las necesidades de la gente y ubicarlas en primer lugar de prioridad en todo el país", indicó el comisionado.
Ante este panorama, organizaciones y representantes de la sociedad civil de Chiapas le entregaron al relator de la ONU una serie de recomendaciones:
- Urgir al Estado Mexicano para que las concesiones que otorga CONAGUA para la explotación de agua en Chiapas y en el resto del país prioricen la disponibilidad y accesibilidad de este líquido.
- Solicitamos que la concesión para la explotación de los acuíferos por la compañía refresquera Coca-Cola FEMSA (Inmobiliaria del Golfo SA de CV) en San Cristóbal de Las Casas sea inmediatamente revisada y revocada.
- En necesario proveer de agua segura para sus habitantes, y de manera especial para las escuelas públicas y la población en situación de vulnerabilidad, particularmente indígena.
- Solicitamos que, debido a la importancia que tiene el ecosistema único de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas, recomiende a los gobiernos estatal y federal que estos sean declarados área natural protegida con carácter expropiatorio.
- Solicitamos de parte del Relator una atención especial a la relación entre agua y mujeres de cara al acceso universal al agua potable y para los hogares, debido a las desigualdades de género en el acceso al agua potable.
- Recomendar al Estado Mexicano la puesta en marcha de mecanismos de protección para la salvaguarda de las relaciones simbólicas de la población indígena con el agua de acuerdo a los contextos socio-culturales de cada grupo étnico y su territorio.
- Que la toma de decisiones en los espacios de participación sea un proceso de análisis, con información detallada y participación igualitaria
