Exigen libertad de nueve mujeres indígenas detenidas por la PGR

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Exigen libertad de mujeres indígenas detenidas por la PGR

Ana Flores

Los familiares de las nueve mujeres indígenas detenidas hace unos meses por la Procuraduría General de la República (PGR) en el municipio de Los Cabos San Lucas, Baja California Sur, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación infantil, acudieron hoy al Congreso del Estado para exigir su liberación.

De igual modo, denunciaron que restauranteros del área pagaron para que las metieran a la cárcel, debido a que les disgustaba ver que ellas vendían en la zona turística. 

Las mujeres detenidas son Candelaria Silva López, Martha Medina Pérez, Eleazar Rodríguez Miranda, Rosario Tules Mancilla, Juana Pérez Tlapaya, Fredis Tules Mancilla, Anastasia López, Gabriela Morales y Natividad Mónica Rodríguez, quienes fueron detenidas en la marina de Cabo San Lucas, según informaron medios locales.

Hace más de 10 años que asistían a dicha zona, muchas personas las conocían y saben que no hacían algo ilegal. Las mujeres provienen de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, todos sus hijos nacieron en el municipio de Los Cabos.

Ángela Mancilla, madre de Rosario Tules y Fredis Tules, negó de manera rotunda que sus hijas y el resto de las indígenas estuvieran explotando a sus hijos, afirmó que lo único que hacían era ganarse la vida “como Dios les da a entender”. Señaló que vendían tamales, enchiladas, avena y algunas golosinas. También mencionó que no explotaban a los niños, que estaban con ellas porque no tenían con quién dejarlos, y aseveró que si hubieran tenido dónde trabajar no tendrían que haber estado ahí.

Además de la detención arbitraria, denunció que los primeros abogados que se hicieron cargo del delito no hicieron algo al respecto y a los familiares les quitaron cinco mil pesos por cada una de las mujeres indígenas.

Mancilla externó la desesperación que cada una de las mujeres siente mientras permanece en la cárcel. Aunado a ello, a una de ellas ya le sacaron las pertenencias de su casa, dado que no ha pagado la renta desde que fue detenida.

El pasado 15 de febrero, Camilo Torres Mejía, diputado local, señaló que las mujeres arrestadas a finales de 2015 no conocen las leyes locales ni el idioma y afirmó que hubo varias irregularidades en la detención de las nueve indígenas. 

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la XIV Legislatura del Congreso del Estado declaró: "No es justo que nueve mujeres indígenas fueran acusadas de trata de personas", ya que los niños ayudaban a sus madres a trabajar y no hicieron referencia a algún tipo de abuso. 

Con información de El Sudcaliforniano 

 

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