El cártel de Veracruz (Margensur)

Alejandro Saldaña Rosas

Sociólogo. Profesor Investigador de la Universidad Veracruzana

Twitter: @alesal3 / Facebook: Compa Saldaña

El cártel de Veracruz

Uno de los principales operadores del cártel de Veracruz se ha dado a la fuga: Javier Duarte es prófugo de la justicia, acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal, desvío de recursos y lavado de dinero, cuando menos. Lo cierto es que el montaje de la fuga ha salido bastante mal puesto que resulta evidente que entre el veracruzano y el gobierno federal hay un pacto, no un real esfuerzo por impartir justicia. El costo político de mantener a Duarte en el gobierno del estado se elevó tanto que Peña optó mejor por obligarlo a dejar el cargo. La licencia solicitada y otorgada es la concreción del pacto mafioso entre Duarte, el congreso veracruzano y el gobierno federal.

            Dice la PGR que solicitará a la Interpol la emisión de la ficha roja para que el exgobernador sea buscado en 190 países y, a la postre, aprehendido. Búsqueda que parece inútil puesto que es inverosímil que el gobierno mexicano con todas sus estructuras de seguridad e inteligencia (CISEN, PGR, C4, Ejército, Marina, etc.) no conozca la ubicación precisa de Duarte. Por eso, cada día, cada minuto que Javier Duarte permanece en libertad es la evidencia palmaria del arreglo de mutua conveniencia establecido con Peña Nieto, Osorio Chong, el Ejército, la Marina, en una palabra, con la clase política en su conjunto y con no pocos empresarios involucrados en negocios ilegales en Veracruz.

            Sin negar el peso de Duarte de Ochoa en la estructura del cártel de Veracruz, no es el único y quizás tampoco el capo mayor. Fidel Herrera Beltrán, el flamante cónsul de México en Barcelona, es figura señera en esta organización. Y si Fidel ocupa ese cargo es porque Peña Nieto lo colocó allí, a pesar de las evidencias de sus nexos con narcotraficantes y lavadores de dinero, como Pancho Colorado (actualmente encarcelado en los Estados Unidos), contratista de Pemex y operador financiero de los Zetas. Durante la campaña electoral de 2012, Peña fue beneficiado por Duarte con al menos 2,500 millones de pesos que ilegalmente fueron desviados de Veracruz hacia la candidatura del mexiquense. Recordemos que en 2012 en el aeropuerto de Toluca fueron decomisados 25 millones de pesos que transportaban en maletas dos colaboradores del entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Vicente Benítez González. Como podemos observar, la trama de negocios del cártel de Veracruz es intrincada, densa y por mucho rebasa los límites del estado: llega hasta Los Pinos, de ahí el evidente encubrimiento de Javier Duarte.

            Los economistas denominan cártel a una asociación de empresas para defender sus intereses. Eso es lo que hay en Veracruz (y en todo el país). El primer y último interés de las empresas del cártel es hacer dinero, por vía legal, ilegal o una combinación de negocios lícitos con otros turbios, como sucede en el caso veracruzano. En esta perspectiva, las demandas judiciales contra Duarte son apenas la punta de la madeja de las operaciones del amplio y extendido cártel de Veracruz. Cártel con cientos, miles de integrantes: diputados locales, diputados federales, senadores, presidentes municipales, “periodistas”, contadores, sicarios, halcones, jefes de plaza, empresarios, jueces, taxistas, ministerios públicos, policías, médicos, agentes de inmigración, petroleros, fiscales, secuestradores, líderes populares, oficiales y tropa del Ejército y la Marina, dirigentes sindicales, extorsionadores, inversionistas nacionales y extranjeros, sacerdotes, etc. Y muchas veces sus familiares también pertenecen al cártel, como la esposa de Duarte, Karime Macías, o sus hermanos, cuñados, etc.

            El funcionamiento del cártel de Veracruz ha sido devastador para el estado por la imbricación de las operaciones y el encadenamiento de sus consecuencias. El desvío y saqueo de las finanzas públicas ha provocado que los recursos destinados a detonar la economía de las diferentes regiones de Veracruz no haya sido aplicado con atingencia en el campo, la pesca, la ganadería, el turismo, la industria; tampoco los hospitales y clínicas han sido dotados con medicamentos ni con personal suficiente; la obra pública (que genera miles de empleos directos e indirectos) ha sido mínima y profundamente lesionada por la corrupción (precios inflados, compra de materiales innecesarios, simulación de licitaciones, etc.); las escuelas se encuentran en una situación de precariedad que raya en la indigencia. No hablamos de números pequeños, sino de inmensas cantidades de dinero. Tan solo en el año 2015 se estima que el desfalco financiero a la entidad asciende a más de 14 mil millones de pesos, recursos que en vez de llegar a los programas de desarrollo social, inversión e infraestructura quedaron en poder del cártel de Veracruz: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/dano-patrimonial-en-veracruz-alcanza-los-14-mil-mdp-diputado-local.html

