Ricardo González Bernal
Coordinador del Programa Global de Protección de Article 19
Rumbo a las Olimpiadas de Río de Janeiro: censura y represión
Desde 2013, Brasil ha experimentado oleadas constantes de protestas callejeras. En algunos casos, organizadas y realizadas por sectores que tradicionalmente han estado involucrados en el movimiento social de ese país, como el sindicato de maestros, movimientos de defensa del medio ambiente, de la vivienda popular y el movimiento obrero. Pero justo cuando el gobierno federal decidió incrementar el costo del transporte público en Sao Paulo y Río de Janeiro para compensar los gastos para la celebración de la Copa Mundial, fue que el descontento alcanzó a sectores que regularmente no salían a las calles.
En la víspera de la Copa Mundial, las protestas callejeras, muchas de ellas espontáneas y sin una estructura organizativa clara, lograron atrapar la atención de la opinión pública internacional. Hubo voces que hablaban inclusive de una “primavera carioca”. Aunque la atención internacional fue desapareciendo, esto no significó que los ánimos se tranquilizaron. Al contrario, durante el último año las protestas se han mantenido, a pesar de la represión sistemática orquestada desde el gobierno federal en preparación a los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en ese país el año próximo.
Esta semana me encuentro en Brasil por invitación de mis colegas de la oficina de ARTICLE 19 para presentar su segundo informe temático sobre libertad de expresión y derecho a la protesta.
El panorama que plantea el informe es alarmante, por un lado, el recrudecimiento del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, así como el mejoramiento de sus equipos y sofisticación de métodos represivos. Al mismo tiempo, el informe de ARTICLE 19 da cuenta del uso faccioso del marco legal para intimidar y/o silenciar a quienes participan o planean participar en las protestas, así como de la expansión y sofisticación de los aparatos de vigilancia masiva dentro y fuera de internet.
La impunidad y opacidad son los dos elementos que enmarcan y facilitan la actual estrategia de represión de la protesta social en Brasil.
Es prácticamente imposible conocer las capacidades del aparato represivo brasileño y los abusos que son denunciados son atendidos en procesos internos carentes de escrutinio público. Por ejemplo, el hecho de que los agentes de la policía militar (una de las entidades que regularmente se encarga de la contención de protestas) operan con el rostro cubierto y sin ningún medio de identificación, hace muy difícil poder personalizar la responsabilidad de quienes hacen uso de la fuerza de manera ilegal o ilegítima.
Otras prácticas represivas recurrentes son, entre otras, las detenciones arbitrarias antes, durante y después de las protestas. La prohibición judicial a ciertos grupos para manifestarse es un método cada vez más recurrente, lo cual constituye censura previa. También la utilización de armas no-letales de manera abusiva y fuera de todo protocolo es una práctica común que, sumada al recurrente uso de armas de fuego, incrementa de manera alarmante el grado de vulnerabilidad de quienes ejercen el derecho a la protesta.
Tan sólo de 2014 a la fecha, siete personas han sido asesinadas durante protestas: Santiago Andrade, Tasnan Accioly, Edison Da Silva Dos Santos, Lucas Da Luz Alves, Cléber Adriano Machado Ouriques, Leidilene Machado y Daniel Vila Nova. Todos y cada uno de los casos permanecen en absoluta impunidad.
Sumado a esto, el aparato de vigilancia masiva digital se ha sofisticado. El monitoreo de la actividad en redes sociales está alcanzando niveles nunca antes vistos en la región. Al mismo tiempo que en el Congreso se han dado varios intentos por restringir el derecho a la protesta mediante argumentos absolutamente ilegítimos.
Finalmente, el informe de ARTICLE 19 documentó lo que parece ser una estrategia del gobierno de profundizar la militarización de la política de seguridad pública en preparación a la celebración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016, la cual ha estado acompañada de una embestida gubernamental en la zona de las favelas de esa ciudad que, bajo el pretexto de mantener la seguridad pública y combatir el crimen, ha instrumentado una política sumamente violenta que podría ser categorizada como de limpieza social.
La situación de represión de los movimientos de protesta y grupos marginados en Brasil es alarmante. Pero resulta aún más preocupante ver cómo muchas de las estrategias utilizadas en ese país están siendo replicadas en otros países. Veamos por ejemplo la embestida de los gobiernos de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Guatemala y Honduras.
En sociedades tan desiguales como las americanas, el derecho a la protesta resulta ser una herramienta imprescindible para la plena realización de los derechos humanos. Sin embargo, es uno de los derechos más vulnerados en la región, tanto por gobiernos de derecha como de izquierda. Brasil no es ajeno a esta tendencia que vulnera los cimientos de la democracia a la que, supuestamente, todos los países de la región aspiran de acuerdo con la Carta de la Organización de Estados Americanos.
En 2016, Río de Janeiro y Brasil entero lanzarán al mundo un mensaje de paz y armonía propio del movimiento olímpico. La gran paradoja está en que, para ello, el gobierno brasileño está dispuesto a silenciar y reprimir. Cuando la antorcha olímpica llegue a Brasil, avanzará sobre centenares de historias de abusos e impunidad.
