Érika Paz
Asesora parlamentaria en temas de comunicación. Co-conductora del programa Jaque Al Rey
@paz_eri
Politicemos la tradición #LaMarchaDeLasCatrinas: Alto al feminicidio
Hoy se ha convocado en la Ciudad de México, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Tijuana, Baja California; Zacatecas, Nuevo León, Colima y Estado de México –más las localidades que se sumen– a la “Marcha de las Catrinas. Alto al feminicidio”. Una movilización por todas las mujeres víctimas de la violencia feminicida,[1] por las asesinadas, las desaparecidas, las violadas, las esclavizadas, las víctimas de trata y prostitución, las acosadas, las golpeadas, las violentadas.
Ellas son niñas, adolescentes, mujeres transgénero, mujeres adultas y abuelas. Madres, solteras, casadas, sin hijos, estudiantes, empleadas, amas de casa, etcétera… No las une el nivel de escolaridad o el nivel socioeconómico, el color de piel o el estado civil, la edad o el lugar de origen, ni los gustos, el trabajo desempeñado, las aspiraciones o la ideología política. Las une el hecho de ser mujeres y, por ello, ser víctimas de la violencia machista.
“Alto al feminicidio” es una demanda social, basta de la violencia contra las mujeres indígenas, blancas, afrodescendientes, mulatas; transexuales, lesbianas, bisexuales o heterosexuales; católicas, protestantes o ateas, de izquierdas o derechas. Esta marcha es un reclamo de justicia, un reclamo que demanda la garantía efectiva de nuestro derecho a una vida libre de violencia.
Basta ya de “locos asesinos”, “locos violadores”, “locos golpeadores” y de los dementes que justifican e ignoran la violencia machista, desde familiares, vecinos, transeúntes; hasta Ministerios Públicos, legisladores, políticos, policías, fiscales y procuradores. Basta de aquellos que además de justificarla, soslayan las estadísticas y las publicaciones que muestran los niveles de pandemia que alcanza la violencia contra las mujeres en México, como alcaldes, gobernadores y el mismo presidente de la República, cuya respuesta consiste en referirse a esta problemática social como “una preocupación de gobierno”, y mencionar el destino del presupuesto para políticas de igualdad entre hombres y mujeres sin que se observen y ofrezcan resultados tangibles.
Para ellos, autoridades y gobernantes, la legislación es letra muerta, les son ajenas las injusticias cometidas contra millones de mujeres, cientos de miles de ellas desaparecidas y asesinadas; así como el dolor de sus familias y amistades que aún las buscan y demandan justicia.
Aunque políticos y líderes sociales se esfuercen por mostrarse preocupados, sostener reuniones con grupos de mujeres (feministas o no feministas, o antifeministas), con las familias afectadas, con oenegés, hacer como que escuchan, sonreír, exhalar palabras de ánimo y promesas, y dar golpecitos en la espalda, enseguida nos toparemos con hechos como el nombramiento del senador con licencia Raúl Cervantes como nuevo titular de la Procuraduría General de la República, acusado de violencia intrafamiliar por su exesposa Angélica Fuentes. Nombramiento avalado por aquellos que hoy se expresarán a favor de las cuotas de género o en contra de la violencia contra las mujeres.
“En la última ocasión me estaba estrangulando, afortunadamente me soltó, pero fue una situación traumante”, recordó Fuentes en una entrevista concedida en 2015.
De igual forma, veremos cómo durante la discusión de reformas a la Ley General de Trata de Personas varios senadores, entre ellos Fernando Mayans y Luis Sánchez Jiménez del PRD, –sin darse cuenta de que sus micrófonos se encuentran abiertos– “demandarán” desde sus escaños sus derechos “como usuarios” de las víctimas. Legisladores de un partido político que dice abogar por los derechos humanos de las mujeres y presumir estandartes feministas y progresistas.
“–Y vamos a hablar de trata, como usuarios. –Sí, como usuarios. –¡Ah, chinga! Yo tengo derechos también, pero no como víctima jajajaja!”.
Igualmente, el presidente nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, sorteará las exigencias feministas para evitar confrontaciones con la iglesia católica, reivindicando un Estado mexicano (“laico”) que no garantiza las libertades individuales ni los derechos humanos de las mujeres, porque por encima de estos, está la Iglesia, una institución que ha perpetuado por siglos la dependencia de las mujeres.
Asimismo, el subcomandante Marcos o Galeano anunciará la candidatura de una mujer indígena (aún sin nombre) a la presidencia nacional, pero un par de días después escribirá en un medio nacional en contra de otra mujer reprochándole ser blanca, adinerada, y subordinará su nombre y apellidos, Margarita Zavala Gómez del Campo, al apellido de su esposo bajo el apodo de “La Calderona”.
Poco importa si se trata de un partido con una agenda que se dice progresista, como el PRD; de quienes dicen apoyar políticas públicas de igualdad, como el PRI; o las cuotas de género, como el PAN; tampoco importa si se trata de quien se dice defensor del pueblo o de quien se erige como defensor de los derechos de las comunidades indígenas, la filiación política es irrelevante porque en los hechos este tipo de acciones resultan del todo condenables ya que contribuyen a normalizar la subordinación y la violencia contra las mujeres.
La justicia y los derechos –y su garantía– se consiguen por medio de la presión social. En esta ocasión, la celebración del Día de Muertos es el marco para denunciar la violencia feminicida, la violencia que atenta contra la vida de las mujeres y, con todo, se les sigue responsabilizando por ello, por no estar seguras en la calle, en el trabajo, en el hogar.
Porque nosotras #NosQueremosVivas #NiUnaMenos. Este martes 1 de noviembre, 18:00 horas, del Zócalo capitalino al Hemiciclo a Juárez. #MarchaDeLasCatrinas: Alto al feminicidio.
[1] La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, define la Violencia Feminicida de la siguiente forma: “Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
