Demofobia y tentaciones aristocráticas

Demofobia y tentaciones aristocráticas

Ricardo Bernal

Doctor en Filosofía Moral y Política (UAM-I). Profesor de filosofía social y filosofía de la historia (La Salle)

@FPmagonista

 

 

 

 

Demofobia y tentaciones aristocráticas

Uno de los principales argumentos contra el gobierno democrático en la Antigua Grecia ha sido atribuido a Pseudojenofonte cuyas palabras parecen resumir las convicciones de los sectores oligárquicos de la época: “en el pueblo hallamos mucha ignorancia, superlativos desorden y vileza, pues la pobreza les lleva más y más en la dirección de las malas costumbres”.[1]

Este razonamiento se mantiene casi intacto en el propio Aristóteles, quien frecuentemente identifica la riqueza con la virtud y la pobreza con el vicio. Así, por ejemplo, en el Libro A de La Política el filósofo afirma: “Los otros pueblos que constituyen las restantes clases de democracia, son, por lo general muy inferiores, pues su género de vida es inferior, y entre los trabajos de los que se ocupa un pueblo de artesanos, de mercaderes y de asalariados no hay ninguno virtuoso”.[2]      

En realidad, este tipo de argumento no puede ser considerado como una excepción ya que representó la regla de las sociedades occidentales hasta hace muy poco. Incluso John Adams, uno de los “padres fundadores” de los Estados Unidos, escribía en el siglo XVIII: “Los hombres en general, de cualquier sociedad, que están totalmente desposeídos de tierra conocen tan poco los asuntos públicos que no pueden opinar rectamente, y dependen tanto de otros hombres”.

Adams recurría al mismo discurso que legitimaría la implementación del sufragio censitario en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Un procedimiento que limitaba la llamada “ciudadanía activa” a los propietarios y excluía tanto a las mujeres como a los trabajadores asalariados de la participación política. De Benjamín Constant a Guizot y de Baudelaire a Nietzsche gran parte de los intelectuales del siglo XIX fueron profundamente demófobos.

La narrativa usual del liberalismo contemporáneo pretende afirmar que las democracias modernas comenzaron con las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII inspiradas en el espíritu del liberalismo político emergente. Esto es por lo menos controvertido, cuando no históricamente inexacto. En su origen las corrientes liberales europeas fueron enteramente contrarias al sufragio universal, y, al parecer, este núcleo demofóbico permanece como una amenaza latente en el corazón del liberalismo hasta nuestros días.

Estrictamente hablando es al jacobinismo francés, inglés e incluso haitiano, al movimiento obrero internacionalista, a las corrientes socialistas y antiesclavistas en Europa y América y, finalmente, al movimiento feminista mundial, a quienes debemos la ampliación universal de los derechos políticos, condición necesaria pero no suficiente de las democracias modernas.

En cierto sentido, la historia de la democracia moderna puede pensarse como la historia de la pérdida de legitimidad de aquellas explicaciones que se esforzaban por establecer gradaciones destinadas a calificar la capacidad o incapacidad de intervenir en las decisiones públicas por parte de los actores sociales.

En efecto, fue en el momento en que dejamos de suponer que el demos, la plebe, los trabajadores dependientes, las personas de color o las mujeres estaban incapacitados para intervenir en el ámbito público o lo hacían peor que los aristos, los patricios, los propietarios o los hombres blancos, cuando la democracia moderna entró en escena con todas sus virtudes y también con sus inevitables defectos.    

Sin duda, es por ello que resulta sumamente preocupante el retorno de una narrativa que pretende diferenciar entre quienes intervienen adecuadamente en el espacio público y quienes lo hacen de forma deficiente, atendiendo o dejando de atender a un determinado conjunto de convicciones.

Uno de los síntomas más preocupantes de la victoria de Trump y del triunfo del sí en el Brexit fue la reacción de ciertos sectores liberales que terminaron por caracterizar a los votantes opositores como ignorantes e incultos. En casos extremos hubo quienes sugirieron, mitad broma, mitad en serio, restringir el derecho a votar para aquellos sectores que mostrarán tener un determinado grado de conocimiento.

La tentación aristocrática suele reaparecer en momentos de crisis democrática. Y tiende a sustituir las explicaciones complejas en términos políticos, económicos, sociológicos y culturales, por una partición simplista entre los virtuosos y los viciosos, entre las élites intelectuales y el pueblo ignorante.  

Si el populismo es una de las reacciones posibles de la sociedad ante el agotamiento institucional de las democracias procedimentales capturadas por las exigencias de la globalización neoliberal, la tentación aristocrática es su contracara. Mientras que esencialmente el primero construye el antagonismo fundamental de la comunidad política entre el pueblo y las élites, el segundo suele hacerlo entre los mejores y los peores: entre los representantes de la virtud y el conocimiento, y los representantes de la ignorancia y la corrupción.

Aunque en el peor de los casos el populismo puede construir una idea de pueblo en torno a un nacionalismo excluyente y xenófobo, como en el caso de Trump, también puede hacerlo articulando las demandas no satisfechas por las instituciones mediante la denuncia de las estructuras económicas existentes y la captura de las instituciones políticas.

