Alejandro Saldaña Rosas
Sociólogo. Profesor Investigador de la Universidad Veracruzana
Twitter: @alesal3 / Facebook: Compa Saldaña
Veracruz: herida abierta
¿Adónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales
¿Y cuándo vuelve el desaparecido?
Cada vez que los trae el pensamiento
¿Cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro
Rubén Blades. Desapariciones
La crisis de derechos humanos en Veracruz es profunda, dolorosa y con implicaciones que aún no podemos estimar, sin embargo, por experiencias en otros países (como Colombia, Guatemala o Argentina) es posible conjeturar que pasarán varias generaciones para que la herida en el tejido social cicatrice. La crisis de derechos humanos en la entidad se expresa con toda su violencia en los miles de desaparecidos, en la incansable búsqueda de sus familiares y en la incapacidad de las autoridades tanto para reconocer el problema como, sobre todo, para resolverlo y llevar justicia a miles de familias veracruzanas.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz reconoce que hay 5,000 personas desaparecidas, lo que de suyo es indicador de las dimensiones del problema. No obstante, de acuerdo con los registros del Colectivo Solecito, son más de 28,000 el número de desaparecidos. En esta liga puede usted leer la información: http://plumaslibres.com.mx/2017/02/17/no-5-mil-desaparecidos-suman-mas-28-mil-veracruz-denuncia-colectivo-solecito/
La insensibilidad de las autoridades, particularmente de la Fiscalía General del Estado, es insultante: las familias no solamente deben cargar con la ausencia de sus hijos, sus esposos, sus hermanas, sino también con la estulticia, la abulia y la incapacidad de los responsables de las investigaciones. Pese a las pomposas declaraciones, las infértiles reuniones y las infinitas promesas, lo cierto es que los expedientes se acumulan y miles de familias siguen en la desolación y la angustia. Y si las autoridades estatales han demostrado absoluta insensibilidad, el gobierno federal por su parte también ha sido omiso, lerdo, pusilánime. No se entiende de otra forma la grosería del 17 de febrero de hacer esperar más de tres horas a los colectivos de familiares de desaparecidos para una reunión con el fiscal Jorge Winckler y el subdelegado de derechos humanos de la Segob, Roberto Campa. Por supuesto, las autoridades se ganaron a pulso el repudio de los asistentes, quienes, en un acto altamente simbólico, les dieron la espalda. Aquí puede usted leer la nota y ver el video: http://plumaslibres.com.mx/2017/02/17/tras-tres-horas-espera-familiares-desaparecidos-dan-la-espalda-fiscal-lo-encaran/
Las evidencias recabadas por periodistas y por los familiares de los desaparecidos permiten conjeturar que una proporción muy elevada de las desapariciones han sido forzadas, esto es realizadas por policías, militares, marinos o cualquier otro funcionario del Estado. Uno de los casos paradigmáticos es el de Marcos Conde, policía a las órdenes de Arturo Bermúdez Zurita (ex Secretario de Seguridad Pública, hoy en prisión, sujeto a investigación), quien fue señalado como el responsable de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, en enero de 2016. Antes de ser delegado de la SSP en Tierra Blanca, Conde estuvo asignado al municipio de José Cardel –contiguo a Veracruz- en una época en que las desapariciones en la zona eran cotidianas. Pese a las denuncias en su contra, Marcos Conde continuó operando bajo el cobijo de su jefe Bermúdez Zurita, quien a su vez delinquió protegido por el hoy prófugo Javier Duarte. Como podemos observar, se trata de una cadena de mando caracterizada por un intrincado juego de complicidades, latrocinios y pago de favores en el que los veracruzanos fueron las principales víctimas.
La hipótesis sobre la complicidad, cuando menos, de cuerpos policiacos y militares en la desaparición de miles de personas adquiere fortaleza por los hallazgos de cientos de restos humanos localizados en un predio cercano a Colinas de Santa Fe, en Veracruz; es prácticamente imposible que allí hayan sido sepultadas cientos o miles de personas sin la participación de policías, soldados y/o marinos puesto que el predio se ubica a 20 kilómetros aproximadamente del recinto portuario de Veracruz, resguardado por la Marina; además, los colectivos de familiares que han encontrado los restos humanos en ese predio señalan que seguramente se utilizaron máquinas para las excavaciones de las fosas clandestinas. De acuerdo con información proporcionada por el colectivo Solecito, son 220 los cuerpos encontrados hasta el momento y aún falta por indagar en la mayor parte de ese terreno.
A todas luces estamos ante un fenómeno que rebasa, y por mucho, el ámbito jurídico para instalarse incluso como un problema de salud colectiva: el impacto en las subjetividades seguramente es de alto calado, si bien aún hay poca investigación que permita dimensionar con justeza el problema y diseñar políticas públicas para atenderlo en toda su complejidad. De la misma forma estamos ante un problema de orden político, por cuanto la violencia y la inseguridad erosionan los frágiles andamios de la democracia mexicana. Y qué decir que se trata también de un fenómeno con alto impacto negativo en la economía, no sólo por la falta de certidumbre para los inversionistas sino también por la merma en la economía de las familias de los desaparecidos. Así, estamos ante un problema poliédrico que requiere respuestas integrales y de largo plazo.
Paulatinamente y tal vez dubitativamente, la academia ha comenzado a tender puentes de comunicación con los colectivos de familiares de desaparecidos y con las autoridades estatales y federales. En esta tesitura se inscribe el Foro de Seguridad Ciudadana, Acceso a la Justicia y Víctimas en Veracruz, que se desarrollará los días 23 y 24 de febrero en el Congreso del Estado de Veracruz. Convocado por académicos de la UV, del CIESAS, del COLVER y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el foro representa una oportunidad para construir una agenda de trabajo con los legisladores tendiente a superar los múltiples y complejos problemas en materia de seguridad y justicia. Esa agenda de trabajo debe ser un instrumento eficaz para atender los reclamos de los colectivos de familiares de desaparecidos y de una vez por todas llevar justicia a todo el estado de Veracruz.
Esperamos, exigimos, que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y que no solamente acudan al foro (están obligados), sino que se comprometan en acciones de trabajo junto con los colectivos y los académicos. Es tiempo de pasar de la denuncia y el diagnóstico a políticas públicas dotadas de los instrumentos jurídicos necesarios para la impartición eficaz y expedita de la justicia.
