Margensur (Alerta institucional de protección a periodistas en Veracruz)

Alejandro Saldaña Rosas

Sociólogo. Profesor Investigador de la Universidad Veracruzana

Twitter: @alesal3

Alerta institucional de protección a periodistas en Veracruz

 

La muerte de los compañeros periodistas no se negocia, se exige justicia para ellos. La vida de los reporteros que buscamos reflejar la realidad de Veracruz, se defiende, y por eso, un grupo de comunicadores solicitamos al gobierno federal, el pasado 10 de septiembre, una alerta institucional de protección a periodistas para que deje de existir la impunidad, los crímenes, los hostigamientos, la represión y los periodistas veracruzanos tengan mejores condiciones de trabajo.

Norma Trujillo, periodista (corresponsal en Veracruz del diario La Jornada)

 

 

Por primera vez en México se expide una alerta institucional de protección a periodistas. La alerta ha sido declarada para el estado de Veracruz, entidad en la que los crímenes y agresiones contra los periodistas han sido sistemáticos durante el “gobierno” de Javier Duarte de Ochoa. Dieciséis trabajadores de la comunicación asesinados y cuatro desaparecidos convierten a Veracruz en uno de los lugares más inhóspitos del mundo para ejercer el periodismo, de ahí la importancia de la declaración de la alerta institucional.

            Torvo, marrullero y cínico (innegable su estirpe priísta), Javier Duarte pretendió hacer pasar la alerta como un mero convenio institucional y, aún más, trató de adjudicarse la iniciativa como un logro de su gobierno. No logró ni lo uno ni lo otro. La alerta institucional de protección a periodistas es justamente eso: una figura orientada a la protección de periodistas en situación de riesgo y vulnerabilidad y fue lograda gracias a la iniciativa de catorce periodistas veracruzanos, entre ellos los compañeros del Colectivo Voz Alterna, del que formaba parte Rubén Espinosa Becerril, asesinado el 31 de julio en la ciudad de México (crimen que permanece en la impunidad).

            La alerta fue declarada la noche del 30 de octubre por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (integrada por representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, PGR, CNDH, periodistas y defensores de derechos humanos). Posteriormente se protocolizó con la firma del convenio entre el gobierno federal y el veracruzano en la ciudad de Xalapa.

            El llamado “Programa de Políticas Públicas en favor de las y los Periodistas que Desarrollen el Ejercicio de la Libertad de Expresión en el Estado de Veracruz” es la forma protocolaria y eufemística que utilizó Duarte para intentar atenuar el impacto que sobre su gobierno tiene la declaratoria de la alerta institucional de protección a periodistas. La evidencia del carácter represor del gobierno duartista quedó en evidencia el mismo día de la firma del convenio, cuando empleados del gobierno estatal arremetieron a empujones y rodillazos contra el fotoperiodista de Imagen del Golfo, Roger Martínez, quien manifestaba su exigencia de justicia con una pancarta.

            La alerta institucional de protección a periodistas en Veracruz fue declarada con base en un diagnóstico del que solamente destaco algunos puntos (el documento en extenso lo puede usted consultar y descargar en la liga siguiente: http://imdhd.org/doctos/Diagnostico-Situacion-Periodistas-Veracruz-103015.pdf)

• Veracruz es el primer lugar, con Chihuahua, en homicidios en contra de periodistas: 16 (del año 2000 a agosto de 2015).
• Primer lugar con Tamaulipas y Michoacán en el número de periodistas desaparecidos: 4 (del año 2000 a agosto de 2015).
• Segundo lugar en número de periodistas protegidos por el Mecanismo 
(después del Distrito Federal): 34 (del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015).

            Terribles cifras que condujeron a la declaratoria de alerta para que las instituciones (específicamente el gobierno del estado) generen las condiciones necesarias para proteger a los periodistas. Ahora bien, más allá de los convenios y las declaraciones ampulosas, la alerta requiere voluntad política que se traduzca en decisiones contundentes en iniciativas incontrovertibles. Y aquí es donde no se ven señales claras, veamos porqué.

            Los catorce periodistas que promovieron la alerta ante el gobierno federal solicitaron que se ejecuten cuatro acciones básicas para avanzar en la protección del gremio veracruzano:

1. Revisión de los 16 casos de periodistas asesinados, toda vez que la mayoría permanecen en la impunidad, o bien, las investigaciones han sido turbias si no es que mal intencionadas.
2. Transparencia en los recursos (dinero público) que el gobierno del estado de Veracruz destina a gastos en medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales: contratos de publicidad, inserciones pagadas, pago de entrevistas, gacetilleros en nómina, etc.
3. Reforma estructural de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), a fin de hacerla un ente autónomo en lo financiero, lo político y en sus procesos de gestión.
4. Revisión a fondo de las condiciones laborales de los periodistas: salarios, contrataciones, prestaciones, entre otros.

            De los cuatro puntos, el primero se limitó a una revisión en mesas de trabajo de los casos de periodistas asesinados. El cuarto punto fue aceptado y se supone que en breve se llevará a cabo un análisis de las condiciones laborales en que los periodistas desarrollan su profesión en las diferentes empresas de comunicación en la entidad. Pero los puntos segundo y tercero no han sido aceptados, es decir, no hay un mínimo interés en transparentar el dinero que va a los medios ni en construir una CEAPP realmente autónoma.

            La transparencia del dinero público destinado a los medios de comunicación tiene un impedimento: Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz y “flamante” cónsul mexicano en Barcelona, promovió un decreto para reservar esa información durante ¡20 años! Está en manos de Javier Duarte de Ochoa enviar una iniciativa al Congreso del Estado para derogar ese decreto y abrir al escrutinio público la información financiera de los dineros destinados a los medios de comunicación.

            ¿Tendrá los arrestos el admirador de Francisco Franco?