El huerto (14-Agosto-2015)

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Por Víctor García Zapata

Director de la Fundación para la Democracia

@victorgzapata

Una nueva etapa de “juventud” en el Distrito Federal

El 12 de agosto se celebró el Día Mundial de la Juventud, establecido por las Naciones Unidas en 1999. En nuestro país, un evento relevante que se realizó en el marco de esa fecha fue la promulgación de la Ley de las Personas Jóvenes del Distrito Federal, con la que puede decirse que comienza la tercera etapa de políticas de y para los jóvenes en la Ciudad de México.

La adecuación de las instituciones del DF para atención de los jóvenes ha respondido lo mismo a evidentes crisis de vulnerabilidad que a una intensa y creativa participación política.

Sería difícil comprender el proceso, aun limitado, de transición democrática de nuestro país si no se toma en cuenta la participación innovadora de formas organizativas y de expresión cada vez más horizontales y creativas, que los jóvenes han impreso a los movimientos estudiantiles de 1968, 1986-87, y 1999-2000, a las campañas electorales fundamentalmente de 1988 y 1994, a la formación del Partido de la Revolución Democrática en 1989, de voto por Morena en 2015, (algunos análisis, como el de Pauta Política, señalan que 40% del voto de Morena fue emitido por jóvenes), al acompañamiento del movimiento zapatista y la coadyuvancia con el desarrollo de las comunidades autónomas indígenas de Chiapas de 1994 hasta la fecha, a las protestas altermundistas, hasta llegar al movimiento #Yosoy132 que no solo estuvo protagonizado por sectores de jóvenes que aportaron nuevos formatos y dispositivos para la acción contestaria.

Las respuestas gubernamentales a las expresiones de las y los jóvenes y a su emergencia como sujetos creativos ha estado marcada por altibajos y por la alternancia de distintos enfoques-guías de la acción pública hacia los jóvenes. Si bien han sido desiguales, en general distan mucho de corresponder a sus necesidades y de potencializar su capacidad creativa.

Entre 1997 y el año 2000 se avanzó en la conceptualización del joven como sujeto creador y para ello se abrió la Dirección de Programas para la Juventud, primera instancia en la ciudad encargada de generar políticas públicas para los jóvenes; se abrieron espacios como el FARO de Oriente, se potencializaron proyectos preexistentes como el Circo Volador; se aprobó la Ley de las y los Jóvenes que preveía desde entonces la creación del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; se abrieron el Zócalo y otras plazas públicas a conciertos y eventos masivos, bajo la administración de la propia jefatura de gobierno y, entre otras cosas, se promovió la intervención comunitaria de los jóvenes con programas como “Jóvenes por la Ciudad”.

En el periodo 2000-2006, si bien se abrió la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo que constituye un avance innegable en beneficio de la población juvenil, se registró un fuerte retroceso en cuanto a modelos de concebir al joven y los consecuentes programas y políticas. Se priorizó la visión del joven como potencial delincuente y como sujeto de atención asistencialista y con base en ello se diseñó y operó el Programa de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo, que constituyó el principal curso de acción en materia juvenil. Se dejaron de impulsar los FAROS y el Circo Volador, se incumplió la Ley de las y los Jóvenes al disminuir la estructura y la capacidad de cobertura del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, y se generó una red de apoyos a jóvenes de bajos recursos, operados por la figura paternalista de “tutores” que, en el mejor de los casos, han servido para paliar necesidades inmediatas de los jóvenes, sin tender a modificar su situación como sujeto social y, en muchos casos, son utilizadas como medio de control social o corporativo.

Posteriormente, en 2008, los trágicos efectos que la redada de la policía del Distrito Federal produjo el 12 de junio en el News Divine, volvieron a colocar las discusiones sobre política para los jóvenes en la ciudad en sitios importantes de la agenda pública, al grado de emitirse recomendaciones por parte de la CDHDF para garantizar la exigibilidad de derechos, abriendo la posibilidad de desencadenar una nueva y necesaria etapa de políticas para la juventud. De aquel proceso que pareció suspendido por varios años deviene la ley recientemente promulgada.

Los elementos centrales de esta ley parecen ser la instalación de un gabinete juvenil, que reúna a los principales funcionarios del GDF para atender cuestiones específicas de dicho sector, en la apertura de mecanismos directos de incidencia para la participación de las y los jóvenes en el diseño de políticas y en el establecimiento de mecanismos de exigibilidad de derechos que tendrán que ser reglamentados.

Habrá que estar atentos a su implementación y dispuestos tanto a la crítica como al reconocimiento de los eventuales avances. Lo que no puede dejar de señalarse es que la ley se pone en marcha en tiempos en que la juventud, como etapa y categoría que encuadra comportamiento y visiones de vida, está siendo fuertemente cuestionada y en algunos casos agredida. Los feminicidios, por ejemplo, encarnan una emergencia ineludible en tanto que cada uno de ellos demuestra modos de violencias y de relacionamiento opresivo remanentes y naturalizados en la convivencia diaria. Los desplazamientos de jóvenes y sus familias a la ciudad por la violencia en el resto del país, así como el aumento de jóvenes migrantes retornados de EUA, constituyen un reto de asistencia y de garantía de derechos a nuevos sujetos –víctimas de condiciones estructurales y coyunturales. Luego, ningún curso de acción tendiente a la democracia trasversal incluyente de las y los jóvenes puede obviar, por un lado, los riesgos evidenciados por los crímenes de Ayotzinapa y de la colonia Narvarte y, por otro, los comportamientos criminalizadores de la protesta, por la violencia física y por los mecanismos de inhibición en que han incurrido casi sistémicamente las fuerzas policiales de la Ciudad de México.

En otros sentidos, valdría la pena decir que la posibilidad de ejercer el derecho a la comunicación mediante la operación de radios alternativas y comunitarias, así como la aprobación de leyes que den carácter específico a los espacios culturales operados por jóvenes, han sido demandas largamente interpuestas y aún no conseguidas.

La verdadera inclusión, la justicia, la dignidad, y la igualdad, dependen de políticas de alcance estructural. Pero contar con leyes y reglamentos correctos, que no tutelen sino fortalezcan, y que reconozcan los contextos que los determinan, puede ser útil para el fortalecimiento de cada sector y de la democracia en su conjunto. Demos seguimiento a esta nueva fase de políticas de juventud en el Distrito Federal.

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