Solicita ONU a gobierno mexicano mejoras para víctimas de desaparición forzada

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Solicita ONU a gobierno mexicano mejoras para víctimas de desaparición forzada

Karen Flores

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó hoy al gobierno mexicano el aprovechamiento eficaz de la entrada en vigor de la Ley General sobre la Desaparición Forzada de Personas, ya que podría iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para miles de víctimas de desaparición forzada.

Asimismo, el organismo resaltó la necesidad de que el gobierno invierta todos los esfuerzos y recursos para garantizar la implementación efectiva y de impacto en dicha legislación, así como garantizar la eficaz e inmediata búsqueda de las miles de personas desaparecidas en México.

La Ley General sobre la Desaparición Forzada de Personas, promulgada el pasado 17 de noviembre, dicta hasta 90 años de prisión a quien prive del derecho a la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público. Además, establece penas severas en los casos donde las víctimas sean menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o adultos mayores. De igual manera, se aplicará si las víctimas mueren debido a alteraciones en su salud causadas por la privación de la libertad o si son desaparecidas por su labor como periodista o en defensa de los derechos humanos.

En 2017, el gobierno mexicano informó que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) registró 32 mil 277 personas desaparecidas o "sin localizar", de las cuales el 73.7 % son hombres y el 26.3 % son mujeres. En este contexto, con base en el censo realizado hasta el 31 de julio de 2017, la entidad donde más personas desaparecidas se registraron fue en Tamaulipas con 5 mil 943 casos y posteriormente el Estado de México con 3.832 casos.

Ante el panorama, el Grupo de Trabajo recalcó la importancia de la transparencia e inclusión de colectivos hechos por víctimas y especialistas de la sociedad civil en el proceso de selección para los funcionarios encargados de implementar la ley de desaparición forzada en el país.

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