Momentos importantes para entender el caso Tlatlaya

           Fotos: Rebecca Blackwell

Momentos importantes para entender el caso Tlatlaya

Por Paola Atziri Paz

Los siete militares involucrados en la masacre de Tlatlaya fueron puestos en libertad. Esto abre el camino para que un caso más de abuso militar y violación a derechos humanos quede cerrado y en la impunidad.

Aquí presentamos los hechos más relevantes respecto al caso Tlatlaya.

30 junio 2014. Se registró un enfrentamiento entre militares del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar y un supuesto grupo de delincuentes vinculados con el narcotráfico en una bodega de la comunidad Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. El saldo de dicho enfrentamiento fue de 22 personas fallecidas.

Ante los hechos, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un boletín oficial argumentando que la muerte de los civiles se debió a que elementos del ejército respondieron ante las agresiones de los delincuentes.

1 julio 2014. Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, reconoció la labor del ejército mencionando que militares abatieron a los presuntos delincuentes en su legítima defensa:

“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente.”

Septiembre 2014. Investigaciones periodísticas mostraron que las acciones de los militares fueron ejecuciones extrajudiciales. La revista Esquire publicó el testimonio de Clara Gómez, sobreviviente en Tlatlaya y madre de Erika, fallecida en el enfrentamiento. La declaración evidenció que los militares mataron a la mayoría de los supuestos delincuentes a sangre fría, una vez que ya se habían rendido y permanecían desarmados. The Associated Press mostró fotografías como parte de un reportaje donde se puso en duda que la muerte de los civiles hubiese sucedido en un enfrentamiento continuo de balas, debido a que las paredes presentaban un patrón de uno o dos agujeros de bala muy juntos, rodeados de sangre salpicada, lo que indicaba que habían sido abatidos de pie contra la pared a corta distancia y a la altura del pecho.

21 octubre 2014. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014 en la que se concluyó que existen elementos suficientes para creer que efectivos militares ejecutaron arbitrariamente entre 12 y 15 personas que se encontraban ya rendidas en Tlatlaya, luego de un enfrentamiento que duró de 5 a 10 minutos.

Octubre 2014. La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal -paralelamente al juicio en el fuero militar- contra 7 miembros del ejército mexicano por la ejecución de 8 personas. Únicamente 3 militares fueron procesados por homicidio calificado, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar; los demás fueron acusados por ejercicio indebido de servicio público y encubrimiento.

1 julio 2015. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) emitió el informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir en el que se reveló mediante un documento del ejército que la orden general fue “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Asimismo, señaló que la PGR había ejercido acción penal por el homicidio de 8 víctimas, en lugar de las 22 fallecidas o incluso de las 15 señaladas por la CNDH.

Julio 2015. El Relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones arbitrarias, Crystof Heyns, señaló que “Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”. También manifestó que la perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, específicamente sobre el uso legítimo de la fuerza.

Octubre 2015. Exoneración en el fuero civil de 4 militares. Un juez federal dejó en libertad a cuatro de los siete militares involucrados en los hechos por causa de violaciones al debido proceso, es decir, el juez los liberó por los propios errores en su fiscalía, ya que no se les informó quiénes los acusaban y se les negó reunirse con sus abogados.

El gobierno señaló en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y como respuesta al informe del Centro Prodh, que “abatir la delincuencia” es reducir los índices delictivos y no ejecutar personas. Además, que la orden debe ser considerada en el contexto integral del documento, el cual contiene otros llamamientos a respetar los derechos humanos.

Frente a esto, el CentroProdh mencionó que el termino "abatir" debe ser interpretado a la luz del propio caso. Pruebas, documentos y comunicados oficiales del Estado, específicamente para las Fuerzas Armadas en el desarrollo de un operativo, muestran que “abatir” significa matar.

30 marzo 2016. Exoneración en el fuero militar de 7 militares. El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en los hechos de Tlatlaya; el séptimo de los acusados, condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, cumplió su sentencia.

13 mayo 2016. El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, los tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo. Con esto, los siete militares involucrados en homicidios en el caso Tlalaya están libres. El juez Ambriz consideró que no había pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de los militares involucrados.

17 mayo 2016. Organizaciones sociales en defensa de derechos humanos consideraron grave la resolución judicial. Mediante un comunicado, mencionaron que dicha decisión "evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad” sigue sin ser investigada." Asimismo, mostraron su preocupación ante las insinuaciones de algunos articulistas que han pretendido poner en duda los hechos ocurridos en Tlatlaya.

20 mayo 2016. La vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasini, expresó su profunda preocupación porque a casi dos años de distancia, la ejecución de 22 personas en Tlatlaya permanece en la impunidad, y se ha negado a las víctimas su derecho a la justicia y la verdad. En una declaración a medios de comunicación, la portavoz solicitó a las autoridades mexicanas que garanticen una investigación “rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida en este emblemático caso.”

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