Cómo duele este país

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Aleida Calleja

Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia

www.observacom.org   /   @callejag   /   [email protected]

“Responsabilizamos a Duarte y a su gabinete de lo que nos pueda suceder”, esas fueron las palabras textuales de Nadia Vera, activista social, integrante del movimiento #YoSoy132 de Veracruz, en una entrevista que ocho meses atrás le hiciera Rompeviento TV. Igualmente, en este mismo medio, en el programa Periodistas de a Pie, Rubén Espinosa, fotoperiodista, corresponsal de la revista Proceso, de la agencia de fotografía Cuartoscuro y de AVC noticias, declaró la grave situación de inseguridad en la que viven tanto periodistas como activistas sociales en ese estado. Ambos se refugiaron en la Ciudad de México para salvar su vida e integridad física, pues ya habían tenido episodios de ataques a su vida personal y profesional. En el caso de Nadia, había recibido mensajes con amenazas y un allanamiento en su casa en Xalapa; y en el de Rubén, actores del gobierno estatal le tenían vetado el acceso a eventos oficiales e igualmente le habían manifestado que era una persona incómoda para el gobernador Javier Duarte.

Ese es el contexto bajo el cual se da su asesinato junto con otras tres mujeres en la colonia Narvarte en la Ciudad de México el pasado fin de semana, un multihomicidio que se hizo con saña: los cuerpos fueron encontrados atados, con signos de tortura, tiro de gracia y en el caso de las mujeres además fueron violadas.

Desde hace por lo menos cuatro años inició un desplazamiento forzado de periodistas de varias entidades hacia la capital del país para salvar su vida e integridad física, pues en sus estados los gobiernos son incapaces de brindarles seguridad alguna. La Subsecretaría de Gobierno del DF tiene registrados cerca de 60 casos de comunicadores de diversos estados que se han instalado en la ciudad para salvaguardarse. Esta estrategia había tenido cierto grado de efectividad hasta este atroz asesinato que deja la sensación de que ya no hay lugar seguro para escapar de la represión y de la muerte para las voces críticas.

Desde el mismo momento de la noticia, la indignación, el azoro y la demanda de justicia aparecieron entre el gremio periodístico y las organizaciones sociales. Sin embargo, el manejo informativo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha sido por demás errático y sólo ha abonado a generar mayor confusión sobre los hechos dando pie a estigmatizaciones y a descalificar a las víctimas, desviando la atención sustantiva de las investigaciones para dar con los responsables intelectuales y materiales de los homicidios.

Poner el acento en el robo, sugiere que los hechos no están relacionados con la libertad de expresión o con los feminicidios; ponerlo en la nacionalidad colombiana de una de las ejecutadas, sólo contribuye a incrementar los prejuicios en contra de la población de esa nacionalidad asentada en el país; en la posible ingesta de alcohol durante una reunión que duró varias horas, provoca sospechas de que no eran personas precisamente probas. Baste dar una revisada a la cobertura informativa del caso para cerciorarse de lo que afirmo. Este manejo de la PGJDF revictimiza a las personas ejecutadas, incrementa el sufrimiento de sus familiares y amigos, pero, sobre todo, diluye el posible móvil político del caso, la sistemática represión a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se ha incrementado de manera sustancial con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto; en el caso de los periodistas, hasta en un 80 por ciento, de acuerdo con el último informe de la organización Artículo 19.

Gracias a los testimonios de Nadia y Rubén en los programas de Rompeviento TV, hoy se pueden aportar relevantes elementos que apuntan al gobierno de Veracruz, la entidad más mortífera en el continente para ejercer el periodismo. Tan sólo en el periodo de Duarte se han dado 13 asesinatos de comunicadores, sin que el gobierno federal haya hecho prácticamente nada para fincarle algún tipo de responsabilidad ya sea por acción u omisión. Hasta el momento, y a pesar de las advertencias que hicieron ambos, la Procuraduría General de la República se ha desentendido para que el caso sea atraído por la Fiscalía Especial de Delitos en contra de la Libertad de Expresión.

Para colmo, la Procuradora Arely Gómez el mismo día en que en las redes sociales repudiaban los asesinatos, mandaba un tweet felicitando por su cumpleaños a la esposa del Presidente. Solo hasta que crecieron los reclamos a su persona mando un mensaje con escuetas condolencias, pero nada refirió a una atracción o a una acción contundente de justicia.

Hay muchos elementos para que la investigación que tienen que hacer tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como la Procuraduría General de la República apunte como móvil a la actividad periodística y de defensa de los derechos humanos por parte de las víctimas, incluyendo las declaraciones temerarias del gobernador de Veracruz, quien el pasado 1 de julio acusó que periodistas están vinculados con el crimen organizado y lanzó la advertencia de que deberían cuidarse y portarse bien. Para deslindarse de los crímenes, en estos días los calificó de aberrantes y se puso a “disposición” para las investigaciones, pero desde el lugar de gobernante.

Por menos de lo sucedido, en un país democrático un gobernante ya hubiera renunciado. Ante las acusaciones de las víctimas y en el contexto de los hechos, Duarte debe renunciar, es un imperativo para una investigación seria e independiente, para que el caso no quede en la impunidad como ha sucedido con el 99 por ciento de los asesinatos, desapariciones y ataques en contra de los informadores en el país.

Vivimos en un país miserable, no solamente por las recientes cifras que indican un aumento de la pobreza, que alcanza a más de la mitad de la población, sino también por las condiciones de inseguridad, corrupción, impunidad e injusticia que vivimos cotidianamente. En menos de un año nos hemos sobrecogido por Ayotzinapa, Tatlaya, Ostula con niños muertos por balas supuestamente provenientes de militares, por la desaparición de personas por el Ejército en Zacatecas; en fin, una larga lista que se nos estrella en la cara y que no tiene fin porque el común denominador de todos estos crímenes es la impunidad, la desigualdad estructural. Cómo duele este país.

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Comentarios2
  • eduardo perez

    SEAMOS DESCARADOS CON VIRREYES; NOS HA PUESTO LA MUESTRA CHAMKITA EN CHIH. EN TEMPLETE ANTE EL NARKOGOBER; GRACIAS A QUE ESTAMOS EN * UN PAIS DE LISIADOS MENTALES* UDS. SE COBIJAN EN LAS FALDAS DE LA IMPUNIDAD; AL PURO ESTILO SALINISTA!! Y EMPEORANDO DEPREDANDO LO QUE RESTA DEL PAIS GROULLER ( REPLETO DE FOSAS ) DE INVISIBLES PARA EL NARKOGBNO.,,,,HASTA CUANDO?,,,,TENGAMOS VOLUNTAD DE UNIR WUEVOS Y DETENER TSUNAMI DE IGNOMINIA!!!!

    Responder
    6 agosto, 2015
  • EDUARDO MENDOZA

    Aleida Calleja. LIBRE PENSADORA QUIEN PIENSA CON LIBERTAD, Y SIEMPRE SERA MUY INCOMODO PARA EL PODER DE LAS MAFIOCRACIAS, DIOS CUIDE TUS PASOS Y TU TRABAJO MUJER DE LIBRES PALABRAS

    Responder
    16 agosto, 2015

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