El huerto (7 de agosto 2015)

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Por Víctor García Zapata

Director de la Fundación para la Democracia

@victorgzapata

 

 

La actualidad municipalista: reivindicación en conflicto

   

Los resultados de las elecciones municipales del 24 de mayo en España, en tanto enmarcadas en la frenética aparición de nuevos actores político–electorales, trajeron a cuento, una vez más, el debate sobre la importancia y el alcance de los Gobiernos Locales como actores privilegiados de la construcción democrática, dado que son las instancias de mayor proximidad entre el ciudadano y las instituciones.

 

Si bien el momento español está marcado por la aparición de Podemos, lo cierto es que en el ámbito local jugaron muchos actores que demuestran las variantes y la complejidad de dicha dimensión de la lucha política. Son experiencias de agregación de luchas sociales – micropolíticas que apuestan a la disputa sistémica a partir del contacto directo con el ciudadano. En la confluencia Ahora Madrid, por ejemplo, pesaron, además de la formación de Pablo Iglesias, una serie de colectivos, proyectos barriales y organizaciones sociales que tienen como ámbito de influencia el espacio comunitario. En la ciudad de Valencia ganó Compromis, partido soberanista arraigado en las escuelas valencianas y en el circuito de organizaciones comprometidas con la lengua y la identidad valenciana desde una perspectiva definidamente de izquierda. Pero, sin lugar a dudas, el caso más significativo, por todo lo que involucra, es el de la ciudad de Barcelona, en donde Ada Colau conjuntó los esfuerzos de los Círculos locales de Podemos, pero sobre todo de las CUP (Candidaturas de Unidad Popular) y de la PAH (Plataforma contra los desahucios). El seguimiento al desempeño de estos gobiernos es importante tanto para identificar cuál es su impacto en las elecciones generales, como para evaluar su real capacidad transformadora en función de sus atribuciones, capacidades y facultades.

 

En el caso mexicano, la situación muestra no menor importancia pero sí mayores dificultades.

 

Desde la Constitución de 1824, el municipio es concebido como espacio privilegiado para el ejercicio de la soberanía popular, por ello su gran valor en la construcción democrática. El municipalismo ha sido desde la construcción postrevolucionaria de 1910 una reivindicación de las organizaciones sociales en México, en el entendido de que un municipio fuerte es indicador sólido de mayor democracia.

 

Actualmente, el municipalismo enfrenta momentos complicados debido a varias definiciones en conflicto. Hoy, más que nunca, el tercer nivel de gobierno aparece en el imaginario como el espacio de la disputa violenta y de la corrupción, facilitando las nociones antidemocráticas que optan por volver a esquemas centralizadores y discrecionales, tanto en el ejercicio del gasto como en decisiones políticas.

 

La primera disyuntiva que habría que mencionar tiene que ver con el papel que el municipio juega en las discusiones sobre reforma del Estado, en donde el movimiento indígena, también con afán democratizador, ha puesto el énfasis en el establecimiento de la comunidad como cuarto nivel de gobierno.

 

Por otro lado, la quiebra, el endeudamiento y las múltiples formas de corrupción entre las autoridades municipales y el crimen organizado, han provocado restricciones al ejercicio de los fondos de apoyo a municipios, que, con base en indicadores sobre resultados y desempeños, se ejercen con alto grado de discrecionalidad por la Secretaria de Hacienda.

 

En relación con el crimen organizado, hay que decir que algunos analistas (Edgardo Buscaglia, entre otros) indican que el 78% de las estructuras municipales en México están ocupadas en algún nivel por miembros de organizaciones del crimen organizado, ya sea mediante cuerpos policiacos infiltrados o por funcionarios de obras públicas impuestos por los cárteles, mediante amenazas o complicidad. Lo cierto es que el presupuesto municipal es fuente de financiamiento del narco y la estructura de los ayuntamientos espacio de control de las disputa entre cárteles y de éstos contra la ciudadanía.

Si a esto le sumamos la militarización por la “guerra contra el narco” y otros factores expulsores de población como la política de desarrollo metropolitano y abandono del campo, encontramos un escenario municipalista ciertamente debilitado pero urgido de reconocer que, consecuentemente, es ahí donde se encuentra la dimensión estratégica de la democratización no concluida del régimen político mexicano.

 

A diferencia de otros países, y quizás por la trayectoria de la transición democrática en México, la reivindicación municipalista es defendida por tres asociaciones de municipios, pertenecientes cada una a un partido político distinto, haciendo depender el esquema de desarrollo municipal de las visiones partidarias.

 

Modificar esta situación, fortalecer la noción del municipio como espacio constructor de bienestar, de gobierno y de participación ciudadana, depende de recuperar los impulsos de la sociedad civil que, por ejemplo, en los años 70 y 80 crearon centros de estudios municipales, como el emblemático Centro “Heriberto Jara” y ONG con mirada integral, y no solo consultoras para facilitar el acceso a fondos.

 

Depende también del fortalecimiento de genuinas candidaturas independientes como la de Pedro Kumamoto en Zapopan, que se plantea irradiar desde lo local nuevas formas de hacer política.

 

 

 

 

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