A cuatro años, la política de igualdad de género de Peña Nieto

  • 1

Por Érika Paz*

Asesora parlamentaria en temas de comunicación. Co-conductora del programa Jaque Al Rey

@paz_eri

A cuatro años, la política de igualdad de género de Peña Nieto

En el último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, entre las tres “Estrategias y líneas de acción transversales”, se encuentra la de “Perspectiva de Género”, en la que se señala que el presupuesto asignado para “promover la igualdad entre mujeres y hombres en 2016 ascendió a 25,898.5 millones de pesos”, lo que, de acuerdo con los datos ofrecidos, representa un incremento en términos reales de 37.3 por ciento respecto “de los 16,752.9 millones aprobados para 2012”.

Pero si el presupuesto destinado a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres se ha incrementado en semejante medida, ¿por qué de 2012 a la fecha, las condiciones de las mujeres para acceder a una vida libre de violencia en todo ámbito no han mejorado en la misma proporción?

Recordemos, por ejemplo, que el número de feminicidios ocurridos de 2013 a 2015 fue 46 por ciento mayor respecto del periodo 2007-2009. Asimismo, de acuerdo con el Inmujeres, en lo que va del año dicho instituto ha recibido 92 casos de violencia política contra funcionarias o candidatas electas. Esto a raíz de la promulgación de la Reforma Político Electoral al Artículo 41 constitucional de 2014 –en la que se establece la obligación de los partidos políticos de garantizar el 50 por ciento de las candidaturas para las mujeres en los congresos federal y estatales.

La violencia política comprende acciones y omisiones basadas en el género en las cuales las mujeres afirman haber sido víctimas de campañas de desprestigio, agresiones psicológicas que comprenden comentarios que las ridiculizan y humillan, haber sido agredidas físicamente, violentadas económicamente al no recibir en la misma proporción que sus compañeros hombres los recursos económicos para sus campañas electorales, o ser excluidas de la toma de decisiones y de la información imprescindible para el desempeño de trabajo, entre otras.[1]

En el ámbito de justicia y seguridad, la existencia del Protocolo para juzgar con perspectiva de género (mecanismo diseñado para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la justicia, evitar la revictimización de las mujeres y con el fin de que las penas y sanciones no sean más severas para las mujeres –respecto a los hombres- que han cometido algún delito) contrasta con el actuar de las instituciones del Estado, las cuales descargan sobre las mujeres la “obligación” de denunciar, sin que se revise la efectividad de las disposiciones legales, se evalúe la atención brindada por los Ministerios Públicos y se identifiquen o atiendan los obstáculos que imposibilitan el acceso de las mujeres a la justicia y a la protección del Estado.[2]

Frente a la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres, la respuesta del gobierno de Peña Nieto ha sido la creación de decenas de programas y políticas públicas que, ante la ausencia de una evaluación de sus resultados y frente a las estadísticas en aumento de la violencia contra las mujeres, parecen ser –como su “Encuentro con jóvenes”– producto de la simulación. Simulación con la que se pretende generar entre la población la seguridad de que existe un plan eficiente, vigente y adecuado para garantizar la igualdad sustantiva y prevenir, atender y sancionar la violencia contra niñas y mujeres.

Con cuatro años, el gobierno federal ha pretendido determinar su éxito en el “rubro” Perspectiva de género con la construcción de espacios y la multiplicación de puestos de burocracia, a través de programas y políticas de igualdad que la mayoría de las veces dependen de más de una secretaría de Estado o entidad autónoma, y cuyos resultados e impacto no han sido sometidos a análisis y evaluaciones sistemáticas. Programas que, por cierto, son sustentados con nuestros impuestos.

A pesar de ello, como mujeres, no percibimos cambios significativos en lo referente a nuestro derecho de vivir una vida libre de violencia, de discriminación, exclusión y segregación por género.

Al respecto, resulta indispensable conocer quiénes son los artífices de los programas, qué dependencias gubernamentales los implementan, quiénes son las personas a cargo; ya que detrás de estas decisiones se encuentra la estructura e ideología partidista con mayor representación en el Congreso y encargada de idear y designar la gran mayoría de los cargos en la burocracia.

Las políticas y programas enfocados a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no deberían ser una idea meramente formal, defendible siempre y cuando no contradiga los preceptos arraigados en las estructuras de los partidos políticos. La mayoría de las veces dichos partidos son incapaces de convivir con la crítica y la democracia internas, de ahí que para las mujeres –incluso en aquellos con mayor representación femenina– las posibilidades de permanencia, participación, ascenso y reconocimiento son considerablemente menores que las de sus compañeros.

Aun cuando por primera vez en la historia de México las mujeres representen el 42.4 por ciento en la Cámara de Diputados, tal como se expone en el cuarto informe de gobierno de Peña Nieto, el hecho de que las mujeres sigan subordinadas a los intereses del partido político, más no a los intereses del 52 por ciento de la población, puede incluso representar una barrera para la consecución de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en tanto la promoción y el respeto de los derechos humanos de las mujeres sean delegados en beneficio de los temas torales que al partido convengan para su futuro político.

Mientras que los partidos políticos sean las entidades capaces de generar cambios con mayor impacto en las instituciones, deben permanecer bajo la lupa, no sólo de las decisiones y legislaciones que promueven y apoyan sino también de la estructura interna de los mismos, e impedir que los gobiernos, sean cuales sean, nombren a personas no calificadas al frente de las instituciones dedicadas a promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

*Érika Paz es periodista, Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, cuenta con estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en diferentes empresas periodísticas, actualmente es asesora parlamentaria en temas de comunicación y co-conductora del programa Jaque Al Rey.

[1] No obstante se busque la paridad numérica en los puestos de representación, la ideología partidista encuentra cómo incidir en las candidaturas, por encima de la perspectiva de género. El caso más reciente es el proceso de renovación de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del que de 42 candidaturas recibidas, se eligieron 21 candidaturas, de las cuales solo seis son mujeres. Formando siete ternas, dos integradas por mujeres.

[2] Cabe recordar algunos casos que lograron la atención de los medios de comunicación, como el de la joven Yakiri Rubio en la Ciudad de México, o los asesinatos de las periodistas Regina Martínez o Anabel Flores.

 

Atrás #Cápsula Mirada Crítica - 4° informe de (des)gobierno - 05/09/2016
Siguiente Telesur - Noticiero Edición Central - En Rompeviento TV -5/09/16
Entradas Relacionadas
Comentario 1
  • Vanessa - Psicometría laboral

    Me fascinó la información, agradezco mucho a quien lo escribió.

    Las pruebas psicométricas son de gran ayuda para el proceso de selección. Estas son un enorme apoyo para poder
    tomar una decisión objetiva. Muchas gracias nuevamente, estaré al
    pendiente de sus nuevos artículos, saludos.

    Responder
    17 junio, 2019

Escribir comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *