J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
@JJesusEsquivel
El solitario comunicado de la CIDH
Washington – Cuando comenzó de manera extraña e incomprensible la campaña para desacreditar a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CIDH buscó a las partes involucradas en la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa para consensuar solidaridad, pero sólo encontró la indiferencia.
Para los comisionados que integran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es inconcebible la campaña de desprestigio que se lleva a cabo en México en contra del GIEI y de su Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, sin embargo, entre los comisionados de la CIDH, sin que esto lo justifique, es lógico entender que el gobierno de Enrique Peña Nieto este “molesto” con el GIEI por haber desmentido “la verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien intentó darle carpetazo a uno de los escándalos de violación a los derechos humanos más grotescos de la historia de México.
Los comisionados están consternados y sorprendidos por la aguda campaña de desprestigio en contra del GIEI.
Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain, los expertos GIEI que coadyuvan junto a la PGR en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero, fueron elegidos minuciosamente y gozan de una excelente reputación mundial en materia de peritos judiciales y de defensa de derechos humanos.
La CIDH los eligió en común acuerdo con el gobierno de Peña Nieto durante negociaciones difíciles y tensas en las que se impuso precisamente el prestigio de los integrantes del GIEI.
Cabe recordar que fue el gobierno de México el que acudió a la CIDH para pedir su apoyo en el caso Ayotzinapa. Fue el gobierno mexicano el que estuvo de acuerdo en la formación del GIEI y en financiar sus labores, por medio de fondos dados a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Nunca el dinero para financiar las labores del GIEI ha sido entregado a la CIDH, ni a su Secretario Ejecutivo y mucho menos a ninguno de los integrantes del GIEI.
Los articulistas y columnistas de medios nacionales mexicanos que han puesto en tela de juicio la integridad y experiencia de los integrantes del GIEI, llevan a cabo una campaña que “alguien” podría estar financiando y orquestando desde algún escritorio del gobierno de Peña Nieto, con la anuencia de algunos grupos que tienen interés en el caso Ayotzinapa.
Nadie se explica por qué de la noche a la mañana, estos “periodistas” y algunos medios de comunicación se lanzaron contra Buitrago y Paz y Paz, con descalificaciones infundadas y que de inmediato fueron rechazadas en Colombia y Guatemala, países de donde son originarias estas dos expertas, respectivamente.
En enero de este año, y de acuerdo a una fuente con amplio conocimiento del caso, la CIDH buscó a los representantes de los familiares de las victimas de Ayotzinapa y al gobierno de México.
“La CIDH quería emitir una posición de consenso para defender la integridad de los integrantes del GIEI y de Álvarez Icaza Longoria”, informó la fuente, quien para poder hablar sobre este asunto, exigió la irrevocable condición del anonimato.
En enero pasado, durante varios días, la CIDH abordó el caso de la defensa del GIEI, con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C., y con Emilio Rabasa Gamboa, embajador de México ante la OEA. De acuerdo con la fuente familiarizada con las negociaciones para expresar el respaldo tripartita al GIEI, la CIDH fue incluso sujeta a amenazas por parte del gobierno mexicano.
Los comisionados no daban crédito a que el gobierno de Peña Nieto se negara a respaldar y defender de las críticas y de la campaña de desprestigio al GIEI. Públicamente el gobierno de México declaró que había sido “un extraordinario privilegio trabajar” con los expertos independientes en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Sin embargo, la negativa del gobierno mexicano para defender a los integrantes del GIEI no sorprendió tanto a algunos comisionados. La historia de la relación entre el Estado mexicano y la CIDH esta llena de sucesos de mucha tensión y problemas, particularmente por las condenas que el órgano jurídico de la OEA ha vertido hacia las autoridades mexicanas por las constantes y crecientes violaciones a los derechos humanos cometidas en México. La estupefacción de la CIDH vino de la otra parte.
El 28 de enero de 2016 la CIDH sacó un comunicado de prensa que el gobierno de México y las dos organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos se negaron a suscribir en defensa del GIEI. “CIDH expresa confianza y respaldo a expertas y expertos independientes miembros del GIEI”, se titula el comunicado, que en extraño acto solitario firmó la CIDH.
