Margensur (2 de septiembre 2015)

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Alejandro Saldaña Rosas

Sociólogo. Investigador, profesor Universidad Veracruzana

Twitter: @alesal3

 

 

 

En voz alta

 

 

Los circuitos por los que transita la dominación social son múltiples y difícilmente identificables. La dominación social –ejercicio del poder por antonomasia- se viste de diversas racionalidades para construir su legitimidad institucional. Se domina a través de la represión directa (Peña, Duarte y Mancera son expertos en la materia), mediante el cohecho (soborno, “maiceo”, “chayote”), por la creación artificial del consenso vía articulación de voluntades amaestradas, o de forma sutil, a través de mecanismos de presión indirecta, muchas veces revestidos de exigencias burocráticas o administrativas.

            Así, la administración no sólo, ni fundamentalmente, es un conjunto de técnicas de gestión para eficientar recursos (escasos) sino una forma de ejercer la dominación social. Afirmo, entonces, que la administración es una forma racionalizada y legítima de ejercicio de la dominación. Pero el cariz legítimo no quita que la administración pueda ser injusta, arbitraria, absurda incluso.

            Es el caso que me ocupa. Es mi caso. Y no puedo más que dar una lectura política al asunto. Porque mis comentarios y posicionamientos públicos en torno a Veracruz y a la UV han sido críticos (y lo seguirán siendo) y la respuesta a ellos ha sido represiva en el orden “administrativo”: llevo tres meses sin cobrar lo que por derecho me corresponde. Pero antes de hablar de mi caso, uno entre tantos, es pertinente recordar que la comunidad de la UV ha sido (hemos sido) objeto de contantes violaciones a los mínimos derechos ciudadanos: nos secuestran, extorsionan, golpean y asesinan, mientras las autoridades se prodigan en contundentes pronunciamientos que conducen a nada.

            Hablo de mi caso, en voz alta.

            Me corresponde por derecho, consignado en actas institucionales, el nivel III del Programa de Estímulos a la Productividad Académica. Y hace tres meses que no me pagan. Los “argumentos” de orden reglamentario y/o administrativo caen por su propio peso: durante 3 años recibí puntualmente el pago de productividad y de pronto, súbitamente, se ha suspendido, sin que medie aviso, notificación o advertencia alguna. De pronto, me dejaron de pagar lo que por derecho me corresponde, sin avisarme. Es decir, la Universidad Veracruzana lleva 3 meses violentando mis derechos laborables.

            Argumentan que no he comprobado $13,825.97 de un viaje a París para asistir a una reunión académica. Pero es un viaje que no realicé, no por falta de ganas sino porque el recurso ($) estuvo disponible después del seminario. ¿Cómo voy a ir a un seminario que ya fue? ¿Cómo puedo justificar gastos de un viaje que no emprendí? Además, es un asunto ya aclarado desde hace varios años, tan fue aclarado que el pago de estímulos a la productividad se cumplió sin problema alguno.

            Más allá de los argumentos de índole administrativa, llama la atención que violan mis derechos laborales cuando mi voz es alta, cuando he tenido más presencia pública denunciando la represión en Veracruz, en Xalapa, en la UV; cuando he hablado en mítines en Xalapa y el DF, he publicado, marchado con mis amigos y amigas, he llorado junto a ellos, y he mentado madres a la par de todos. Llama la atención que violentan mis derechos laborables cuando piensan (eso creo) que estoy –estamos- más vulnerable. Se equivocan. Estamos más fuertes que antes.

            Seguiré hablando en voz alta. No tengo opción porque en el pleno ejercicio de mi libertad opto por exigir, antes que solicitar. En el pleno ejercicio de mi libertad, mis derechos los defiendo, no son concesiones otorgadas desde arriba. En el ejercicio de mis derechos, exijo a la rectora Sara Ladrón de Guevara que se respeten mis derechos laborables y se me paguen los adeudos que la universidad tiene conmigo.

            Ni me callo, ni me escondo. Hablo en voz alta.

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