Especialista en violencia y delincuencia
La Ley de Seguridad Interior y la autonomía relativa de las Fuerzas Armadas
Desde mediados de la década de 1980, el crimen se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de la población. En la década anterior la criminalidad derivó en un problema central, en especial con la eclosión del homicidio doloso desde el 2008 y el incremento sustantivo de delitos como el secuestro y la extorsión. Frente a esta situación el Gobierno Federal ha recurrido, entre otras medidas, al despliegue de las Fuerzas Armadas (FA) en tareas de seguridad; lo cual no ha tenido el efecto deseado y ha puesto en evidencia una crisis en materia de derechos humanos (DH) que se manifiesta en miles de víctimas y que ha llevado a recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales.
Las crisis en materia de seguridad y derechos humanos se concatenan en el debate actual en torno a la Iniciativa de Ley de Seguridad Interior y forman parte del creciente deterioro y transformación de las instituciones de seguridad pública que ha llevado a una autonomía relativa de las FA frente al poder civil. Me dedicaré a mostrarlo.
Las iniciativas de ley a discutirse[2], en especial las del PRI y el PAN, norman lo que de facto ha venido ocurriendo en las dos últimas décadas[3]. Con ello se daría legalidad a intervenciones que hoy día no tienen el asidero jurídico suficiente o, en su defecto, son ilegales, o lo que en otras palabras se expresaría como iniciativas ad hoc a las FA. Esta regulación a modo sólo se puede entender si se observan sincrónicamente los eventos que han cimentado las relaciones cívico- militares en los últimos 80 años.
Salvo el intento de rebelión del general Saturnino Cedillo en 1938, se puede afirmar que hasta la década de 1990 el poder de las FA estuvo supeditado al poder civil en el México posrevolucionario. A nivel nacional, las actividades de las FA se circunscribieron a programas de protección de la población, como el DN-III, y a la persecución de la oposición política, tanto en su forma civil como a las organizaciones político-militares; sin embargo, este esquema empezó a ser mellado bajo el precepto de la guerra contra las drogas.
Desde la fundación de la PGR en 1947, esta dependencia es la facultada para el combate a las drogas. Amparada en la normativa jurídica, la PGR solicitó en diversas ocasiones durante el siglo pasado la participación de la SEDENA como “coadyuvante” en sus funciones, en especial en la erradicación de cultivos ilícitos. No obstante, y factualmente superando el carácter de “coadyuvante”, el primer gran despliegue masivo de las FA (más de 10,000 hombres) en tareas netamente antidrogas se ubica en 1977 con la Operación Cóndor, en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Ya en la década de 1980 el problema de la criminalidad y sus manifestaciones como delincuencia organizada empieza a cobrar cada vez más relevancia. En el Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid se menciona, por primera vez, a la seguridad como un tema de capital importancia, mientras que para el siguiente sexenio Carlos Salinas de Gortari define al narcotráfico como la principal amenaza a la seguridad nacional[4], lo que llevó a la PGR a intensificar la erradicación e interdicción de drogas y a la creación del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) en 1992; el grupo de coordinación ejecutiva del INCD incluía a representantes de las FA; “ésta fue la primera vez que el gobierno mexicano había incluido directamente a las fuerzas armadas en entidades antidrogas con capacidad de tomar decisiones”.[5]
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se acentuó aún más la participación de militares tanto en operativos como en órganos de decisión. En los últimos años de su administración se creó la Policía Federal Preventiva; de su primer contingente de cerca de 8,000 efectivos, 4,510 eran militares en comodato y 300 provenían de la Secretaría de Marina. Por otro lado, al terminar su sexenio, “casi la mitad de la Policía Judicial Federal [era] personal activo del Ejército Mexicano”.[6]
Ya con Vicente Fox se pasa de la participación de militares en operativos y órganos intermedios de decisión a las más altas esferas puesto que nombra como Procurador al general Rafael Macedo de la Concha. Paralelamente, Vicente Fox implementó toda una política de operativos de intervención federal en los municipios y los estados con fuertes problemas de inseguridad. En un primer momento, éstos fueron llevados a cabo por la Policía Federal Preventiva; sin embargo, a partir de 2005, con la instrumentación del Operativo México Seguro, las FA se convirtieron en el principal actor del Gobierno Federal en materia de operativos de intervención en el combate a la delincuencia con especial énfasis en el tráfico de drogas. Ello implicó no sólo su participación fáctica en los operativos, sino que ésta se amplió a la toma de decisiones, que por ley no están facultados para tomar, y, en algunos casos, a la hipotética reorganización de las policías locales bajo un esquema castrense o lo que se ha dado en llamar militarización organizativa de la seguridad pública.
