Niega gobierno de México tortura en el caso Atenco ante Corte IDH
Luz María
El gobierno de México reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) su responsabilidad en los hechos perpetrados contra las mujeres de Atenco, pero negó que hayan ocurrido en un contexto de tortura generalizada.
Durante el segundo día de la audiencia pública por el caso de las 11 mujeres de Atenco, víctimas de tortura sexual durante el operativo policiaco en 2006, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sostuvo la postura del gobierno mexicano respecto a la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en 2007 sobre el uso excesivo de la fuerza.
La Corte IDH atrajo el caso debido a la falta de impartición de justicia por parte de las autoridades mexicanas, lo que ha ocasionado que los presuntos responsables de los hechos se encuentren aún sin castigo.
Al respecto, Cabañas sostuvo que "la decisión por parte del Estado para enviar la fuerza fue justificada legalmente. La decisión de emplear la fuerza del Estado en los hechos investigados se estima justificada legalmente debido a que se actuó, primero en cumplimiento de una resolución sobre la reubicación de comerciantes, y después, para restablecer el estado de derecho con motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera, retenido a servidores públicos y agredido a los elementos policiales con piedras, machete, palos, bombas molotov, cohetones y un cañón de fabricación casera".
La comparecencia que se se lleva a cabo desde ayer en San José, Costa Rica, tiene el objetivo de generar una sentencia para el 2018, en la que “la Corte IDH podrá ordenar al Estado implementar medidas estructurales para mejorar la investigación de violaciones a derechos humanos, como garantizar la independencia de las y los especialistas que documentan casos de tortura y fortalecer los controles sobre los cuerpos policiales –especialmente controles externos que aseguren independencia e imparcialidad, como se recomienda a nivel internacional- antes, durante y después de los operativos, para prevenir y sancionar los abusos y los excesos en el uso de la fuerza”.
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