Botas sobre votos (Margensur)

Botas sobre votos (Margensur)

Alejandro Saldaña Rosas

Sociólogo. Profesor Investigador de la Universidad Veracruzana

Twitter: @alesal3 / Facebook: Alejandro Saldaña

 

 

 

 

Botas sobre votos 

 

 

 

La iniciativa de Ley de Seguridad Interior (LSI) representa el tránsito a la militarización absoluta del país. Sin medias tintas ni ambages y bajo el pretexto (cobijado desde el mismo gobierno de Peña) del crimen organizado, se pretende poner en manos de las Fuerzas Armadas la “seguridad interior”, ambigüedad que debe traducirse como seguridad del régimen. Porque es el régimen que teme por sus privilegios y prebendas, por su pacto de impunidad, por sus instituciones corroídas hasta el tuétano.  

En las elecciones del próximo año el régimen se presenta con al menos tres “contendientes”: el filo panista Meade por el PRI y sus partidos mascota, el filo priista Anaya por el PAN, MC y el adefesio llamado PRD, y uno o más “independientes”: la panista Margarita y el priista Bronco. Pese a toda la caballada echada a galope intenso, el candidato favorito es el del MORENA: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La consigna es que la elección no sea plebiscitaria: más de lo mismo con Meade o algo diferente con AMLO, sino dividida en tercios o cuartos: MORENA por una parte, por “México la afrenta” (PAN-MC-PRD) por otra, “independientes” en la pepena de votos y PRI y achichincles inflados a fuerza de encuestas y guerra sucia en la cuarta esquina. Y si el esquema es insuficiente para frenar al Peje, la LSI es la clave para apagar las resistencias al inminente fraude puesto en marcha desde ahora. 

En este sentido, la Ley de Seguridad Interior tiene una intención evidente: poner las botas de los militares sobre los votos de los ciudadanos. Es el remache del fraude que ha comenzado a construirse desde ya a través de las múltiples candidaturas del régimen que buscan dispersar el voto anti PRI, las encuestas a modo que colocan a Meade de puntero o remontando velozmente, el INE y la FEPADE dóciles y amaestrados, la guerra sucia en medios maiceados y en redes con ejércitos de bots, los amedrentamientos constantes de opositores, las agresiones permanentes a periodistas independientes, la escalada de violencia en ciudades electoralmente relevantes y en general mediante la violación sistemática del Estado de Derecho.  

La historia ya la conocemos: se trata de un nuevo fraude electoral. Lo hicieron en 1988 con la increíble caída del sistema, en 2006 con el .62% sacado de la manga de Hildebrando Zavala y cómplices, en 2012 con las tarjetas Monex y Soriana y los millones de dólares de Odebrecht y de los recursos públicos desviados desde los estados, con Javier Duarte a la cabeza de las ilegalidades. La historia de la democracia mexicana es inexplicable sin los fraudes que la nutren desde su origen y que son la fuente primigenia de las malformaciones institucionales que la estructuran: representantes populares que representan a delincuentes bien organizados, gobernadores (im)puestos por poderes territoriales extra nacionales, jueces militantes de cofradías criminales, entre muchas otras expresiones de la corrupción y la venalidad.  

La pretendida innovación en esta infausta tradición es la LSI. Ha sido tanta la premura por aprobarla que no hay que ser abogado para identificar sus innumerables inconsistencias, sus pifias en la elemental técnica jurídica, sus aberraciones que violan la Constitución misma. En su apremio, los legisladores del PRI han sido tan torpes, cínicos o ingenuos (o las tres) que francamente hay que preguntarnos si no se trata de una iniciativa destinada simplemente a medirle el agua a los camotes, esto es, a detectar el grado de animadversión que suscita, a identificar a los sectores sociales dispuestos a luchar en contra de ella, a señalar con precisión a los líderes de oposición y su capacidad de resistencia. En términos coloquiales podemos decir que el PRI lanzó un buscapiés para ver quién salta, con cuántos a su lado, qué tan alto y con qué repercusiones. Haga usted su juicio: en esta liga puede usted leer la ley y los argumentos para su promulgación: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/nov/20171130-VI.pdf  

Por otra parte, la LSI es la expresión del fracaso del gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad. El priista no pudo pacificar al país, por el contrario, rebasó y por mucho a su sanguinario y belicoso predecesor, Felipe Calderón. En mi opinión no pudo porque no quiso. No se lo propuso realmente porque es mucho más redituable, en términos de la preservación del pacto de impunidad necesario para atracar las finanzas públicas, mantener al país en vilo por la inseguridad y la violencia que hacer frente en todos los frentes a la delincuencia organizada. No pudo porque no quiso: el gobierno de Peña es parte de la misma delincuencia organizada y ahí están 6 millones de Odebrecht para su campaña como “pequeño” botón de muestra. O la Casa Blanca y la simulación de investigación que dizque exoneró al inquilino de Los Pinos. O la “verdad histórica” de Ayotzinapa y el encubrimiento del ejército. O el desmantelamiento de PEMEX mediante la reforma energética y los huachicoleros que le acompañan. O las concesiones mineras en Veracruz y todo México. O los cientos de miles de asesinados, la mayoría por las “fuerzas del orden”. O los miles de feminicidios y la ineficacia de las alertas de violencia de género. O un larguísimo etcétera que escurre sangre, dolor e impunidad. 

La LSI explícitamente señala que no será usada para reprimir disidencias políticas. En el artículo 8 dice que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”. ¿Usted lo cree? Yo tampoco, porque el simple hecho de enunciarlo apunta en una dirección contraria: no se necesita oprimir la protesta social, sino simplemente soltar a los perros más bravos de la delincuencia organizada (organizada en muchas dependencias de gobierno, como la SEGOB) y con ese pretexto desatar la represión. Lo vimos en Tlatelolco en 1968 y en San Cosme en 1971, cuando menos. Lo seguimos atestiguando en el México del siglo XXI en el que la Marina y el Ejército han sido determinantes en el deterioro de los derechos humanos en el país.  

La aprobación por parte del Senado de la ignominiosa Ley de Seguridad Interior atenta no sólo contra los derechos humanos y las garantías individuales de las y los mexicanos, sino contra la estabilidad política de toda la región norte y centroamericana. Ni a los Estados Unidos, ni a Canadá y mucho menos a Centroamérica y el Caribe les conviene un país militarizado, más de lo que ya está. La región necesita que México tenga instituciones sólidas, funcionales y democráticas. 

Ni México, la región y el mundo necesitan que las botas aplasten a los votos. 

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1 Comment

  1. Benito Aramburu

    Que superarticulo de el superescritor que es supervaliente en verdad no me canso de leer a DON ALEJANDRO….”” ES UN SUPERCHINGON”” …este país cuántos ALEJANDROS nesecitara para quitarnos lo SUPERPENDEJOS….!! MUCHAS FELICIDADES…!!
    nunca deje UD de escribir….sería un superpecado….!!

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