Ricardo González Bernal
Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19
Censura y las diversidades sexuales y de género
La sexualidad y la identidad de género son partes esenciales de la condición humana. Más allá de las opiniones políticas o religiosas, las expresiones de la sexualidad y la identidad de género constituyen los reflejos más genuinos de la personalidad al vincular la intimidad con las relaciones sociales. De ahí que dichas expresiones y la visibilidad de la que gozan, así como la igualdad en el ejercicio de derechos y libertades de las personas lesbianas, bisexuales u homosexuales no puede ni debe estar sujeta a los valores de una mayoría so pretexto de principios religiosos, históricos o culturales.
Cuando se habla de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, regularmente se habla de la aversión irracional a algunas de estas expresiones humanas. Sin embargo, al utilizar la palabra fobia estamos patologizando un problema que es esencialmente de ejercicio de derechos y libertades, por lo que las relaciones de poder que perpetúan la discriminación y exclusión quedan normalizadas y hasta invisibilizadas.
La discriminación no es una enfermedad, es un delito y una violación a los derechos humanos. Estos patrones de exclusión de las diversidades sexuales y de género se concretan en relaciones de poder (convenciones sociales y políticas) que de manera autoritaria nos obligan a pensar que, por ejemplo, las mujeres sólo se pueden enamorar/casar con hombres y viceversa, y que los genitales definen irremediablemente nuestra identidad de género y hasta la orientación sexual.
Detrás de cada política pública o ley que reprime o excluye a la comunidad LGBTTIQ, no necesariamente hay servidores y servidoras públicas víctimas de fobias, pero lo que sí es seguro es que hay un pensamiento hegemónico, anacrónico y profundamente antidemocrático.
Actualmente, la homsexualidad (en cualquiera de sus formas) es castigada con la pena de muerte en cinco países (Mauritania, Sudán, Irán, Yemen y Arabia Saudita), y en algunas regiones de Nigeria y Somalia. Mientras que por lo menos en otros setenta países, existe algún tipo de regulación o ley que reprime o castiga la homosexualidad o restringe de manera ilegítima los derechos y libertades de este sector de la población. El avance en la descriminalización, despatologización e inclusión de la comunidad de la diversidad sexual ha sido lento pero constante.
En 1739, Francia fue el primer país en despenalizar la homosexualidad, en ese entonces un total 126 países tenían algún tipo de restricción. Poco a poco, no sin en el esfuerzo de miles de personas, esto ha ido cambiando, siendo India en 2013, el último país en derogar el marco jurídico que prohibía las prácticas sexuales considerándolas un delito. Parece increíble, pero existen personas, instituciones y gobiernos que creen que pueden controlar los cuerpos y lo que éstos hacen de manera consensual en la intimidad y en el espacio público.
La negación de las diversidades sexuales y de género constituye un problema de orden público muy grave. A menudo, los gobiernos guiados por esta negación, además de invisibilizar y reprimir a la comunidad LGBTTI, también cierran el flujo de ideas, opiniones e información respecto a las necesidades e intereses en el espacio cívico, lo cual ocasiona vacíos de información y opacidad en la función pública que generan mayor vulnerabilidad y mayor exclusión. Es en este contexto de escasez de información y transparencia, y por ende de políticas públicas efectivas que, por ejemplo, en México, la expectativa de vida de una persona joven transexual sea de tan sólo 35 años; que a nivel mundial, la detección temprana del VIH continúe siendo un reto. Y que año con año, los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTI a menudo permanezcan impunes e invisibilizados.
Como señala Omar Feliciano, feminista y activista en contra de la homofobia, para avanzar en el reconocimiento de las diversidades sexuales y de género es primordial que los gobiernos instrumenten políticas públicas efectivas en materia de salud, educación, empleo e impartición de justicia. Es precisamente en este contexto en donde el flujo de información y transparencia gubernamental juega un papel crucial. ¿Será posible que una persona transexual reciba una educación adecuada si quienes educan no son sensibles a este tema? ¿Será posible proveer justicia cuando el juez y jueza actúan bajo los más burdos prejuicios? O peor aun, ¿cómo podemos construir una sociedad más justa y equitativa si las personas heterosexuales perciben a quienes le son diferentes como producto antinatura?
En todo esto, también los medios de comunicación juegan un papel importante para la transformación de percepciones y la promoción del pluralismo y la diversidad en todas sus formas. A menudo, la cobertura periodística promueve la estigmatización y exclusión de la comunidad LGBTTI de manera burda, pero también a veces de manera sútil. Por ejemplo cuando convierte la orientación o prácticas sexuales de una persona en un asunto de interés público, bajo el pretexto del interés público. De la mano del derecho a la libre expresión y el acceso a la información de la comunidad LGBTTI, también se encuentra el derecho a la privacidad. Por ello, la orientación sexual e inclusive el sexo son datos personales protegidos por la ley y el derecho.
El reconocimiento de las diversidades sexuales y de género posibilita un cambio genuino hacia sociedades más incluyentes y justas. Reconocer las diferencias y celebrarlas nos hace más iguales a todas las personas. La represión de nuestros cuerpos, nuestros deseos y los de otras personas, es también censura.
Acá pueden leer un texto de ARTICLE 19 sobre la relación entre sexualidad y censura.
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3637/LGBT-propaganda-report-ENGLISH.pdf
