Abel Barrera, director del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Alrededor de las 4:20 de la tarde detuvieron al presidente municipal de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, en la colonia Guadalupe de la comunidad de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec. Sus acompañantes no supieron qué hacer ante la acción arbitraria de personas que estaban armadas y encapuchadas. El programa que llevaba el equipo de avanzada del ayuntamiento era inaugurar la tercera obra de la comunidad. Se trataba de una calle de cemento hidráulico. A las 12 horas el presidente inauguró un muro de contención en la colonia Santa Anita y a las 2 de la tarde cumplió con su compromiso de construir una calle pavimentada en la colonia Monte de Olivo.
Como es costumbre, llegaron los encargados de preparar el arribo del presidente, para colocar los listones y moños en el lugar más indicado. La bienvenida que recibieron no fue nada amable, al contrario, un grupo de personas encapuchadas fuertemente armadas, los obligaron a entrar a la delegación y a ingresar a uno de los cuartos, sin saber de qué se trataba. De inmediato los esposaron y los tundieron a golpes. Los obligaron a identificarse. Varios de ellos dijeron que no traían su credencial. Ante las amenazas de sufrir alguna agresión mayor, no tuvieron de otra que soportar los golpes y vituperios que les infligieron. No comprendían el motivo de la golpiza. Solo uno de ellos recuerda que alguien de los que estaban cubiertos de la cara, les preguntó ¿“tú mataste a mi papá?”. La respuesta fue negativa, sin embargo, esto no fue motivo para que los dejaran de golpear.
Permanecieron encerrados en uno de los cuartos de la delegación. A los pocos minutos escucharon la llegada del presidente. La persona que dijo ser el delegado municipal, con voz altisonante, ordenó al presidente que se metiera al cuarto principal de la delegación. El presidente Acasio, para no conflictuarse, optó por obedecer. En cuanto entró al edificio se escuchó que lo empezaron a interrogar y a golpear. Estaba en manos de gente que no podía identificar por las capuchas que portaban. No le dieron la posibilidad de ser escuchado y establecer un acuerdo para que se calmaran. Estaba en desventaja, esa gente portaba armas y estaba embozada. Entre los golpes que le propinaban se escuchó la detonación de un arma de grueso calibre. Nadie imaginó lo que había sucedido. Los acompañantes creyeron que el disparo era para amedrentar al presidente y, al recibir la orden de que se fueran “a la chingada”, salieron. Uno de ellos alcanzó a ver que el presidente estaba boca abajo. No dimensionaron lo que le había pasado a su jefe. Solo corroboraron que se trataba de gente encapuchada con armas de uso exclusivo del ejército. Al recibir la orden de que salieran del lugar, no tuvieron otra alternativa que huir para ponerse a salvo. Temían que los fueran a matar.
Nadie imaginó que habían asesinado al presidente municipal. Creyeron que el balazo era para amedrentarlos y obligar al presidente a que cediera a sus demandas de obras.
De inmediato avisaron a su esposa quien dio a conocer la detención de Acasio. Pidió la urgente intervención de la gobernadora para que ordenara a los cuerpos de seguridad que rescataran a su esposo. Todo fue en vano. Las autoridades del estado solo enviaron al delegado de gobernación, al secretario de asuntos indígenas y al delegado de la comisión de derechos humanos para hacer patente su intervención. Lamentablemente, no pudieron entablar comunicación con el comisario ni con el delegado municipal, quienes intencionalmente hicieron el vacío con el fin de no dar información sobre el paradero del presidente.
Desde el jueves 20 de junio por la noche, los agresores, además de ejecutar al presidente Acasio, utilizaron la camioneta que dejó estacionada en la colonia para cargar su cuerpo y colocarlo boca abajo en el asiento del copiloto. Manejaron el vehículo y lo llevaron fuera de la comunidad, sobre la carretera Tlapa-Marquelia. La estacionaron en un lugar que no obstruyera el paso, fuera del flujo vehicular y la protegieron con piedras alrededor. Así permaneció toda la noche del jueves y todo el viernes.
