Hallaron 855 fosas en México en casi 10 años: CNDH

Hallaron 855 fosas en México en casi 10 años: CNDH

Hallaron 855 fosas en México en casi 10 años: CNDH

“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”

CNDH

Paola Atziri Paz

Del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, se registraron 855 fosas clandestinas en 18 entidades de México de donde se exhumaron mil 548 cadáveres, así lo señaló en su reporte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, presentado el día de ayer,  los estados con más fosas clandestinas son: Guerrero con 195; Nuevo León y Veracruz con 191 cada uno; Zacatecas, con 83; Coahuila, con 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17 y Sonora con 12.

Los datos proporcionados a la CNDH por Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz, señalaron la exhumación de 35,958 restos óseos y/o humanos.

En un periodo 10 años,  de 1995 a agosto de 2015, se registraron 57,861 personas reportadas como desaparecidas, señaló el informe de acuerdo a los oficios proporcionados por los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas a la comisión.

Durante la presentación del informe, el Primer Visitador del organismo, Ismael Eslava, aseveró: “Esta comisión ha venido realizando una revisión paulatina y aleatoria -aún no concluida- a la información relacionada con los 57 mil 861 registros de personas desaparecidas inicialmente proporcionada, obteniendo como resultado a diciembre de 2016 una base de datos de 32 mil 236 casos de personas desaparecidas en el país, de las cuales se tendrá que determinar cuántas han sido localizadas”.

Asimismo, Eslava afirmó que las autoridades de los estados de Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, hicieron caso omiso a las solicitudes de información del organismo nacional, mientras que los estados como Baja California, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y la Ciudad de México, “señalaron que no contaban con antecedente alguno relacionado con el hallazgo de fosas”.

Respecto a expedientes de desaparición forzada, Eslava dijo que a nivel federal se informó a la CNDH del inicio de 137 averiguaciones previas, entre enero de 2014 y diciembre de 2015, de las cuales 62 se cerraron por incompetencia. Igualmente, se declararon 12 no ejercicios de acción penal, en tanto que por información proporcionada al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se sabe que hay seis sentencias.

La CNDH tomó una muestra representativa de 100 investigaciones ministeriales e informó de irregularidades en las investigaciones al no realizarse indagatorias prontas, exhaustivas e imparciales. También señaló que se utiliza indistintamente los términos desaparecidos, extraviados, no localizados y ausentes, para referirse a las personas de quienes se desconoce su paradero.

Por ello, la Comisión emitió 102 recomendaciones dirigidas al secretario de Gobernación, al Congreso del Unión, la Cámara de Senadores, gobernadores de los estados y jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como al comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; a los titulares de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías y fiscalías generales de las entidades del país. Entre ellas destacó la pronta aprobación de la reforma al artículo 73 constitucional y del proyecto de iniciativa presentado por el Ejecutivo Federal que se discute en el Poder Legislativo, para emitir una Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

Cabe destacar que dicha ley debió ser aprobada en los primeros días de 2016, es decir hace más de un año según el plazo que pusieron los propios legisladores.

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