En el caso del sexenio de Felipe Calderón y la actual administración, existe copiosa evidencia del creciente poder de las FA en la seguridad en los últimos 10 años, lo que ha hecho parecer a los órganos formalmente facultados en la lucha antidrogas como “coadyuvantes” de las FA cuando debería ser al revés. El problema con ello, y como se ha repetido en un sinnúmero de artículos, foros, conversatorios y un largo etcétera, es que los militares no están ni entrenados ni habilitados para su intervención en la vida civil, lo que ha contribuido a la crisis en DH que se cosifica en el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura, entre sus elementos más visibles.
El calado de la crisis ha superado toda predicción. Desde la inefable ejecución de criminales en Tlatlaya a manos de miembros del Ejército a la otrora increíble disculpa por parte del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por la tortura videograbada de una mujer por parte de dos militares y un policía federal, es evidente ya que la participación de las FA tiene que ser regulada siempre y cuando ésta se apegue a un irrestricto respeto a los derechos humanos. Con respecto a la regulación, el mismo titular de la SEDENA ha insistido en ella; sin embargo, y en un tono de coerción, ha sostenido que ya los soldados se la piensan dos veces para continuar sus labores en seguridad, ante el riesgo de ser procesados por violaciones a los derechos humanos, y que les sale más barato ser procesados por desobediencia que por derechos humanos. Lo anterior muestra el poder acumulado por el Ejército o su autonomía relativa, pues sus declaraciones se enmarcan en un contexto donde se sabe de antemano que su presencia es imprescindible en aquellas regiones con altos niveles de criminalidad y con deficientes instituciones de seguridad pública, y desvelan la capacidad de presión sobre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión para obtener una ley en la que sea más barato violar derechos humanos que ser procesado por desobediencia.
Bibliografía:
García Luna, Genaro, ¿Por qué 1661 corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en México, [Sin editorial], México, 2006.
Meyer, Maureen, En la encrucijada. Tráfico de drogas, violencia y el Estado mexicano, WOLA, Estados Unidos, 2007.
[2] No ahondo en las particularidades jurídicas de las distintas iniciativas a discutirse, puesto que ya se han publicado diversas posiciones sobre el tema. Para un mayor seguimiento se pueden ver los artículos de Catalina Pérez Correa, José Antonio Guevara y Othón Partido, entre otros.
[3] Salvo algunas especificidades en materia de supuestos de intervención, locación geográfica y temporalidad de las intervenciones.
[4] En tesitura con la declaración de guerra contra las drogas de Ronald Reagan de 1986.
[5] Meyer, Maureen, En la encrucijada. Tráfico de drogas, violencia y el Estado mexicano, WOLA, Estados Unidos, 2007 p. 5. Cursivas mías.
[6] García Luna, Genaro, ¿Porqué 1661 corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en México, [Sin editorial], México, 2006, p.53.
Manuel Arriaga
1.- Felicito al COLMEX por su análisis expuesto a la altura de dolor de los mexicanos.
2.- A mí entender éste problema del narco mexicano a sido inoculador por los gobiernos de México y EEUU. Única forma de mantener un sistema favorable a los dueños del dinero, de contener un cambio hacia la izquierda y una influencia comercial pro Latinoamérica del hermano mayor.