Protestan indígenas contra presunta empresa responsable del asesinato de Berta Cáceres
Gerardo Campos
Cientos de indígenas se concentraron este miércoles frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Tegucigalpa, Honduras, para reclamar la impugnación de la licencia ambiental otorgada a una hidroeléctrica, presunta responsable de ordenar el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres hace un año.
A tan sólo un día de cumplirse un año del asesinato de Berta Cáceres, bajo el grito de "¡Berta vive, la lucha sigue!", unos 600 manifestantes, en su mayoría pertenecientes a seis pueblos indígenas, junto con organizaciones de obreros, campesinos, mujeres y defensores de derechos humanos se dieron cita para manifestarse en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Intibucá.
El coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Tomás Gómez, informó que la organización presentó un recurso ante el CSJ para impugnar la licencia concedida por el Ministerio del Ambiente a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) para una hidroeléctrica en el río Gualcarque.
"La licencia ambiental se concedió violando el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) porque no se hizo previamente una consulta libre e informada a los pueblos indígenas", explicó el coordinador de la COPINH. Tomás Gómez asumió la coordinación del COPINH tras el homicidio de Berta Cáceres la madrugada del 3 de marzo de 2016, en la comunidad occidental de La Esperanza.
La dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, explicó durante la manifestación que los participantes demandan "el castigo para los autores intelectuales" del asesinato de Cáceres.
"Pueden capturar a cien autores materiales, pero mientras no capturen a los autores intelectuales de la empresa y de los bancos que financian al proyecto, seguiremos protestando", advirtió Miranda. Ocho acusados del asesinato de la ambientalista están detenidos, entre ellos un empleado de DESA.
Cáceres mantenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que acusó a DESA de amenazarla de muerte por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en territorio indígena lenca.
Con información de: AFP
