J. Jesús Esquivel
Corresponsal de la revista Proceso en Washington
Ley de réplica, otro acto antidemocrático
Washington – Entre las democracias más pujantes del planeta y que gozan de los mejores estándares de respeto a los derechos humanos, las garantías de libertad de expresión y de prensa son uno de sus pilares más importantes, sagrados y venerados para alcanzar su desarrollo económico, social y político.
En Estados Unidos y en Europa, a la libertad de expresión y de prensa se les considera como estándartes valiosos para representar una auténtica democracia.
En México, la Ley de Derecho de Réplica, que entra en vigor este 4 de diciembre, es una puñalada trapera a nuestros de por sí acotados derechos de libertad de expresión y una herramienta para preservar la impunidad y corrupción entre los gobernantes.
Los políticos, empresarios, personajes famosos y cualquier entidad tendrán el derecho legal de utilizar el argumento del “daño moral” para, con demandas civiles, socavar la libertad de prensa.
Desde este viernes, los reporteros de la prensa escrita, gráfica y de la red de la Internet; los comentaristas, conductores de radio y televisión, pero sobre todo los articulistas y columnistas de la prensa mexicana, deberán contener los deseos y obligaciones de su pluma de denunciar un acto de corrupción, abuso de autoridad o cualquier irregularidad que encuentren en el sector público y privado, por temor a ser sujetos de una demanda judicial que les implique fuertes sanciones económicas, y que pueda incluso llevarlos a perder otro gran privilegio: su libertad física.
Con el argumento legal que les otorga la Ley de Derecho de Réplica, las posibles víctimas podrán demandar a los periodistas si consideran que la información publicada y que los involucra directa o indirectamente es “inexacta o falsa”.
La Ley de Derecho de Réplica más bien debió haber sido bautizada como ley para censurar y preservar la impunidad.
Nacida en el seno del PAN en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2013, la legislación está centrada en proteger por medio de los tribunales a los contendientes en procesos proselitistas para elección de cualquier puesto público. Fíjense nada más qué tragedia para nuestra libertad de prensa y de expresión.
En los países desarrollados y con democracias pujantes, es precisamente en épocas de elecciones cuando la ciudadanía y el mismo gobierno esperan que los medios de comunicación jueguen su papel de catalizador para que el electorado conozca todo, exactamente todo, de quienes aspiran a un puesto público. Más aun cuando se trata de un proceso de elección federal para escoger a un presidente, primer ministro, jefe de Estado o de gobierno.
Pero en México, gracias al pacto de impunidad entre el PAN y el gobierno de Enrique Peña Nieto, es lo contrario. Todos los medios de comunicación y productores independientes son quienes deberán cumplir cabalmente la ley.
No imagino en Estados Unidos, por ejemplo, que las garantías de libertad de expresión que protege la Primera Enmienda sean violadas por una demanda civil a un columnista, articulista o periodista, que, digamos, escribiera una opinión sobre Donald Trump, el candidato a la nominación presidencial republicana.
Hasta Trump, que cada vez que abre la boca dice un disparate, creo que no se atrevería a hacer el ridículo en los tribunales demandando al atrevido periodista que hizo el comentario sobre él. Es más, no se atrevería el propio Trump a que lo acusaran de utilizar la Primera Enmienda como un escudo que se contrapone al derecho sagrado de cualquier persona a expresarse.
Ahora va el eventual escenario mexicano por la nueva ley.
Si algún periodista de investigación, comentarista, articulista o columnista le diera seguimiento a los casos de la Casa Blanca o la casa de Malinalco de Luis Videgaray, a la asignación de contratos de OHL, a las masacres de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, su osadía periodística podría llevarlo a la cárcel o a la ruina.
Cualquier comentario que le pareciera información inexacta o falsa, serviría para que Angélica Rivera, Videgaray, José Andrés de Oteyza y el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, apelaran a la Ley de Derecho de Réplica para enviar tras las rejas al atrevido periodista que insista en exponer ante la sociedad mexicana los abusos de poder, corrupción y violaciones de derechos humanos en los que han incurrido.
Qué lamentable que cuando por fin los mexicanos contamos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el gobierno y los partidos políticos definan en lo oscurito coartadas para apuñalar a la libertad de expresión y de prensa de un México tan sacudido por la impunidad y por la corrupción de sus gobernantes.
