Aleida Calleja
Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia
www.observacom.org / @callejag
Más retrocesos que avances
A casi año y medio de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y a más de dos de la reforma constitucional en la materia, si bien hemos tenido avances, especialmente en telefonía, en lo que refiere a temas vinculados con la libertad de expresión y el derecho a la información, continuamos con déficits y en otros casos con evidentes retrocesos como en la televisión abierta, de paga, y en los derechos de las audiencias. Abordaré sólo algunos de ellos que se han dado en las últimas semanas.
Apagón analógico, otro regalo a las televisoras
El 1º de diciembre finalmente avanzó en el Senado de la República la postergación del apagón analógico sobre la base de la iniciativa presentada por el senador panista Roberto Gil Zuarth, bajo el supuesto de “beneficiar” a las televisoras públicas, sociales, comunitarias e indígenas (el senador aún no se entera de que en el país aún no existen televisoras comunitarias o indígenas en señal abierta) que no tuvieron presupuesto para hacer los cambios técnicos para transmitir en señal digital y para que la gente más pobre no se quede sin ver televisión abierta, pero en realidad el dictamen aprobado es una engañifa que tiene el objetivo de beneficiar a Televisa y TV Azteca para que no sean multadas hasta con el 10% de sus ganancias totales (lo que se traduciría en miles de millones de pesos) por no haber digitalizado todas sus señales.
Me explico. Del total de estaciones complementarias o repetidoras que son de baja potencia en la actualidad 466 de ellas pertenecen a las dos televisoras comerciales que de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ni siquiera han iniciado los trámites para transitar a la señal digital, eso quiere decir que no hicieron las inversiones obligatorias para el acceso universal a las señales de televisión en la zonas más pobres del país, porque no son mercados rentables. De acuerdo a la LFTR eso implicaría la multa que le mencione con anterioridad, pues no llegarían al 31 de diciembre de este año para hacerlo.
El dictamen aprobado por las comisiones en la Cámara Alta, mañosamente aplaza el apagón para las emisoras de baja potencia hasta el 31 de diciembre del 2016, sin distinguir entre aquellas señales que son sociales o comerciales, con lo cual Televisa y TV Azteca pueden evadir la multa que les corresponde por ley. Este regalo a los emporios se lo debemos a los legisladores del PRI, la mayoría del PAN y algunos del PRD[1].
Tan evidente es el regalo que ni siquiera establecieron ningún tipo de programa para apoyar a las televisoras públicas o sociales para la transición digital, vaya ni siquiera una sola obligación para que los gobernadores de los estados tengan la obligación de invertir en los medios públicos en lugar de andar gastando a manos llenas en los medios comerciales a través de la publicidad oficial.
Falta la discusión y aprobación en el pleno del Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados, pero todo indica que no tendrá mayores obstáculos para ser aprobado el cambio en la LFTR. Ojalá y así de eficiente fuera el Congreso para temas de alta urgencia para el país como la desaparición forzada, la tortura, entre otros.
Derechos de las audiencias
Con más de un año de retraso, finalmente la Secretaría de Gobernación (Segob), emitió los Lineamientos de Clasificación de Contenidos Audiovisuales de las Transmisiones Radiodifundidas y del Servicio de Televisión y Audio restringido, y con una rapidez de apenas tres días, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la aprobó, sin que haya mediado una consulta más amplia. Estos lineamientos han sido ampliamente criticados porque violan el interés superior de la niñez.
De acuerdo a la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Segob, encabezada por Andrés Chao Ebergengy, fue suficiente la opinión de Televisión Azteca, Televisa, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la organización A Favor de lo Mejor, para elaborar dichos lineamientos, sin embargo, a través de un comunicado, ésta última denunció que sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta.
Si ya de suyo los anteriores lineamientos de clasificación de programas y horarios no convencían, ahora mucho menos, pues resulta que con la ampliación de horarios de clasificación B, es decir programas aptos para personas con más de 12 años de edad, de 8 de la noche a 4 de la tarde, ahora la niñez estará expuesta legal y formalmente a escenas de violencia, adicciones, desnudez en segundo o tercer plano, y hasta actividad sexual implícita, con esto también se abre la puerta para que estén expuestos a los anuncios de los llamados alimentos chatarra que están prohibidos en horario infantil por la Secretaría de Salud. Además los nuevos lineamientos tampoco hacen nada en relación de los programas transmitidos en vivo o “sin clasificación” como es el caso de los talk shows.
Los nuevos criterios de clasificación de la Segob son a todas luces protectores de los intereses de la industria de la radiodifusión y negativos para la niñez contraviniendo los artículos 1º, 3º, 6º y 4º constitucionales, el artículo 226 de la LFTR y el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Que el Congreso y las instituciones del gobierno federal sirvan para los intereses de la televisoras no sólo es vergonzante, sino que atenta contra la gobernabilidad democrática, erosiona la institucionalidad del Estado y viola los derechos de todas y todos, mientras el IFT que debiera de ser el garante de los derechos de las audiencias, de la libertad de expresión y del derecho a la información, dócilmente acepta que el Congreso invada sus facultades en el apagón analógico y guarda un silencio desesperante ante el atropello de la Segob.
[1] https://t.co/EeSrcSnrUO