En cambio, todas las caras de la tentación aristocrática tienden a dejar fuera a las mayorías. Sea en su versión más conservadora, construida en torno a la virtud religiosa; sea en su versión tecnocrática, en la cual sólo los miembros de un saber técnico deben tomar las decisiones importantes de una nación; sea, finalmente, en su versión liberal-progresista, para la cual la ignorancia de los sectores no ilustrados merma una virtual armonía social que se alcanzaría cuando todos compartieran sus convicciones morales e intelectuales.  

En ese sentido, uno de los recursos naturales de la tentación aristocrática es echar mano de la apelación a la superioridad moral o intelectual de sus miembros para marcar su diferencia con el otro. Centrar el discurso de este modo, no sólo tiende a anular la diversidad de las causas que explican las crisis sociales, sino que generalmente termina en posiciones de tal arrogancia que anulan la posibilidad de ser asumidas como una interpelación plausible por sectores más amplios de la población.  

A mi entender, esa es una de las principales deficiencias del progresismo liberal que, en los últimos años, ha hecho suyas causas totalmente irreprochables. En lugar de asumir el reto populista de articular una mayoría capaz de sentir como suyas esas exigencias, tiende a descalificar e incluso ridiculizar a los sectores plebeyos por su ignorancia e inconsciencia, sin acabar de entender que su posición sólo es posible por una cadena de privilegios que excluye a las grandes mayorías debido a injusticias sociales sistemáticas.  

Una de las principales críticas que desde el liberalismo progresista se lanza a quienes asumen la necesidad de construir una alternativa política donde las mayorías populares no queden excluidas es aquella que rehabilita el argumento tocquevilleano de la tiranía de las mayorías en el contexto de las democracias modernas sujetas a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

En realidad, se dice, las decisiones del pueblo no necesariamente son las mejores e incluso pueden ser contrarias a la garantía de los derechos fundamentales de las minorías. Las democracias modernas, continúa el argumento, han establecido un conjunto de procedimientos que no pueden depender de las decisiones siempre veleidosas de las masas y el paradigma de los derechos humanos implica un conjunto de derechos que no son decidibles por la voluntad popular, sino que deben ser comprendidos como la condición sine qua non de la democracia.

Estos argumentos son irreprochables. Sin embargo, con los liberales progresistas ocurre lo mismo que con aquel policía polaco que protagoniza un chiste retomado por Slavoj Zizek: “Después de un golpe militar, las patrullas tenían derecho a disparar sin advertir a las personas que transitaban las calles después del toque de queda marcado a las diez de la noche. Un policía ve a alguien con prisa cuando faltaban diez minutos para las diez y le dispara de inmediato. Cuando su colega le pregunta por qué ha disparado si faltaban aún diez minutos para el toque de queda, él responde: Conocía al tipo y vive lejos de aquí, osea que no llegaría a las diez, así que para simplificar le he disparado de una vez”.

Como el policía polaco, el liberalismo progresista suele adelantarse en sus conclusiones y disparan antes de tiempo. En realidad, el verdadero problema para quienes asumimos la necesidad de un populismo de izquierda no consiste en aceptar el clamor furibundo de las masas como un mandato al que habría que obedecer a cualquier costa. Todo lo contrario, implica asumir que los procedimientos democráticos y los derechos humanos no se realizarán plena y efectivamente si se excluye a las mayorías tanto de sus procesos de implementación como en su asimilación cultural cotidiana.

Lo verdaderamente difícil no consiste en oír los cantos de sirena de la tentación aristocrática para evidenciar la supuesta ignorancia de las masas populares y de sus líderes antimodernos, sino en asumir el reto de construir una alternativa política capaz de defender las causas más progresistas con en el demos dentro. Sospecho, sin embargo, que esto difícilmente podrá hacerse pretendiendo construir la opción de los sin parte, de los no representados, desde círculos de élite que siempre han tenido parte, a través de un pistoletazo -Hegel dixit– de demagogia progresista sin ningún arraigo popular.

[1] Domènech, Antoni, El eclipse de la fraternidad, Crítica, Barcelona, 2003,p.25.

[2] Ibid.p.49.

 

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1 Comment

  1. Néstor Gilberto

    Mientras no se instituya constitucionalmente un poder ciudadano apartidista que equilibre a los ya existentes poderes ejecutivo, legislativo y judicial, jamás habrá una democracia participativa y equitativa real.

    Ese poder ciudadano apartidista también debe ser electo por sufragio directo, personal y universal, y estaría encargado de instituciones como la PGR, IFAI, INE, TEPJF, SFP, INEGI, AUDITORÍA DE LA FEDERACIÓN y de todos los órganos descentralizados que deberán ser independientes de los otros tres poderes, para combatir la corrupción y la impunidad. Y éste a su vez equilibrado por los otros tres poderes.

    Apartidismo no significa ausencia de ideología socio política y económica, sino contraparte equilibrante de la nociva partidocracia vigente.

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