Juicio político contra Rousseff
Por Gabushka Amor
El pasado jueves 12 de mayo la mayoría del Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien fue electa por más de 54 millones de votantes y es ahora sustituida por Michel Temer. El Senado tiene 180 días para decidir si Rousseff será retirada del cargo de manera permanente.
El gobierno de salvación nacional
El viernes Temer asumió el cargo de Presidente interino de Brasil y anunció que combatirá la grave crisis económica de Brasil a través de convenios con el sector privado, un amplio recorte de gastos públicos, reformas laborales y una posible implementación de nuevos impuestos, con el fin de aumentar los ingresos y equilibrar las cuentas públicas. Como acto de austeridad, redujo el número de ministerios de 32 a 22, eliminó el Ministerio de Cultura , así como las secretarías de Derechos Humanos, Igualdad Racial y Mujeres.
También presentó algunos de los integrantes de su gobierno:
- Como Ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, polémico ex presidente del Banco Central y declarado seguidor del neoliberalismo.
- Como Ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, se le conoce por ordenar la represión de manifestaciones populares y por ser responsable de policías acusados de abusos a derechos humanos. Moraes es abogado personal de Eduardo Cuhna, uno de los principales dirigentes del impeachment hasta la semana pasada que fue despedido de su cargo por corrupción.
- Como Titular de Seguridad Nacional, el general Sergio Etchegoyen, quien calificó como irresponsable el informe final de la Comisión de la Verdad en el cual se denunciaron los crímenes del terrorismo de Estado durante la dictadura de 1964-1985. Su padre, el general Leo Etchegoyen, es acusado por violación y tortura.
- Como Ministro de Agricultura, Blairo Maggi, conocido como el Rey de la soja, y según Greenpeace, uno de los mayores destructores de la amazonia brasileña.
- Como Ministro de Industria, Marcos Pereira, pastor evangélico de la Iglesia Universal.
Se ha denunciado que varios de ellos se encuentran bajo investigación judicial por corrupción, y que Temer no ha incluido en su equipo ni mujeres ni afrobrasileños. Rousseff, en cambio, contó con 15 ministras durante su primer y segundo mandato.
De igual manera, el fin de semana Wikileaks hizo público un cable en el que se declara que Temer es un “informante de inteligencia” de Estados Unidos. En 2006 se reunió, al menos en dos ocasiones, con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Brasilia para comentar la situación polifacética del país, caracterizada, según él, por la visión estrecha del expresidente Lula da Silva el Partido de los Trabajadores y por “el acento excesivo que colocaba en los programas sociales que no promueven el crecimiento ni el desarrollo económico”.
El juicio
Después de que el pleno de la Cámara alta aprobó la apertura del juicio con 55 votos contra 22, el proceso será retomado por una comisión especial del Senado integrada por 21 senadores que se dedicarán a elaborar un informe basado en el estudio y escucha de los fundamentos de la acusación y de la defensa. Es importante recordar que el 61% de los 81 miembros del Senado han sido acusados de corrupción según la ONG Transparencia Brasil.
Como parte de la acusación, las autoridades brasileñas tendrán que presentar las pruebas que no habían sido necesarias hasta este momento. Por su parte el fiscal general José Eduardo Cardozo será el encargado de demostrar que Dilma no cometió ningún “crimen de responsabilidad”, que la modificación de la ley presupuestaria y el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas gubernamentales fueron prácticas administrativas que ya han sido usadas en ocasiones anteriores sin ser juzgadas.
Al presentarse el informe, el pleno del Senado votará por mayoría simple (41 votos de 81) el rechazo o aprobación de éste; en caso de que no se apruebe se acaba el proceso y Dilma vuelve al cargo, en la situación contraria, se fijará la fecha del juicio de destitución en el cual la defensa y los denunciantes presentarán sus argumentos, esta vez se necesitará la aprobación de dos tercios del Senado (54 de los 81 votos). En caso de absolución el proceso se archivará y en caso de condena Roussef, perderá definitivamente el cargo, será inhabilitada políticamente durante 8 años, y Temer asumiría definitivamente la presidencia hasta el final del mandato el 31 de diciembre del 2018.
¿Neogolpe?
Mientras algunos analistas consideran que el proceso de destitución de Dilma no es un golpe de Estado al estar avalado por el Senado y por mecanismos legales establecidos en la Constitución, y al no cumplir con las características de un golpe (estar dirigido por un grupo de militares, ser realizado por medios inconstitucionales o extralegales y de manera violenta), el investigador Boaventura de Sousa Santos considera que el impeachment, junto a los procesos de destitución de Honduras en 2009 y Paraguay en 2012, son neogolpes. Éstos crean estados de excepción, aunque sin suspensión de la constitucionalidad, y permiten que un gobernante electo democráticamente quede impedido por una acción parlamentaria gracias a la omisión de la Corte Suprema de Justicia de frenar el proceso, de igual forma, no niega que existe la presencia de militares y la violencia, aunque sea de forma discreta y sutil.