            En pocas palabras: la corrupta administración de Duarte de Ochoa se ha traducido en pobreza y marginación para Veracruz. Pobreza y marginación que a su vez facilitan la degradación ambiental y la cooptación de jóvenes, e incluso niños, por las bandas delincuenciales que azotan la entidad.

            Prácticamente toda la sociedad veracruzana ha sido afectada por el cártel de Veracruz. Campesinos e indígenas son empujados a la tala clandestina, el abandono o la renta de sus parcelas para el fracking o los proyectos hidroeléctricos, o la usan para la siembra de mariguana. Pescadores que son obligados a utilizar sus embarcaciones, sus casas y sus terrenos para el trasiego de drogas o de personas. Empresarios que son exigidos a pagar derecho de piso a un cártel, o a dos, además de las “mordidas” exigidas en los ayuntamientos para realizar cualquier trámite o permiso. Profesionistas víctimas de extorsiones y secuestros. Una economía paralizada que desincentiva inversiones, constriñe el mercado interno, impide o limita la creación de empleos. Una economía que genera pobreza y promueve las actividades delictivas.

            Por si no fuera suficiente, la estructura ramificada del cártel de Veracruz permite que los recursos del gobierno federal para educación, salud, infraestructura, seguridad pública, etc., terminen en manos de la delincuencia organizada. El doctor Mireles lo describió perfectamente bien para Michoacán, y aplica para Veracruz: el dinero del ramo 33 llega a manos del crimen organizado porque funcionarios de todos niveles (presidentes municipales, por ejemplo) son parte de los mismos cárteles.

            En su enloquecido afán de lucro, el cártel de Veracruz, como cualquier otra organización criminal, genera muerte, destrucción, dolor. De esta forma, los miles de asesinatos, los feminicidios y los miles de desaparecidos están vinculados con el desfalco financiero de la entidad. No son delitos inconexos, por el contrario, se trata de dos ominosas facetas en la operación del cártel de Veracruz. Si toda la estructura del gobierno del estado, particularmente la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, está penetrada por la delincuencia e inclusive al servicio de ésta, es imposible vivir en un estado de derecho. Y sin estado de derecho no hay justicia. Señalo algo que en Veracruz todo mundo sabe: la policía estatal y la fuerza civil son de las principales responsables en la desaparición de miles de personas.

            Desapariciones, feminicidios y asesinatos forman parte de lo que he llamado la producción institucional del miedo. Con una población arrinconada por el miedo, la pobreza, la desesperanza y la falta de oportunidades, el cártel de Veracruz ha operado desde hace años con total impunidad. Si la sociedad está desorganizada, desmovilizada y atemorizada, la devastación de los recursos naturales (especialmente el agua) se facilita; asimismo, el tráfico de personas (migrantes, por ejemplo, pero no solo), la trata de blancas, la ordeña de ductos de Pemex, el secuestro o la extorsión encuentran condiciones muy favorables para prosperar: los negocios ilícitos y los legales del cártel de Veracruz son los únicos que han prosperado durante los sexenios de Fidel y de Javier, cuando menos.

            Mientras el gobierno federal simula la búsqueda de Duarte, la estructura criminal del cártel veracruzano está intacta y opera con toda normalidad, si bien seguramente habrá un reacomodo de mandos. La única posibilidad de desmantelar esta estructura radica en la ciudadanía organizada, toda vez que, como hemos visto, el mismo gobierno federal ha sido beneficiado por las actividades del cártel. Tarea muy compleja, sin duda, pero que debemos iniciar de inmediato, que de hecho ya iniciamos.

            Una medida urgente es hacer un llamado a organismos internacionales para que intervengan en Veracruz: a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que desplieguen sus recursos jurídicos y políticos en Veracruz. Y desde luego, la organización de la ciudadanía es absolutamente central para poner coto a los privilegios y la impunidad de los integrantes políticos del cártel de Veracruz. Cártel que goza de cabal salud gracias a la protección y auspicio del gobierno de Peña Nieto, del poder legislativo y del poder judicial.