Ante omisiones de la PGJEH llevarán a la CIDH caso de violación a menor en Club de Fútbol Pachuca
Gerardo Campos
Ante la omisión de las autoridades del estado de Hidalgo para impartir justicia en el caso de un menor de edad que fue violado por un entrenador de las fuerzas básicas del Club de Fútbol Pachuca, el día de ayer el abogado Julio Gálvez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Washington, D.C., una petición en contra del gobierno de México.
La petición para que el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) intervenga en el caso, se deriva de que han sido violados los derechos humanos del menor y de su familia al negarles el acceso a la justicia en Hidalgo.
La violación fue denunciada en el mes de noviembre de 2016 por la médico y madre del menor, de 6 años de edad, quien dio inicio a la carpeta de investigación número único de caso NUC-1246-124-2016 ante el ministerio público en Actopan.
El 15 de noviembre del pasado año, Carina Oropeza fue a recoger a su hijo a las instalaciones del Club de Fútbol Pachuca A.C., el cual manifestó dolor en sus genitales y presentó rastros de sangre en su ropa, por lo que lo llevaron a una revisión médica. Posteriormente fueron al Ministerio Público de Actopan, en donde de forma directa el niño señaló al profesor Salas Bustamante como el responsable de violaciones sistemáticas en los baños de la institución.
El entrenador fue detenido días después. Sin embargo, meses más tarde la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, a través del subprocurador de Procedimientos Penales de la Región Poniente, Ricardo César González Baños, informó que no se habían encontrado elementos para determinar violación, pero sí abuso sexual contra el menor de edad, por lo que el presunto violador fue puesto en libertad.
Ante esto, el abogado defensor del menor ha acusado a la PGJEH con la CIDH de evasivas, eliminación de pruebas y reorientación del delito. Asimismo, han causado daños irreparables al menor y lo han dejado en un estado de vulnerabilidad e indefensión ante la incapacidad de las autoridades mexicanas para impartir justicia y proteger los derechos del menor.
