Apoya Sedena iniciativa del PRI para militarizar seguridad interior

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Apoya Sedena iniciativa del PRI para militarizar seguridad interior

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respaldó la iniciativa de ley sobre seguridad interior presentada por el PRI. Ésta consiste en otorgar un marco jurídico a las fuerzas armadas para el uso legítimo de la fuerza en operativos contra las que podrían considerar amenazas a la estabilidad, paz o seguridad pública. Se tomarán en cuenta casos de corrupción, narcotráfico o terrorismo.

El proyecto de ley fue elaborado por César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y por la legisladora Martha Sofía Tamayo.

Con relación al tema de seguridad interna, Camacho Quiroz afirmó: "deriva de una de las funciones primarias e irrenunciables del Estado, tanto para su propia subsistencia como para garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades de sus habitantes, mediante la adopción de todo tipo de medidas políticas, económicas y sociales, incluyendo el ejercicio del monopolio del uso legítimo de la fuerza".

De igual forma, dado que los priistas consideran que la seguridad interior es un punto fundamental en la seguridad nacional, de aprobarse la ley, el presidente de México podría disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente.

Algunas de las operaciones que se incluyen en la propuesta son: escoltas de seguridad, destacamentos de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas; puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, así como reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas, entre otras que consideren necesarias.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Nacional, por lo que también se prevé que marinos y militares puedan "hacer uso de cualquier método de recolección de información".

La intervención sería de dos tipos: acciones de seguridad interior y acciones de orden interno. Las primeras serán aplicadas con una previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, que no implica una suspensión de garantías. Por otro lado, las segundas son de carácter permanente, como el eje preventivo de la seguridad interior, donde se anticipará la acción del Estado frente a los fenómenos que pongan en riesgo la seguridad interior.

Por otra parte, se contempla el apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, para establecer cómo será la intervención de la Federación en temas de seguridad interior, al igual que del secretario de Gobernación para coordinar el análisis estratégico de las amenazas.

Asimismo, Camacho afirmó que las respectivas leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y de la Armada de México tienen como objetivo coadyuvar en la seguridad interior del país.

Desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) la militarización de la seguridad pública ha sido un problema recurrente y delicado que hasta 2013 había causado la muerte de al menos 80 mil personas y 25 mil desaparecidos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentó en abril de 2013 un informe al Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, donde señaló que los intentos por combatir la delincuencia organizada por medio de las Fuerzas Armadas sólo provocó el aumento de violaciones graves a los derechos humanos en el país.

La CMDPDH informó que "en muchas ocasiones, las ejecuciones extrajudiciales son disfrazadas por las autoridades, alterando la escena del crimen e inculpando falsamente a víctimas inocentes como sicarios o delincuentes".

En junio de 2014, Christof Heyns, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano deshabilitar la militarización del país. En el informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, apuntó que las personas se ven sometidas a diferentes atropellos por parte de los soldados. Además, no hay suficiente rendición de cuentas por ese tipo de actos en el sistema de justicia militar, ya que éste “ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados acusados de haber cometido abusos graves”.

La CNDH hizo 52 recomendaciones entre 2006 y abril de 2013 sobre violaciones al derecho de la vida; 39 estuvieron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.

Desde 2014 algunas de las recomendaciones que el relator hizo a México y que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fueron:

-Que los funcionarios gubernamentales no hagan declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte sin haber examinado los hechos debidamente y que jamás se estigmatice a las víctimas de la violencia.
-Crear una base de datos pública consolidada, que contenga información desglosada sobre los homicidios.
-Adoptar medidas para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de militares.
-Adoptar medidas para que las autoridades no alteren las escenas del crimen y garantizar que las autoridades que obstruyan las investigaciones rindan cuenta de ello.
-Aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza.
-Crear una institución nacional de servicios forenses.
-Iniciar con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales y diligentes de los homicidios de mujeres, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, niños, reclusos y personas LGBT.
-Tipificar el feminicidio en todos los códigos penales.
-Crear un corredor seguro para los migrantes en tránsito.

En ese mismo sentido, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” emitió un pronunciamiento en 2011 sobre el contexto que se ha vivido en el sureste respecto a la militarización, en el que aseveró:



La creciente militarización, ocupación policiaca y para-militarización de las comunidades y ciudades del Sureste, se reviste hoy bajo el discurso de lucha contra la delincuencia organizada, buscando desmovilizar y controlar las dinámicas civiles de los pueblos que se van organizando.
Entre los ajustes estructurales se continúa instrumentalizando a los poderes legislativos y judicial para “legalizar” la criminalización de la acción social, judicializando delitos particularmente contra defensoras y defensores.

Ante estos antecedentes cabría preguntarse: ¿la militarización garantiza la seguridad interna del país?
Hasta el día de hoy y frente a la ley presentada por el PRI sobre la militarización de la seguridad interna, ¿cuáles de las recomendaciones hechas por la CNDH ya han sido acatadas?

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