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Expresa ONU preocupación ante impunidad en caso Tlatlaya
Paola Atziri Paz
La vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasini, expresó su profunda preocupación porque a casi dos años de distancia la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, permanece en la impunidad, y se ha negado a las víctimas su derecho a la justicia y la verdad.
En una declaración a medios de comunicación, la portavoz solicitó a las autoridades mexicanas que garanticen una investigación “rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida en este emblemático caso”.
El enfrentamiento entre militares y un supuesto grupo de delincuentes vinculados con el narcotráfico, ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, dejó un saldo de 22 personas fallecidas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente.
La Procuraduría General de la Republica (PGR) tomó acción penal contra siete militares en octubre de 2014. Sin embargo, en 2015 fueron liberados cuatro de ellos y la semana pasada los tres restantes. Con esto, quedan libres todos los involucrados en los homicidios del caso Tlalaya.
En el comunicado, la vocera recordó que en octubre pasado, durante una visita a México, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que el caso Tlatlaya sería observado muy de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades mexicanas para combatir la impunidad, luego de que la reforma al Código de Justicia Militar pusiera a los militares bajo la jurisdicción de los juzgados civiles en caso de crímenes contra ciudadanos.
Ravina Shamdasini señaló que “las investigaciones deben ser ampliadas para abarcar a todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que puedan haber tenido responsabilidad de mando, así como a aquellos que habrían alterado la escena del crimen o hubieran ordenado dicha alteración”.
Asímismo, indicó, deben ser “rigurosamente investigadas otras presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria y la tortura de testigos”.
También manifestó su respeto a la independencia del poder judicial, pero pidió que las investigaciones y juicios sean realizados conforme a los más altos estándares y normas de derechos humanos.
Finalmente, solicitó a las autoridades “implementar urgentemente la recomendación hecha por el Alto Comisionado en octubre pasado de establecer una institución forense nacional y autónoma adecuadamente financiada”, lo que, sin duda, “reforzaría las investigaciones en este y otros casos”. Además, expresó su apoyo y acompañamiento a las víctimas y a sus representantes.
