Camarógrafo, editor y documentalista
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El “sello” del sistema político mexicano
La tesis de Peña Nieto para obtener su título de Licenciado en Derecho, por parte de la Universidad Panamericana, cuenta con un 30 % de su contenido correspondiente a obras de varios autores, a los cuales no se les dio crédito alguno, lo cual lleva a calificar esto como un plagio. Poco después, Peña Nieto, así como algunos de sus funcionarios -entre ellos el Secretario de Educación-, minimizaron el hecho. Es escandaloso el asunto del plagio como la actitud de autoridades educativas y del mismo gobierno, empezando por el propio Peña Nieto.
Este suceso es una muestra más del sello del actual gobierno y, peor todavía, del mismo sistema político mexicano: complicidad y cinismo ante actos fraudulentos y de corrupción.
Se han servido con la cuchara grande, sin cuidar mínimas formas de apariencia; finalmente su grado de cinismo y colusión les ha permitido continuar operando y robando, lo cual ha hecho posible la existencia de la Casa Blanca, la de Malinalco, los millonarios contratos para los amigos, la designación de funcionarios para asegurar que las cosas sigan como si nada, etc. Aparte habría que enumerar la larga lista de hechos de violencia que, con signos claros de la mano del Estado, se viene sumando año tras año (Atenco, que liga directamente a Peña cuando era gobernador del Estado de México, Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, y años antes la Guadería ABC, por nombrar los casos más conocidos), que son violaciones de derechos humanos, acciones directas de las fuerzas de seguridad -incluido el Ejército y la Marina- llegando al asesinato.
Ante todo lo anterior, la sociedad civil no ha podido generar acciones que lleven a frenar esta dinámica, a enjuiciar a los responsables, a abrir procesos de justicia de miles y miles de familias que han visto desaparecer a familiares. Tampoco se ha podido concretar una instancia (o instancias) con calidad moral y facultades reales de incidencia en la investigación y fiscalización, en manos de la sociedad civil. Con la complicidad de los diferentes partidos -unos más que otros, dependiendo de la coyuntura y negociaciones bajo la mesa-, el PRI, o en su caso el Gobierno Federal, han podido mantener el sistema político, que, a costa de todo, sigue privilegiando los intereses de los grupos de poder político y económico. Y la sociedad civil, a veces manifestándose-marchando para levantar demandas, otras más quejándose a través de pequeños grupos u organizaciones e incluso en forma cibernética… pero de ahí no pasa y todo sigue igual.
Hace unos días quedó al descubierto una atrocidad más en Veracruz: la fosa clandestina más grande de México y me parece que del continente. Cientos y cientos de restos óseos humanos fueron descubiertos en el predio conocido como Colinas de Santa Fe, pero no por la acción de alguna instancia de gobierno, sino por una organización de la sociedad civil: Colectivo Solecito.
Un terreno que una y otra vez, durante un prolongado periodo de tiempo, fue usado para enterrar a decenas de víctimas -se supone- del crimen organizado, nunca fue ubicado por ninguna autoridad. El Colectivo Solecito, en su incesante trabajo de búsqueda de familiares desaparecidos, dio aviso hace meses a las autoridades sobre los indicios encontrados en ese terreno, pero las autoridades no movieron ni una pestaña. La existencia de esa fosa clandestina, y de muchas otras, no sería posible -me parece- sin la colusión de autoridades y de mandos policiacos y militares.
Esta cuestión de la fosa me llevó a recordar la pista clandestina que fue escenario de un enfrentamiento entre soldados y agentes de la Policía Judicial Federal, en el lugar denominado Llano la víbora, también en Veracruz, en noviembre de 1991. Los federales, que perseguían a una avioneta con droga, al aterrizar fueron recibidos por las balas de los soldados. La versión oficial nos dijo que se trató de una “confusión”. Como resultado se tuvo el escape de los narcos que tripulaban la avioneta con droga, 7 agentes muertos y un soldado herido.
Fernando Vázquez Chelius, que era subdelegado de la PGR en Veracruz durante el incidente entre soldados y agentes judiciales, estuvo preso durante 6 años por su vinculación y responsabilidad en ese enfrentamiento. Al poco tiempo de salir en libertad, acusó a Ignacio Morales Lechuga (ex Procurador General de la República en el gobierno de Salinas de Gortari) de ser parte de los narcotraficantes. Años después, Vázquez Chelius fue detenido con cocaína en el Puerto. También hay que señalar que en 1991 era parte del equipo cercano a Fidel Herrera Beltrán, en ese momento candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz.
Podemos encontrar más casos de “involucramiento” en sucesos que tienen que ver con el narcotráfico o grupos del crimen organizado, por parte de funcionarios, incluidos mandos de alguna institución policiaca, el Ejército o la Marina. Por alguna desavenencia o falta de comunicación entre los “involucrados”, nos llegamos a enterar de esta relación entre narcotraficantes y funcionarios, sin embargo, la mayoría de sus complicidades pasan desapercibidas para la ciudadanía, gracias a toda esa red de corrupción que es el sello del sistema político mexicano.
Con este sistema, es posible que se presenten situaciones indignantes y burdas, como el pretender ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, falseando datos y plagiando el ensayo con el cual se pretendía ganar. Con este sistema, es posible mantener un título de licenciatura, a pesar de tener el 30% de la tesis plagiado y minimizar el delito al grado de no considerar ningún castigo.
Con este sistema es posible la existencia de decenas de fosas clandestinas en muchos puntos del territorio nacional, con la complicidad de autoridades y funcionarios de todos los niveles.
Con este sistema político, es posible competir por la presidencia, ganar -con las mismas reglas y funcionamiento de las instituciones-, pretender cambiar las cosas, y que todo siga igual.
El camino al 2018 puede dar pistas de qué hacer, con quiénes y bajo qué premisas, para no darse por engañado. La ciudadanía tendrá que apostar más a sus fuerzas e iniciativas, para impulsar procesos de transparencia, anticorrupción y aplicación de justicia.
