Acusan a Alberto Fujimori por esterilización forzada de 236 mil mujeres durante su mandato
Karen Flores
Un grupo de organizaciones civiles y colectivos sociales solicitó a la Fiscalía de Perú una acusación oficial contra el expresidente Alberto Fujimori por el delito de lesa humanidad, luego de haber ordenado la esterilización inadecuada o forzosa de casi 236 mil mujeres durante su mandato.
Lo anterior se concluyó de acuerdo con un informe de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), que registró cerca de 211 mil casos de mujeres que recibieron información incompleta sobre el proceso y las consecuencias de la ligadura de trompas de falopio. Asimismo, 25 mil mujeres desconocían que la operación era una intervención irreversible.
Aunado a esto, se llevaron a cabo más de 22 mil vasectomías a hombres de escasos recursos entre el año de 1996 y 2001. El informe de la organización mostró que los casos sucedieron durante las labores del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, realizada en Perú entre 1990 y 2000.
Cerca del 11 % de las mujeres esterilizadas entre 1995 y 2000 eran indígenas quechua, quienes tenían menos de 25 años de edad y eran analfabetas. De este sector, alrededor de dos mil mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o al menos sin la información plena y correspondiente.
Los datos del informe se basaron en varios estudios, entre ellos "Política de esterilización con información incompleta: Perú 1995-2000", realizado por el economista Silvio Rendon, así como en investigaciones de Camila Gianella del Instituto CHR Michelsen de Noruega.
Además, la Defensoría del Pueblo constató que se ejecutaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas de falopio, al igual que 22,004 vasectomías entre el período antes mencionado. Gran parte de estos casos se realizaron a personas en situación de pobreza, habitantes de zonas rurales y de origen quechua.
Por su parte, Demus sostuvo que su informe contiene pruebas que no habían sido consideradas por la Fiscalía, mismas que demostrarían el carácter irregular y forzoso de las esterilizaciones en el país. Asimismo, la organización responsabilizó al expresidente Alberto Fujimori por mandar al Congreso del País la Ley Nacional de Población en 1996, que despenalizó las ligaduras de trompas de falopio como método anticonceptivo y permitió la esterilización de casi 100 mil personas durante el siguiente año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas por el hecho es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
Actualmente, Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, autor inmediato de las matanzas de Barrios Altos (1992) y La Cantura (1992), donde murieron 25 personas a cargo de un grupo militar, así como dos secuestros, ejecutados contra un periodista y un empresario tras un "autogolpe de Estado" en 1992.
