Ley de Seguridad Interior, la amenaza también es interna

Ley de Seguridad Interior, la amenaza también es interna

Érika Paz

Asesora parlamentaria en temas de comunicación. Co-conductora del programa Jaque Al Rey

@paz_eri

 

 

 

 

Ley de Seguridad Interior, la amenaza también es interna

 

Como saben, el pasado jueves arrancó formalmente la discusión de cinco iniciativas[1] de Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, para ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas con el fin –oficialmente– de combatir el narcotráfico, pero sobre todo para realizar tareas de seguridad pública, un ámbito hasta ahora exclusivo de las policías municipales, estatales y federales.

Mientras el PRD presiona porque se postergue su discusión mientras no se legisle el Mando Mixto, la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro avaló favorablemente la propuesta de Manuel Espino (Movimiento Ciudadano) y la iniciativa de los priistas César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales (PRI).[2] La última plantea, entre otras cosas, el “Establecimiento de puestos de seguridad”, puestos de vigilancia, reconocimientos, etcétera, y “las demás que se consideren necesarias”, sin determinar un objetivo específico para tal efecto.

Las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) podrán ejercer el “uso legítimo de la fuerza para repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”, dando pie a posibles violaciones al derecho a la movilidad y al derecho a la protesta incluidas aquellas manifestaciones de resistencia pacífica. Facultad que también se expresa, en los mismos términos (diferente artículo), en la iniciativa del senador panista Roberto Gil Zuarth.[3]

El planteamiento de los priistas contempla la obligación de las “autoridades federales y los órganos autónomos” –INE, INAI, CNDH, IFT, etc.– de “proporcionar la información que les requieran las autoridades”, así como la obligación de destinar las “previsiones necesarias” anuales para la operación de las fuerzas armadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin importar si se presume la austeridad de un gobierno federal y se recorta el gasto social.[4]

No obstante los gravísimos agravios a los derechos humanos que representaría expandir las facultades del Ejército y mantenerlo permanentemente realizando funciones de seguridad pública –como ocurrió en Ostula, Michoacán–, las cúpulas de la derecha y la extrema derecha convocan a la Unidad Nacional, apelando al fortalecimiento de la mexicanidad, su cultura, tradiciones y folclor.

De esta manera, desvían la atención de temas de relevancia nacional como la seguridad interna y el papel que las fuerzas armadas han representado desde la llamada “Guerra contra el narco”. Nada más oportuno para evadir la responsabilidad de la actual administración que culpar a Donald Trump de problemas que provienen de la mala gestión y el desprecio del actual gobierno –así como los de los últimos 30 años– hacia la sociedad mexicana.

Una sociedad cuyas demandas y exigencias han sido interpretadas constantemente como “quejas” por las mismas personas que llamaron a la “unidad nacional” y que ahora como antes sigue siendo considerada como un peligro para la estabilidad social, una amenaza “no grave, grave o muy grave” para la gobernabilidad del país.

La dichosa unidad nacional promovida por sectores priistas, panistas y perredistas que ahora pretenden ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas, ignora o pretende invisibilizar la pluralidad de la población. De igual forma, abre la puerta para la eliminación de cualquier forma de resistencia y el silenciamiento de las voces contestatarias, exceptuando sus domesticadas expresiones.

Basta ver lo ocurrido este fin de semana con la convocatoria #Vibra México por parte de algunos sectores cupulares de oenegés de la derecha intelectual, de sectores conservadores y de algunos que dicen los movió su amor a México.

Una protesta “antipartidista, pacífica y respetuosa”, que exigió “vestir de blanco”, portar carteles “neutrales”, y cuyos convocantes reprocharon a la gran mayoría de la sociedad civil –la que protesta contra las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Armadas, contra los feminicidios, contra los gasolinazos, contra las reformas energética o educativa, contra las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, contra las sistemáticas violaciones a nuestros derechos civiles, políticos y sociales, etcétera– su ausencia, pero, sobre todo, su crítica fundamentada a esta convocatoria promovida por Televisa y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Nos queda muy claro que el enemigo externo es Trump, así como que el enemigo interno es la derecha en el poder. No obstante, la falta de claridad en torno a los intereses de algunos convocantes (que se dicen progresistas) sedujo a más de uno para apoyar esa convocatoria, encabezando así el más domesticado lema de amor a la patria.

[1] Presentadas por el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN),11 de noviembre de 2015; diputado Manuel Espino (MC), 13 de septiembre de 2016; senador Roberto Gil Zuarth (PAN), 20 de septiembre de 2016; César Camacho y Sofía Ochoa Tamayo (PRI), 27 de octubre de 2016. Cabe mencionar que las iniciativas presentadas por Ramos Hernández y Manuel Espino contemplan reformas, adiciones y derogaciones de la Ley de Seguridad Nacional en materia de Seguridad Interna, en tanto que el resto plantea la creación de una nueva ley en la materia.

[2] http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3441153_20161104_1478014676.pdf

[3] Misma que será discutida en el Senado.

[4] La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también deberá emitir su opinión sobre la iniciativa para después ser dictaminada por la Comisión de Gobernación presidida por la priísta Mercedes Guillén Vicente. Esta semana se espera un acuerdo entre PRD, PRI y PAN para legislar Mando Mixto policial y Ley de Seguridad Interna.

 

 

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1 Comment

  1. Alicia Sosa

    Me inquieta que no encuentro la medida legal para que paremos a éstos (diputados y senadores), ésta Ley que no tiene nada de seguridad, es una más de las reformas estructurales de epn., y ya sabemos que ni estructuran el estado, y si desestructuran a la sociedad, la economía, la educación, lo energético, lo fiscal, etc.
    Será que siguen el guión marcado por quién o quienes? queda claro que el FMI las exigió, apoyado por los análisis de la OCDE y por supuesto el BM, pero no olvidemos que hay otros mucho más arriba, que esos, si que tienen el interés de mantener el poder. dominar.
    Qué hacer? cómo hacerlo? para qué hacerlo?

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