Luis Hernández Navarro
Coordinador de Artículos de Opinión de La Jornada
Twitter: @lhan55
El cuerpo sin vida del periodista Armando Saldaña Morales apareció el pasado 4 de mayo en Cosolapa, Oaxaca. Tenía heridas de bala y señales de tortura. El municipio es vecino del estado de Veracruz. Él laboraba en el área de noticias de la estación Ke Buena 100.9 F.M. en Tierra Blanca, Veracruz.
Casi un mes después, el 2 de julio, no lejos de allí, en Miahutlán, Oaxaca, asesinaron de cinco disparos al locutor de radio de la estación La Favorita, Filadelfo Sánchez Sarmiento. Los matones lo esperaban al salir de su espacio informativo.
Ese mismo día, fue encontrado muerto en Boca del Río, Veracruz, Juan Mendoza Delgado. Durante 16 años había sido reportero de la fuente policial del diario El Dictamen. Hace apenas dos años, se independizó, y junto a otros colegas fundó el portal Escribiendo la Verdad.
A comienzos de este año, el 2 de enero, el periodista Moisés Sánchez fue secuestrado por un grupo armado que entró a su casa en el estado de Veracruz. Eran las 7.30 de la tarde y la víctima dormía, cuando nueve personas con el rostro cubierto, que viajaban a bordo de cuatro automóviles y una camioneta, irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron. Entraron armadas con metralletas, revisaron papeles y se llevaron documentos, su cámara fotográfica, su laptop, su celular y su tablet. La policía tardó horas en llegar al lugar. Veintitres días después fue encontrado muerto.
Moisés Sánchez, director de La Unión de Medellín, era el onceavo periodista asesinado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que tomó posesión el primero de diciembre de 2010. Ahora van doce. Además de los homicidios, en ese mismo lapso de tiempo han habido cinco desapariciones de profesionales de los medios de comunicación y 132 ataques contra la prensa local.
Lo que sucede en el estado de Veracruz es muy grave, pero dista de ser una excepción. En amplias zonas de México, de manera destacada en la frontera con Estados Unidos o donde impera el narcotráfico, los comunicadores han sido víctimas de todo tipo de agresiones.
En junio de 2011, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que México era el país más peligroso del continente americano para los comunicadores. Documentó 66 casos de asesinatos de periodistas ocurridos entre 2000 y 2010, y 12 desaparecidos entre 2005 y 2010, de los cuales muy pocos fueron esclarecidos.
Lejos de disminuir, la cifra de agresiones contra medios y reporteros ha seguido creciendo. Tan sólo en 2013 se registraron y documentaron 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación. Este fue el año con más agresiones documentadas desde 2007.
Los informes de la organización Artículo 19 han documentado tres hechos escalofriantes: 1) que los ataques contra los comunicadores van en aumento en México; 2) que prevalece la impunidad en la mayoría de los casos; y 3) que en más de la mitad de las agresiones se advierte como presuntos responsables a actores vinculados al poder público.
En abril de 2012, fue aprobada una nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A lo largo de 2013, se comenzaron a instrumentar ciertos mecanismos de protección a los periodistas, que implican adoptar medidas cautelares y, en algunos casos, la protección policíaca de la persona amenazada.
Sin embargo, pese a ello, la violencia contra los comunicadores sigue en escalada. El pasado 3 de febrero, la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) y las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) presentaron un informe en el que señalaron como insuficiente la nueva legislación, al considerar que no ha proporcionado respuestas oportunas y eficaces a las peticiones de protección.
El documento culpa al gobierno mexicano de desacreditar y criminalizar a los defensores y organizaciones de derechos humanos. Cita otras deficiencias, como la falta de personal y de recursos, así como la poca colaboración entre el Gobierno federal y los estatales. Destaca, además, los niveles de impunidad que han gozado los perpetradores de crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
La otra cara de la moneda del problema de la falta de libertad de prensa en México es la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación. Así lo reconoce el diagnóstico presentado por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, después de una visita a México que tuvo lugar en agosto de 2010.
El 96 por ciento de las estaciones comerciales de televisión están en manos de dos empresas, y el 80 por ciento de las emisoras de radio son propiedad de 13 grupos comerciales. Así mismo, hay grupos que controlan decenas de radiodifusoras.
Para contrarrestar está situación se promulgó en 2014 una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ella se estableció la creación de una nueva cadena de televisión, que hasta el momento no se ha materializado. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil hicieron fuertes críticas a la nueva norma. Según ellas, se limitan las atribuciones del organismo regulador que debiera ser autónomo; se eluden los mecanismos necesarios para combatir eficazmente los monopolios mediáticos; se restringe a los medios públicos y los de uso social, y se ignoran los derechos de las audiencias.
El pleno goce de la libertad de prensa en México enfrenta hoy graves y diversos obstáculos. Dar garantías a los periodistas en el ejercicio de su profesión, combatir la impunidad, limitar el poder de los monopolios y abrir espacios a los medios de comunicación públicos son tareas centrales. Y en esta labor, hay que impedir que asesinatos como los de Armando Saldaña, Filadelfo Sánchez y Moisés Sánchez sigan sucediendo.