Las autoridades municipales y su familia tenían la esperanza de que el presidente Acasio estuviera solo retenido, por eso urgían que la gobernadora asumiera con presteza el caso. Dejaron que los funcionarios asignados para darle seguimiento a la detención del presidente resolvieran al siguiente día su liberación. Ellos atendieron con inmediatez la instrucción, pero su presencia fue infructuosa porque no pudieron dialogar con nadie.
El viernes por la mañana acudieron a la comunidad, sin embargo, no encontraron gente en la comisaría municipal. Dieron por hecho que el comisario se encontraba atendiendo otros asuntos. Después de varias horas, esperaron a que por la tarde llegara el comisario municipal. La lluvia justificó su ausencia, sin embargo, ya los familiares y las autoridades municipales estaban molestas y desesperadas al constatar la inacción de las autoridades estatales.
Como Centro de Derechos Humanos, quisimos establecer comunicación con el delegado municipal y el secretario de asuntos indígenas, para conocer los avances de la negociación con las autoridades comunitarias. Al verificar que no había contacto, establecimos comunicación con el subsecretario de asuntos políticos, a quien le compartimos nuestra preocupación porque temíamos que algo grave le había sucedido al presidente Acasio.
Asumimos el compromiso de trasladarnos a la comunidad para apoyar en las negociaciones y tomar otras acciones más contundentes. La presencia de la guardia nacional, del ejército y de la policía del estado era muy importante para realizar un operativo conjunto, sin embargo, no había quién tomara la decisión. Estaban a la espera de alguna orden. Todavía se abrigaba la esperanza de que la comunidad o las autoridades de Alacatlatzala, fijaran su posición respecto a la detención del presidente. En lugar de atender el llamado hicieron el vacío.
Con la información que se obtuvo por parte de una persona que logró verificar que en la delegación municipal, donde detuvieron al presidente, no había gente resguardando el local y que, además, tenía la sospecha de que la camioneta que se encontraba a más de 200 metros de la salida principal de Alacatlatzala, podría ser del ayuntamiento de Malinaltepec, se decidió ir a verificar si en su interior había indicios del paradero del presidente Acasio.
Se armó el operativo con el apoyo de la guardia nacional, el ejército y la policía del estado. Como ya eran más de las 8 de la noche, se utilizaron linternas para observar desde el parabrisas si se encontraba algún cuerpo dentro de la camioneta. Los vidrios laterales estaban polarizados, lo que dificultaba la visión hacia el interior. La luz de las linternas sobre el parabrisas permitió ver que había un cuerpo en el asiento delantero. Se trataba del presidente Acasio. Se tuvo que esperar la llegada del ministerio público y personal del Semefo para que se encargaran de realizar las diligencias correspondientes. Fue hasta las 10 de la noche cuando se trasladó el cuerpo del presidente a la ciudad de Chilpancingo para la necropsia de ley.
Lo grave fue que las autoridades del estado dejaron en manos de funcionarios locales que atendieran el caso. No se actúo con inmediatez ni contundencia, sobre todo porque se trataba de una autoridad municipal. La población quería que la autoridad interviniera, confiando en que su acción pondría a salvo al presidente. Todo fue en vano, porque de nada sirvió el llamado de su esposa y la espera del cabildo para que la gobernadora diera la orden de ir a rescatar al presidente.
En la Montaña se han consumado casos graves, como el asesinato de Felipe Chávez, coordinador de campaña del candidato de Morena a presidente municipal de Cochoapa el Grande, quien fue privado de la vida cuando daba de comer a los asistentes. Se trató de un grupo armado que lo asesinó. Lo hicieron sin temor a que alguna autoridad interviniera. Cometieron el crimen y se fueron caminando. Esto mismo sucedió con el presidente electo de Copala, Salvador Villalba, quien fue ultimado por gente armada que interceptó el autobús en que viajaba de la Ciudad de México a Copala.
El asesinato de un presidente en la Montaña es un mensaje funesto para todos los ciudadanos y ciudadanas de Guerrero. Queda claro que los grupos armados que pululan en la región y en el estado gozan de total impunidad. No hay investigaciones que den con los responsables, mucho menos castigos ejemplares. Lo que impera es la acción armada, la justicia por propia mano, y un gobierno que le ha fallado a los guerrerenses.
