Alejandro Saldaña Rosas
Sociólogo. Profesor Investigador de la Universidad Veracruzana
Twitter: @alesal3
El terror
El pasado 15 de septiembre el gobierno del estado de Veracruz volvió a agredir a un periodista. En la ciudad de Xalapa, el fotógrafo de prensa Karlo Reyes fue golpeado cuando realizaba su trabajo: registrar en imágenes el acarreo de personas para intentar llenar la plaza Regina Martínez durante la ceremonia de El Grito (intento fallido pues la plaza quedó semivacía). La agresión fue cometida por un grupo de 10 sujetos vestidos de civil identificados entre sí por un pin con la imagen de una serpiente; los agresores contaron en todo momento con la cobertura de los policías que se encontraban en el lugar. Además de la golpiza, a Karlo le robaron todo su equipo fotográfico a ojos de los “cuerpos de seguridad” que nada hicieron ni para impedir el robo, ni para disuadir la agresión. Karlo trabaja para la agencia AVC, la misma en la que laboraba Rubén Espinosa, fotógrafo asesinado en la ciudad de México.
Unos días después, el 18 de septiembre, la periodista Verónica Danell, alertó a través de redes sociales que era víctima de acoso en su domicilio por desconocidos que merodeaban el lugar. Verónica ha sido despedida de dos medios de comunicación en Veracruz, en los años 2011 y 2013, por ejercer su oficio en un estado donde los periodistas representan un peligro para el que cobra como gobernador: Javier Duarte de Ochoa. Dos agresiones en tres días a periodistas en Veracruz no es mera casualidad: responde a un patrón por el que se explica que en la entidad hayan sido asesinados 15 trabajadores de medios de comunicación en cuatro años y varios más hayan optado por exiliarse del estado (lo que no ha impedido su muerte, como en el caso de Rubén Espinosa).
El 19 de septiembre, nuevamente periodistas y maestros fueron intimidados y acosados por personal de la Secretaría de Seguridad de Veracruz durante una manifestación en plena zona de la Universidad Veracruzana. La agresión se define por la intención de acallar voces disidentes y por impedir que los periodistas registren con cámaras y micrófonos el ejercicio de este derecho ciudadano, es decir, no se necesita golpear, desaparecer o asesinar para calificar a estos actos como el ejercicio ilegítimo e ilegal de la violencia de Estado.
Tres agresiones ocurridas en la misma semana contra periodistas en Veracruz, estado en el que el régimen de terror contra la prensa se ha afianzado en los últimos años.
El patrón de agresiones, asesinatos, intimidaciones y represión a periodistas en Veracruz es el mismo que funciona (con algunas variantes) en todo México. En Oaxaca, Puebla, Michoacán, estado de México, Distrito Federal, Sonora o Guerrero, encontramos que este patrón se repite: los agredidos son presentados como culpables, las “fuerzas de seguridad” no tuvieron participación alguna, las “investigaciones” por parte de los ministerios públicos carecen de profesionalismo si no es que son francamente ridículas (como el absurdo del incendio en el basurero de Cocula), los altos mandos nunca son responsables de los delitos cometidos por sus subordinados (quienes cumplen órdenes, por cierto) y los culpables (fabricados a fuerza de tortura) pertenecen o tienen vínculos con el crimen organizado. A la recurrencia de este esquema hay que añadir la filtración de información durante las “investigaciones” y la andanada de “notas, reportajes y análisis” desplegados en los medios de comunicación amaestrados y en las redes sociales, que intentan construir una mínima plataforma de legitimidad: la mentira necesita de oropeles para disfrazarse de “verdad histórica”.
Se trata de imponer la voluntad de una élite en el poder por medio del terror. Esta estrategia es la que está detrás de los crímenes de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato y la Narvarte, pero también de los feminicidios que cunden por todo el país, de los delitos electorales en flagrancia y justificados por recursos legaloides, de los evidentes actos de corrupción escondidos debajo de las alfombras de las casas blancas; la estrategia del terror anima la reforma educativa y su punitiva evaluación docente, los recortes presupuestales que afectan gasto social, educativo y cultural pero incrementan recursos para las fuerzas armadas, la ineficacia en la administración de justicia, la inmundicia designada para la prevención del delito, la soez composición de los congresos. En esta estructura de dominación, la delincuencia común (desorganizada, supuestamente) se inserta como un componente nodal puesto que se encarga de mantener al ciudadano de a pie acorralado, mudo, ciego, amnésico, atemorizado. Y si el ciudadano decide ejercer sus derechos protestando en las calles, plazas, carreteras o puentes, policías, “orejas”, golpeadores, narcos, violadores o militares se encargan de “regresar al orden” el régimen de terror. Por donde se mire, el terror es el ariete de la estrategia del Estado mexicano vuelta políticas públicas, corrupción generalizada, impunidad e ineficiencia gubernamental.
Pese a la brutalidad del régimen de terror, los mexicanos estamos echados pa’lante. Las marchas no cesan, las denuncias persisten, la protesta amaina por momentos pero no claudica. Por eso el régimen de terror se ha recrudecido, pero la transformación del país está mucho más cerca de lo que muchos piensan.
