Denuncian indígenas tarahumaras abusos y despojo
Representantes y organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades rarámuris y ódamis presentaron el informe “Derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara”, en el cual detallan los abusos y despojos a la que se enfrentan los territorios de estos pueblos originarios, así como, la violencia que enfrentan los defensores indígenas de esta zona.
La presentación corrió a cargo de Luis Pérez Enríquez, representante indígena rarámuri, durante el coloquio “Análisis de sentencias paradigmáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los Derechos Indígenas”, ayer por la tarde.
Acompañado por Horacio Laguna Cerdas, representante de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, y María Magdalena Gómez Rivera, abogada especialista en derechos indígenas, Pérez Enríquez, denunció que “el Estado ha legalizado el despojo” y esto ha ocasionado una división en las familias y comunidades indígenas debido a que “líderes por la defensa de su territorio han sido asesinados, en el caso de Coloradas de la Virgen y perseguidos, en el caso de Choréachi”.
A causa de la creación de megaproyectos energéticos y turísticos, el Estado ha despojado y explotado las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas originarios de las tierras Tarahumaras en el estado de Chihuahua.
“La raíz del problema es la conspiración histórica entre inversionistas y autoridades del gobierno federal para ceder títulos de terrenos nacionales a particulares, cuando estas mismas tierras han estado posesionadas por indígenas desde tiempos inmemoriales”, señala el informe.
El reporte aporta cifras que permiten dar cuenta de la extrema pobreza que sufren los pueblos y comunidades de esa zona del país. El 90.6 por ciento de la población no cuenta con servicios de salud; 78.9 por ciento no tiene agua potable; 96.6 por ciento carece de drenaje; 91.6 por ciento no cuenta con energía eléctrica; 80.5 por ciento de las viviendas tienen pisos de tierra; más del 50 por ciento de la población no sabe leer ni escribir y el 24 por ciento es monolingüe.
Así mismo, el informe expone la problemática del narcotráfico y su incremento en la Sierra Tarahumara, primero con el cultivo y trasiego de mariguana por parte de grupos del crimen organizado y en el último año el cultivo de amapola.
La presentación del informe forma parte de las actividades en la tercera edición de la “Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara”, que arribó el pasado lunes a la capital del país, con la finalidad de buscar el reconocimiento jurídico de sus tierras ancestrales y denunciar el despojo de sus tierritorios en esta región de Chihuahua.
Durante su estancia en esta ciudad, del 5 al 8 de diciembre, se reunirán con autoridades federales y darán a conocer en diversos foros el informe "Derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara", en el cual detallan los abusos y despojo a la que enfrentan sus territorios.
Además de encontrarse con senadores y magistrados de la Suprema Corte de Justicia , también se reunirán con Jan Jareb, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos.
Desde el 2014, la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara integra a ocho comunidades indígenas serranas: Bacajípare, Bosques de San Elías Repechique, Coloradas de la Virgen, Choréachi (Pino Gordo), El Mochomo, Huitosachi, Mala Noche y Mogótavo.
