Érika Paz
Asesora parlamentaria en temas de comunicación. Co-conductora del programa Jaque Al Rey
@paz_eri
Los derechos de las mujeres, ¿prioridad institucional?
Por Érika Paz
En los últimos años la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres ha sido la consigna de izquierdas y de derechas e institucionalmente se nos informa que es una prioridad de gobierno. No obstante, la prensa sigue reportando feminicidios y casos de violencia extrema contra las mujeres.
Si la lucha contra la violencia hacia las mujeres fuera una prioridad institucional, como afirman funcionarios y partidos políticos, observaríamos resultados favorables, mas no verborrea acompañada de burocracia.
Para muestra un botón, el pasado jueves se votó una iniciativa de reformas a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de visualizar, prevenir, contrarrestar y sancionar la violencia contra las mujeres indígenas.
Dicha iniciativa fue presentada el 28 de noviembre de 2013. Luego de un año fue aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores; turnada a la Cámara de Diputados en diciembre de 2014. Casi dos años después fue dictaminada favorablemente con diversas modificaciones, por lo que fue enviada nuevamente a la Cámara de Senadores para su aval.
Es decir, ¡han pasado tres años! –más el tiempo que acumule– para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (y aquí alguna pensará ‘y para que se ponga en práctica mmmmm’). Además de dejar en claro que iniciativas como esta no son prioridad –como sí lo fueron las llamadas reformas estructurales aprobadas fast track–, revela la resistencia al cambio de las estructuras patriarcales en las que trasciende la doble discriminación de la que son víctimas las mujeres indígenas.
En los días pasados varios medios publicaron la historia de un hombre de 55 años de edad que abusó sexualmente de una niña de ocho años y recibió como “sanción” el pago de dos cartones de cerveza al padre de la niña. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Santiago Quetzalapa, perteneciente a San Pedro Sochiapan, uno de los 418 municipios de Oaxaca regidos por “usos y costumbres”.
Santiago Quetzalapa es una de las muchas comunidades regidas por esta forma de organización política, en las que se registran casos de niñas “entregadas” en matrimonio al mejor postor y, otros, en los que el delito de violación sexual no amerita sanción si el agresor accede a casarse con la mujer o niña abusada.
Peor aun es que la mayoría de los agresores de mujeres –no sólo de comunidades indígenas– son conocidos o integrantes de la familia. A pesar de lo atractivo que puedan parecer los discursos edulcorados sobre los “usos y costumbres” de los pueblos, conviene no perder de vista que esas formas de organización no pueden ser reivindicadas cuando se violan los derechos humanos de las mujeres.
Por otra parte, los discursos que defienden la idílica formación de la familia como la mejor forma de organización social encubren que es en ese espacio donde las mujeres habitualmente son colocadas en situación de subordinación. La familia como institución es el ámbito en el que nos construimos como seres sociales por lo que los conflictos son inmanentes a la misma. En ese proceso de socialización en el que confluyen emociones, relaciones afectivas, así como relaciones de poder y dependencia, las mujeres también pueden resultar dañadas en su integridad personal.
Debemos tener presente que la familia como institución y el sistema de usos y costumbres esconden diferentes formas de sujeción y modalidades de violencias contra las mujeres, las cuales son invisibilizadas apelando a las relaciones personales o a la identidad comunitaria originaria.
Los derechos de las mujeres no se han obtenido a través de la reivindicación de lo personal, donde usualmente se palpan estereotipos y relaciones de dominación cuyas consecuencias se han reflejado en la perpetuidad de la violencia contra las mujeres.
Históricamente, los derechos de las mujeres han sido conseguidos a partir de la reivindicación de lo personal o privado como público. El lema de feministas de la década de 1960 “Lo personal es político” nos ha dado a generaciones más jóvenes de mujeres las herramientas para identificar y denunciar la violencia doméstica. Para que, a propósito del Día Internacional de la Niña (el 11 de octubre), visibilicemos la sistemática violación a los derechos humanos de la población femenina. Para que, a propósito del 63 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México (17 de octubre de 1953), recordemos que aún no logramos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Bajo este contexto, la defensa, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres se torna en una lucha constante si nuestro objetivo –como pregonan las izquierdas y las derechas– es extender los derechos y privilegios de la ciudadanía, la cual comprende a hombres y mujeres por igual. De no ser así, si iniciativas como la antes mencionada, o la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diferentes localidades y entidades tienen que esperar años, es un hecho que para el Estado, para los gobiernos en sus tres órdenes, no es una prioridad la violencia contra las mujeres.
Está en nuestra manos, desde nuestras trincheras defender nuestros derechos, así como garantizarlos para las mujeres de generaciones venideras.
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