Procesan a tres militares por asesinato extrajudicial en Colombia
Luz León
Tres militares del Ejército de Colombia fueron acusados de participar formalmente en el asesinato extrajudicial de tres jóvenes, en un caso más de los llamados "falsos positivos". Entre las víctimas había una persona de 16 años.
No obstante, la juez 47 con funciones de garantía en Bogotá, no estableció la medida de aseguramiento a los tres inculpados que son investigados por este tipo de casos en Soacha, Colombia.
La Fiscalía local señaló al soldado Mauricio Puniche Delgadillo, así como los mayores José Simón Baquero Ramos y Carlos Alberto Rodríguez de haber cometido los delitos de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas y desaparición forzada. Sin embargo, ellos negaron tales acusaciones.
Los asesinatos se registraron entre 2008 y 2009 en el municipio colombiano de Soacha, donde un grupo de hombres llegaron para ofrecer empleo a jóvenes en la ciudad de Ocaña con promesas engañosas de una mejoría laboral con pagos diarios y en efectivo.
"Días después de haber sido reclutados fueron llevados a Ocaña, donde posteriormente fueron ultimados en un paraje cercano para hacerlos pasar como muertos en combate, como si fueran guerrilleros", indicó la Fiscalía.
Asimismo, la dependencia explicó que "son unos 653 kilómetros de distancia entre Soacha y Ocaña y que estos sujetos adscritos al Ejército no tenían fundamento operacional o fundamento misional del Estado para quitarle la vida a estos muchachos, ni en modo, lugar, tiempo o en circunstancias del conflicto".
Los elementos castrenses procesados presuntamente formaron una organización criminal que despojaba de sus documentos a los jóvenes de dicho municipio, luego los entregaban a disposición de otros militares, quienes los asesinaban y les ponían armas en sus cuerpos a fin de reportarlos como "combates exitosos".
Por otra parte, la medida de aseguramiento contra los militares se dio tras el hecho de que los sujetos buscaron someterse a la ley 1820 de 2016, constituida en el marco del Proceso de Paz en el país sudamericano, para conseguir beneficios en el monto de la pena.
Al respecto, la Fiscalía apuntó que los hechos "no están enmarcados en el contexto de conflicto armado y que por el contrario se trató de homicidio contra personas inermes e indefensas que vivían lejos del lugar donde se registraba el enfrentamiento con grupos armados ilegales".
